MÉXICO.- Informes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que en México, la cifra de asesinatos creció en la primera mitad del año un 15.4%, lo que significó un 40% de aumento en los últimos dos años, remitiendo a los momentos más aciagos de la espiral violenta que azota al país desde hace casi una década.

A modo de comparación, entre enero y junio del año pasado se registraron 8.156 casos, mientras que en el mismo periodo de este año suman 9.413. Sólo el mes pasado, la cifra sobre homicidios dolosos (intencionales) registradas por las fiscalías de los 31 estados del país (1.666) es la tercera mensual más alta en lo que va de la gestión del presidente Enrique Peña, iniciada en diciembre de 2012.

De acuerdo con el especialista en seguridad, Alejandro Hope, es indudable que el país vive una escalada de violencia homicida, toda vez que el total de víctimas en el mes de junio fue de 1.828, es la segundo más alto del que se lleva conteo desde enero del 2014. El punto más bajo, registrado en julio de 2014, fue de 1.300 víctimas.

Si bien no se puede saber con precisión el porqué del crecimiento de estas cifras, uno de los factores tendría que ver con la «la fragmentación de los grupos criminales se ha venido acelerando» pues aunque ha habido un «éxito notable en el descabezamiento de algunas de las bandas, eso ha generado la emergencia de otras pequeñas».

Lo cierto es que estas cifras, reflejan un fracaso del Estado mexicano en el combate a la inseguridad porque no se ha logrado transformar las instituciones de seguridad para que empiecen a proveer orden en las distintas regiones del país.

Recordemos que los estados más golpeados por el flagelo de la violencia son Colima, que vio aumentar la cifra de homicidios en 71%, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Guanajuato y Guerrero.

En casi 10 años desde que inició la controvertida estrategia anticrimen del gobierno con la inclusión de las Fuerzas Armadas se han registrado más de 151.000 muertos, 26.000 desaparecidos y unos 280.000 desplazados, según cifras oficiales.

La incorporación de los militares ha sido duramente cuestionada por organizaciones civiles que reclaman su «retorno a los cuarteles» por haber sido fuente diversas violaciones a los derechos humanos y por no estar capacitados para lidiar con temas de seguridad pública.

jcrh