MÉXICO.- Informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), indican que de 2002 a 2013, en el país, se recibieron  mil 365 quejas por agresiones, abuso y acoso sexual en los planteles escolares. Sorprendentemente, de este total en 26% de los casos no se inició ninguna investigación.

Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, son entidades que cuentan con programas de prevención de violencia sexual contra menores de edad. Sin embargo, no siempre están dirigidos a todos las personas que deben estar informados, como lo son los padres y todo el personal que labora en la escuela y no sólo los maestros.

Hasta 2012, el número de quejas no superó los 25 casos, pero en 2013 aumentó a 51 y en 2014 se registraron 31. Sobre estas quejas, la CNDH emitió 18 recomendaciones, de las cuales 14 fueron dirigidas a la Secretaría de Educación Pública, una al gobierno de Oaxaca, Michoacán, Zacatecas y a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En las recomendaciones se comprobó que 129 niñas y niños sufrieron violencia sexual mientras cursaban educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y educación especial.

La CNDH preguntó a las secretarías de Educación de los estados información sobre las quejas recibidas sobre abuso sexual en las escuelas y la Ciudad de México tuvo el mayor registro, con 546 entre 2000 y 2013. Le sigue Veracruz con 190 y el estado de México con 156; Jalisco 139 y Guanajuato 124.

En tanto, desde 2014, la CNDH señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) carecía de una normativa que estableciera los criterios mínimos para que las entidades realizaran sus lineamientos de atención y prevención de abuso sexual. Sin embargo, en los últimos dos años no se ha publicado nada al respecto en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con la Recomendación sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de niñas y niños en centros educativos, emitida por la CNDH en 2014, el organismo reportó que de enero del año 2000 a 2014 recibió 190 quejas al respecto.

En las investigaciones de la CNDH, comprobó que 28 los agresores eran servidores públicos y laboraban en las escuelas como profesores, prefectos, personal de intendencia y empleados administrativos.

Sólo en dos de las 18 recomendaciones hubo una actuación oportuna por parte de la autoridad escolar después de la denuncia, mientras que en los casos restantes, las fallas atentaron contra las víctimas: las escuelas y autoridades permitieron que el agresor continuara frente a un grupo, no sancionaron al agresor, ni actuaron para evitar que las agresiones continuaran repitiéndose.

El organismo concluyó que la violencia sexual en centros escolares conlleva “diversas omisiones por parte de las autoridades escolares”, como la falta de una política de prevención e identificación, desconocimiento o negligencia por parte de las autoridades escolares respecto al procedimiento que se debe seguir cuando se ha detectado un caso de violencia sexual, inadecuada atención a las víctimas.