CDMX, México.-  En México, los casos de personas desaparecidas, tienen en los Ministerios Públicos locales y federales a sus peores enemigos, toda vez que no investigan de manera pronta, exhaustiva e imparcial los eventos que se les presentan.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 100 casos investigados entre el 2009 y el 2015, estos servidores públicos, «omitieron» darle intervención a la policía y a los servicios periciales, realizar inspecciones ministeriales, obtener comparecencias de los testigos presenciales y de cualquier otra persona que pudiere aportar algún dato relevante para la investigación.

En sólo 39 de los 100 expedientes que analizó la CNDH, el Ministerio Público correspondiente, recabó información básica de la víctima. En 29 casos no solicitó dichos datos, mientras que en 32 de ellos lo hizo incompleto.

Además, se detectó que los agentes del Ministerio Público dejaron pasar días, meses e incluso años, para que recabar información básica  de la persona buscada, cuando menos sus datos generales. Por otro lado, en 58 averiguaciones se tardó de 1 a 3 días para solicitar la búsqueda de las personas desaparecidas; en 5 se dilató de 4 días a 1 mes; en 4 expedientes de 1 a 6 meses; en 4 de 6 meses a 1 año; en 2 más de un año.

Finalmente en 81 de las 100 investigaciones ministeriales analizadas, el representante social omitió dar el aviso correspondiente, limitando con esto la difusión del caso concreto.

El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, señaló que el organismo documentó, de acuerdo con un informe remitido por la PGR, que de enero de 2014 a diciembre de 2015 se había iniciado un total de 127 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada.

En 62 expedientes se declaró incompetente la PGR y en 12, dijo el visitador, se determinó el ejercicio de la no acción penal.

con información de agencias y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

jcrh