CIUDAD DE MÉXICO.- Con relación a los hechos ocurridos el pasado 22 de mayo del 2015, en Tanhuato, Michoacán, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Gobierno federal, aceptan las recomendaciones emitidad por  la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Sin embargo, no rechaza la hipótesis de una ejecución extrajudicial en los hechos, en los que murieron 42 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un elemento de la Policía Federal (PF).

Según la versión del Gobierno federal, “de las pruebas recabadas se observa que el uso de las armas fue necesario ante la agresión real e inminente, dado que los agresores contaban con un armamento reservado para uso exclusivo de las fuerzas armadas, como un fusil tipo Barret y un lanza misiles RPG activado, y su actuación fue racional, ante un escenario hostil con tiradores desde diversos puntos”.

Destaca que la presencia de la Policía Federal en el Rancho del Sol, ubicado en el municipio de Tanhuato, “estuvo fundada y motivada en la denuncia presentada por una ciudadana, quien reportó que más de 50 personas armadas invadieron su propiedad”.

Expone que al llegar los elementos de la PF, los civiles armados hicieron caso omiso de los llamados a deponer las armas y dispararon contra la autoridad, acción en la que un elemento de esa institución de 25 años de edad y cinco de servicio, fue impactado por un disparo y perdió la vida.

Se trató de un evento lamentable donde, además del policía federal, fallecieron 42 presuntos integrantes de la delincuencia organizada, que se negaron a deponer sus armas”.

Subraya que está asentado en actas que los policías federales se identificaron y exigieron a los agresores que depusieran las armas y se entregaran, pero la respuesta fue con disparos de arma de fuego en contra de la autoridad.

Entre los 42 fallecidos presuntamente integrantes de la delincuencia organizada, 16 habían sido procesados por distintos delitos, de éstos, 11 contaban con mandamientos judiciales para su captura por ilícitos como homicidio, portación de arma y robo.

Desde el día de los hechos, el 22 de mayo de 2015, la Policía Federal ha colaborado con total transparencia y puso a disposición de las autoridades y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda la información, personal, vehículos, armas y la documental que se le ha requerido.

con información de agencias y El Universal

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