CIUDAD DE MÉXICO.-  Javier Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados, pidió no polarizar o condicionar la dictaminación de la Ley de Seguridad Nacional y por el contrario, aprobar todos los temas en materia de seguridad.

Recordemos que por medio de esta ley, se pretende regular la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.

“Es bien importante el que en la Cámara de Diputados no queramos polarizar o condicionar un tema con otro, tenemos que sacar todos los temas, y yo espero que todo esto ocurra en este periodo de sesiones ordinarias”, indicó. “De no hacerlo así, me parece que tendríamos una gran deuda con México y tendríamos que dar explicaciones de por qué no lo logramos”, manifestó.

Desde el punto de vista de Bolaños Aguilar, urge dar certeza jurídica al actuar de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada; no obstante, se pronunció por no dictaminar la Ley de Seguridad Interior con prisas, ya que a veces éstas provocan tropiezos.

Pidió que se deje de lado la preocupación de que se vaya a emitir un dictamen de Ley de Seguridad Interior que no esté suficientemente revisado y analizado, ya que –afirmó– se está haciendo un trabajo con mucha responsabilidad.

“Los diputados están muy conscientes de la importancia que tiene este marco jurídico que debemos entregar al país para regular y definir claramente en qué momento deben y pueden actuar las Fuerzas Armadas de México”, externó.

El líder parlamentario llamó a los legisladores a dictaminar el proyecto con toda responsabilidad, «que escuchen todas la voces que se deban escuchar, que se abran todos debates y que finalmente se logre llegar a un consenso en beneficio de México”.

En el otro lado del espectro, los centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la organización Fundar y otros señalaron que esta ley constituye una afrenta a las recomendaciones formuladas a México por diversos organismos internacionales y destacaron, asimismo, que la pretendida legalización de la participación de militares en tareas de seguridad pública reduce y desalienta el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiales civiles, que son las que, por mandato constitucional, deben asumir tales tareas.

Por otro lado, un informe del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, indica que la estrategia de incorporar a las Fuerzas Armadas en las tarea de combate al crimen organizado, resultó ser contraproducente. Especialmente porque en 2006, había una tendencia a la baja en los índices delictivos. Sin embargo la llegada de los militares “detonó una posterior ola de violencia”.

“Los datos oficiales disponibles indican que la estrategia de desplegar operativos permanentes, sin objetivos precisos y plazos acotados, no redujo la violencia existente en el país (la cual se encontraba en niveles mínimos históricos salvo en el caso excepcional de Michoacán)”, indica el documento.

Todo lo contrario, fue esta estrategia la que detonó una posterior ‘ola de violencia’, originada precisamente en las entidades donde se desplegaron los primeros operativos con las Fuerzas Armadas en diciembre de 2006, la cual, posteriormente, se expandió hacia otros estados”, afirma.

“Los montos y tasas de homicidios son los indicadores más confiables, según estándares internacionales, de los niveles de delitos violentos, y violencia en general, que se viven en un país”, señala el Instituto Belisario Domínguez.

En México, los datos de defunciones por homicidio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que representan la fuente oficial más confiable al respecto por sus características metodológicas, muestran que nuestro país atravesó por un período histórico de baja violencia entre 2000 y 2007.

Pero con los militares en las calles, en estados como Chihuahua, la tasa de homicidios aumentó de 19 en 2006 a 182 en 2010. Por lo que corresponde a Sinaloa la tasa de asesinatos se incrementó de 17 a 85 en el mismo periodo y, en Baja California, de 16 a 47 por cada 100 mil habitantes, como algunos ejemplos.

“De hecho, hasta ahora no se ha hecho público diagnóstico oficial alguno, ni con datos de homicidios ni con otros delitos, que muestre la ocurrencia previa de una ‘ola de violencia’ que justificara el despliegue de las Fuerzas Armadas en operativos simultáneos en varios estados del país”, agrega. Señala que “desde finales del siglo pasado los homicidios en México seguían una tendencia descendente, llegando a niveles mínimos históricos en la década pasada”.

“Si acaso aumentaron ligeramente de 2004 a 2006 pero se mantuvieron en niveles históricamente bajos (cerca de 10 mil homicidios anuales)”, se afirma en el estudio.

El documento expone que “fue después de iniciados los operativos permanentes que ocurrió una verdadera epidemia de violencia a nivel nacional, llegando a más de 27 mil homicidios en 2011; de hecho, entre 2007 y 2011 se triplicó su nivel (de 9 mil a 27 mil), y la tasa pasó de 8.1 a 23.7 homicidios por cada mil habitantes”.

con información del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores

jcrh