CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Araceli Madrigal Sánchez, negó que exista una iniciativa que reforme la Constitución o la Ley General de Salud que privatice los servicios de médicos institucionales en el país.
“No hemos recibido, hasta el momento, absolutamente nada”, señaló y, tajante, afirmó que si llegara alguna iniciativa en ese sentido, “el GPPRD denunciaría dicha intención e iría totalmente en contra”.
La legisladora -que es médico de profesión- consideró que de por sí, los servicios médicos públicos se encuentran limitados respecto a su cobertura, por lo que privatizarlos, orillaría “a millones de personas que no tienen ni recursos para pagar un médico y menos las medicinas que se les receta” a la precariedad.
“Como legisladores –insistió-, no lo permitiríamos” y aseguró que desconoce intención alguna de parte de los y las diputadas del PRI y del PAN por privatizar los servicios médicos. “No hemos escuchado nada al respecto”, aseguró.
Recordó que en el Día Internacional de la Salud, el presidente Enrique Peña Nieto, se refirió a la intención de hacer universal los servicios médicos que prestan instituciones como el ISSSTE, el IMSS, la SEDENA, la Secretaría de Salud o Petróleos Mexicanos, donde podrían atender por igual a quienes están afiliados a alguna de estas instituciones.
Madrigal Sánchez recordó que ese día, el Ejecutivo federal hizo solo un anuncio y no habló de privatizar los servicios que prestan estas instituciones; además, recordó que esta posibilidad es un asunto que ya se viene señalando desde hace dos sexenios, el hacerlo universal.
Precisó que tampoco a la Cámara de Diputados ha llegado una iniciativa en este sentido. “Nada se ha hablado sobre este tema al que se refirió el presidente Peña Nieto y menos se están tomando acuerdos”, comentó.
Finalmente, reiteró que por ningún motivo el Partido de la Revolución Democrática avalaría una iniciativa que atente contra el derecho a la salud que tienen todos y todas las mexicanas, consagrado en el artículo cuarto constitucional, y que, desde luego, el GPPRD sería el primero en denunciarlo.
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