CIUDAD DE MÉXICO.- En Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio la orden expresa del operativo no fue el envío de la fuerza pública para agredir, sino para salvaguardar el interés de la población.
Así lo dieron a conocer los integrantes de la Comisión Especial para el caso que se conformó en el Congreso de la Unión, durante la reunión que celebraron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales.
“Es importante compartir que insistimos en este encuentro en el papel que jugaron las fuerzas policiales en este operativo”, comentó la senadora panista Mariana Gómez del Campo, quien preside dicha comisión, al término del encuentro.
Gómez del Campo destacó que un tema relevante es dar la calidad de víctimas a todos los heridos, no sólo civiles, sino también a los agentes.
“Se nos dijo que hubo una amplia coordinación entre autoridades federales y estatales para la realización del operativo, que la orden expresa del operativo no fue el envío de la fuerza pública para agredir, sino para salvaguardar el interés de la población”, dijo.
Los legisladores esperaron del funcionario federal avances sobre las investigaciones del caso, que dejó ocho muertos por bala y decenas de heridos.
En el seguimiento al caso, se informó que el día del operativo en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, agentes federales pidieron expresamente impedir el ingreso de civiles en el Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reveló la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Agregó que la Comisión Especial de Seguimiento a los hechos del 19 de junio en Nochixtlán recibió un informe de la Procuraduría General de la República (PGR), el cual será analizado para la segunda reunión.
También dijo que se abordó reformar la Ley General de Víctimas para facilitar la liberación de recursos hacia las mismas.
La Comisión ha recibido 10 informes sobre Nochixtlán, brindados por el Edil, por el Gobierno de Oaxaca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Comisión Nacional de Seguridad y la PF, así como de la PGR y la Segob.
jcrh