TORREÓN, COAHUILA.- Senadores del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por Luis Fernando Salazar, ante la Procuraduría General de la República (PGR), presentaron una denuncia contra Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila, por la probable comisión de los delitos de «lavado de dinero», enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, fraude y peculado.

Este acto, tiene relación con los juicios y las presuntas investigaciones en contra de Moreira, que desahoga la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas.

Dado que la denuncia contra el exgobernador está fundada en los testimonios vertidos en aquella corte, los senadores también piden que la PGR solicite todos los documentos, registros o pruebas, y proceda al intercambio de información «con base en las disposiciones en materia de cooperación sobre asistencia jurídica mutua».

De acuerdo con Salazar, la PGR tiene plena facultad para solicitar dicha información, sin embargo «lamentablemente, voluntad política es lo que falta», dijo.

El senador explicó que la denuncia tiene como fundamento el hecho de que «en Estados Unidos se han abierto varias investigaciones sobre la red de corrupción que operó en Coahuila para desfalcar al estado e invertir el dinero robado en cuentas y propiedades en Texas».

En esos juicios, dijo, han sido condenados diversos funcionarios y empresarios, como Javier Villarreal, Jorge Torres, o Rolando González Treviño, quienes han señalado la participación del exgobernador Moreira en estos actos. «Por estos señalamientos se sabe que autoridades del estado de Texas investigan a Humberto Moreira por el delito de ‘lavado de dinero'», afirmó.

A todo lo anterior, agregó, se suman las acusaciones de un presunto líder del cártel de los Zetas llevado a juicio, quien afirmó haberse reunido con Moreira y entregado al menos 4 millones de dólares a exfuncionarios de su gobierno, «a cambio de protección y libertad para operar y cometer una serie de delitos en el estado».

No obstante lo anterior, dijo, «nada ha hecho el gobierno federal, mucho menos el gobierno de Coahuila, por iniciar siquiera una investigación para deslindar responsabilidades».

En su denuncia, los senadores panistas hacen un recuento pormenorizado de las acusaciones y acciones legales emprendidas en Texas en contra de exfuncionarios del gobierno de Moreira, y de las declaraciones que involucran en posibles actos delictivos al exlíder del PRI y a su hermano Rubén Moreira, gobernador de la entidad.

Salazar destacó que, a pesar de todo lo anterior, las autoridades mexicanas «siguen queriendo ser cómplices y omisas en investigar y sancionar a quienes endeudaron a Coahuila con 36,000 millones de pesos».

«Desde Acción Nacional -agregó- vamos a impulsar todas las acciones que sean necesarias para dar fin al moreirato. Este es el principio del fin del grupo que en Coahuila ha permitido el saqueo aberrante de las arcas públicas y condenado a nuestros hijos a nacer endeudados. Es el principio del fin de la colusión de un grupo de políticos coahuilenses con el crimen organizado, el principio del fin de quienes han callado ante las miles de desapariciones y asesinatos de coahuilenses porque son cómplices del crimen organizado».

Salazar además advirtió que no permitirán más la impunidad de la que goza Humberto Moreira, a quien acusó de hacer uso del sistema de justicia en México «para intimidar y perseguir a investigadores como Sergio Aguayo, que en el ejercicio de una labor periodística, lo único que buscan es informar a los ciudadanos».

Aguayo fue demandado por Humberto Moreira por posible daño moral. Como reparación, el exgobernador exige diez millones de pesos. Frente a esa demanda, que tiene como propósito «intimidar y violentar la libertad de expresión», los senadores del PAN presentaron un punto de acuerdo, con carácter de urgente, para exhortar al Ejecutivo federal a que garantice el respeto a los derechos de quienes ejercen la labor periodística.

También le piden adoptar las medidas necesarias para evitar que el sistema de justicia en México sea utilizado como una herramienta para acosar, intimidar o inhibir el ejercicio de la labor periodística y de investigación.

con información de agencias y El Siglo de Torreón

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