MÉXICO.- Con el fin de “revertir la tasa de impunidad imperante” en México, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), recomendó al gobierno de Enrique Peña Nieto establecer un consejo asesor de expertos independientes y crear una oficina especializada para garantizar el castigo efectivo de las violaciones graves de derechos humanos.
En el encuentro estuvieron el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Betazos Torres; y Jan Jarab, representante de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en México.
La representación de Naciones Unidas divulgó también la respuesta del Estado mexicano a las 14 recomendaciones, de las cuales ocho aceptó si reservas, cuatro las consideró ideas “muy interesantes” para ser atendidas o en proceso de consulta, en tanto que dos fueron rechazadas.
El documento señala que las recomendaciones “serán consideradas y atendidas”, como se ha hecho con otras de distintos mecanismos de derechos humanos, pero que algunas de las sugerencias, “dependen en gran medida de las acciones de los poderes judicial o legislativo o bien los estados”.
De las 14 recomendaciones de la ONU, el gobierno de México consideró que “podría atenderse” la referente a la creación de un consejo asesor en materia de derechos humanos y combate a la impunidad, de acuerdo con orientar la seguridad pública con enfoque de derechos humanos.
Además, dijo que se podría garantizar la autonomía de instituciones de administración y procuración de justicia y de derechos humanos; monitorear las políticas públicas con un mecanismo interinstitucional de alto nivel; consultar a los pueblos indígenas; fortalecer el combate a la violencia contra la mujer; considerar a las víctimas en la legislación contra la tortura y desaparición forzada y adoptar los indicadores de la ONU-DH.