CIUDAD DE MÉXICO.- La red Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), hizo un llamado a actuar con prudencia en lo referente a los programas sociales en México, dado que éstos se incrementan con una lógica clientelar y sin hacer públicos ni sus presupuestos, ni sus objetivos y resultados.

En un pronunciamiento, convocó a los 12 gobernadores electos recientemente a terminar con la “programitis” y asumir el compromiso formal de dar mayor institucionalidad y solidez a las políticas y acciones frente a la pobreza.

La agrupación civil detalló que, de acuerdo con el inventario nacional de programas y acciones de desarrollo social más reciente, existen 6 mil 751 en los tres órdenes de gobierno.

Según los datos del Consejo Nacional de Evaluación dee la Política de Desarrollo Social (Coneval), a nivel estatal el número pasó de 2 mil 391 en 2010 a 3 mil 788 en 2012, lo que representa un incremento de 58 por ciento.

Para el 84 por ciento de los programas y acciones estatales no hay información de presupuesto original; el 75 por ciento carece de documentos normativos y el 77 no reporta en la cuenta pública de su entidad.

En el caso de Chiapas, ejemplificó, se registraron 253 programas y acciones, de los cuales ninguno reportó información de presupuesto original en el inventario de 2012 del Coneval, y sólo 35 tenían un documento normativo.

En Veracruz, en tanto, de los 241 programas reportados únicamente 25 presentó información de presupuesto original, solo 44 contaba con un documento normativo y únicamente 75 reportaba su información en la cuenta pública del gobierno del estado.

“México no requiere más programas sociales, sino políticas públicas integradas de gran escala, con planes de cobertura total de la población objetivo, con mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan generar aprendizajes y corregir desviaciones, ejecutados desde entidades con buena capacidad técnica e institucional, que rindan buenas cuentas de los recursos, pero sobretodo, de los resultados e impactos”, indicó la ACFP.

Finalmente el agrupamiento, se pronunció por construir un registro de población que funcione como padrón único y sea la vía obligatoria de acceso a los subsidios y apoyos del estado, de acuerdo a las características socioeconómicas y demográficas de cada hogar.

jcrh