• La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, propuso reformar las leyes Federal de Trabajo y del Seguro Social para agregar a trabajadores independiente o freelancers
• La legisladora aseguró que esta fuerza de trabajo crece a una tasa prácticamente del doble que la registrada para los oficinistas asegurados

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Los incrementos salariales, que en su mayoría han sido de 3.9 por ciento, “se los ha comido el aumento a los productos de la canasta básica y de los energéticos. Ante esta situación, la percepción de ingresos de los trabajadores independientes es alarmante, al recibir en promedio un salario mínimo, equivalente a dos mil 103 pesos al mes”, apuntó.

La integrante de la Comisión de Derechos Humanos señaló que con estos ingresos “no existe forma de pagar un seguro de gastos médicos”.

De acuerdo con las cuotas publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para personas que no son derechohabientes, un freelance tendría que costear tres mil 497 pesos por una intervención quirúrgica; 34 mil 509 pesos por un día en terapia intensiva; siete mil 256 por un día de hospitalización y mil pesos por una consulta de especialización.

Resaltó que “es una práctica común que las empresas aprovechen contratar trabajadores independientes o freelancers para no otorgarles contratos ni prestaciones de ley y arrancar proyectos financiados con sueldos de los propios empleados, lo que implica una violación a sus derechos”.

Ochoa Ávalos definió al trabajador independiente como aquella persona que, sin tener un patrón, realiza una actividad productiva o de servicios; dispone de sus propios medios de producción; busca su materia prima y clientes; es dueña del bien o producto que elabora y lo enajena a un tercero por medio de venta, acuerdo, encargo o contrato.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2016, en México existen 19 millones 356 mil 583 jóvenes de 20 a 29 años de edad; de ellos, sólo cinco millones 627 mil 486 son trabajadores asegurados por el IMSS, es decir, únicamente 29 por ciento tiene seguridad social.

“El Estado mexicano no puede negar su responsabilidad en atender esta problemática, sobre todo cuando estos jóvenes viven una situación de alta vulnerabilidad y turbio porvenir, por lo que es imperante encontrar mecanismos que logren afiliarlos al seguro social”, puntualizó.

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