Las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional México e Indignación A.C., exigen justicia para José Adrián, un menor maya arrestado arbitrariamente y torturado por policías municipales en 2016.

Los organismos civiles acusan que a más de dos años de distancia del hecho aún no hay culpables detenidos, a pesar de que el caso ya fue documentado en el informe Falsas Sospechas: detenciones arbitrarias por la policías en México, publicado el 13 de julio del mismo año.

De acuerdo con el informe, el pasado 25 de febrero de 2016 José Adrián regresaba a su casa, ubicada en la comunidad maya de X‐Can, al oriente del estado de Yucatán, después de un día de escuela. Cerca de la zona, minutos antes se había suscitado una riña entre jóvenes, en la que una patrulla resultó apedreada. Y a pesar de que el menor no tuvo nada que ver en la gresca, él fue el único detenido.

Aunado a la arbitrariedad de la detención, el menor de sólo 14 años, quien tiene una discapacidad que le impide escuchar bien fue golpeado por elementos policiacos. Le pisaron la cabeza, le lesionaron el cuello y lo arrojaron contra la patrulla, culpándolo de los daños contra el vehículo.

Al momento en que Adrián fue arrestado ninguno de los policías le explicó qué estaba pasando ni por qué lo detenían. Tampoco llamaron a su familia. “En cambio –denunció Amnistía Internacional–, los policías municipales le quitaron los zapatos, la camisa y lo esposaron”.

“Aunque vecinos presenciaron la agresión en contra del menor y pese a los esfuerzos de su hermano por llegar antes de que éste fuera inmiscuido en la riña en la que, como ya se comprobó, es imposible que haya estado inmiscuido, fue trasladado a la población de Chemax”, agregó la organización, que ha lanzado la campaña #JusticiaParaJoséAdrián.

Al llegar a las celdas de la comisaría de la cercana localidad, el menor fue colgado sostenido por unas esposas, fue golpeado y amenazado con el propósito de que con la tortura se terminara incriminando. Fue hasta horas después que los padres del niño llegaron a Chemax, ahí les dijeron que para dejarlo en libertad tenían que pagar una multa de 700 pesos, ademas de pagar los daños ocasionados a la unidad, mismos que ascendían a los 2 mil 500, como parte de un acuerdo al que se vieron obligados a firmar.

“La familia de José Adrián es de escasos recursos y apenas pudo juntar el dinero de multa; los daños a la patrulla fueron pagados a plazos como se acordó, pues también los amenazaron con encarcelarlo de no cumplir”, dijeron las organizaciones de derechos humanos.

Explicaron que a pesar de la extrema gravedad de los hechos y de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a más de dos años no hay avances en la investigación y los policías municipales responsables no han enfrentado a la justicia.

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