CIUDAD DE MÉXICO,-  Amnistía Internacional reporta que en México se pone en grave riesgo la labor de protección y promoción de los derechos humanos, además de la verificación social del correcto funcionamiento de las instituciones públicas

La Diputada Federal del PRI, Mariela Contreras dijo que pareciera inoperante el marco jurídico que obliga a los gobiernos a respetar la labor de las y los defensores de derechos humanos, ya que son víctimas de hostigamiento, amenazas, agresiones y clima de violencia, la constante de las personas que se dedican a defender los derechos humanos en nuestro país

“Los casos de violencia y vulneración de sus derechos que atentan contra la integridad y vida de las defensoras y defensores de derechos humanos se cristalizan en amenazas, hostigamientos, agresiones, desapariciones, riesgos y asesinatos por parte de diversas autoridades que la mayoría de las veces quedan en una total impunidad” afirmó la diputada.

La Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, anunció que en la sesión de la Comisión Permanente propondrá exhortar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México para que garanticen y respeten la labor de personas defensoras de derechos humanos y atiendan las obligaciones establecidas en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La legisladora señaló que, a pesar de estar vigente la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, “no existen las medidas mínimas que garanticen la labor de esas personas y sea el propio Estado quien se encargue de entorpecer su trabajo, pareciera que esa ley surgió para no ser respetada”, sentenció.

La integrante del GPPRD en la Cámara de Diputados precisó que en el el Segundo Informe Sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, de Amnistía Internacional, se señala que cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de las defensoras y defensores se niega a su vez a miles de personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones a sus derechos humanos; con ello, se pone en grave riesgo la labor de protección y promoción de los derechos humanos, la verificación social del correcto funcionamiento de las instituciones públicas, el acompañamiento y apoyo judicial de víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otras tareas.

Finalmente, Contreras Julián enfatizó en la necesidad de atender esta problemática, pues “representantes de la Organización de las Naciones Unidas han señalado que en México son las familias quienes están impulsando la defensa de los derechos humanos, por lo que es importante reconocer esta labor y garantizar su seguridad atacando la impunidad sobre todo en un contexto marcado por la constante intimidación a éstos por actores tanto estatales como no estatales”, expresó.

r3