Claudia, una mujer analfabeta que padece ligero retraso mental fue despojada de la custodia de su hija a través de diversas irregularidades, en Saltillo, Coahuila

Por: Redacción | Imagen: Especial

Hace dos años, Claudia, una mujer que carece de reflejos corporales rápidos y con un nivel intelectual menor al promedio, salió corriendo de su casa por una discusión con su esposo. Se resbaló y, aunque quiso evitarlo, aplastó el brazo de su hija entonces de dos años. Una vecina denunció los hechos y pese a tener una situación de vulnerabilidad y posible violencia, las únicas puestas bajo investigación fueron ella y su hija.

Fue internada en el Centro de Salud Mental (Cesame) durante 29 días y diagnosticada, sin un peritaje médico legal, con “discapacidad intelectual moderada”.

Cuando salió ya no tenía hija, sólo una receta de medicamentos que le están acabando el hígado poco a poco y que debe (le dijeron) tomar de por vida. No ha recibido atención posterior ni a su padecimiento, tampoco ha recibido indicaciones sobre la toma correcta de sus medicinas ni apoyo para superar el shock emocional que le produjo la pérdida de su hija a manos de la burocracia.

Su traslado y posterior abandono por parte de las autoridades sanitarias viola su derecho de acceso a la salud y asistencia social consagrado en el artículo 7° de la Constitución, donde claramente estipula que el Estado tiene la obligación de “fomentar la creación de centros asistenciales, temporales o permanentes, para personas con discapacidad en desamparo, donde sean atendidas en condiciones que respeten su dignidad y sus derechos [personas con discapacidad]”, de acuerdo con la Ley de General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad .

La Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), dependencia centralizada de la administración pública estatal, le arrebató a su bebé de entonces dos años sin fundamento legal ni aviso previo, según afirman ella y sus familiares.

Lo anterior representa una violación a sus derechos consagrados en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 5° de igualdad y no discriminación, donde expresa que “los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo”.

Acorralada entre la discapacidad y el analfabetismo, además del miedo y la costumbre a las humillaciones de las instituciones que deberían velar por sus derechos, Claudia aceptó que su hija se quedara en la Casa Cuna. La última vez que pidió apoyo a las autoridades, terminó sedada y encerrada al no poder explicarle a los policías que fue un accidente.