CIUDAD DE MÉXICO,-  El conflicto magisterial no se arreglará con más policías y ni el Gobierno Federal ni mucho menos el Poder Legislativo, deben temer a realizar “la reforma de la Reforma Educativa ”, pues cualquier ley puede modificarse y enriquecerse.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, propondrá que en la agenda del GPPRD se establezca como prioritario este tema en el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados urgió a mostrar voluntad política y se establezca una verdadera mesa de negociación con planteamientos claros que sirvan para mejorar la calidad de la educación en México, así como resguardar los derechos de los profesores.

Comentó que en la plenaria que se llevará a cabo para establecer la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para el próximo periodo de sesiones que inicia el 1 de septiembre, propondrá este tema como prioritario, pues debe frenarse el linchamiento político en contra del magisterio democrático.

Señaló que la arrogancia e intransigencia de las autoridades educativas y del propio gobierno federal podrían llevar al país a una escalada represiva de alto riesgo, que ni al magisterio democrático ni a México le convendrían.

Dijo que no se puede defender una Reforma Educativa que no consideró un verdadero cambio en el modelo educativo y no se tomó en cuenta a los principales actores del proceso de enseñanza-aprendizaje

Sin duda, declaró, el clima que se ha generado por una reforma sin consenso y donde los maestros se sienten perseguidos y sin reconocer ningún beneficio, es motivo suficiente para que la llamada reforma educativa sea revisada y dé pauta a la participación del propio magisterio, de investigadores, académicos y especialistas de la sociedad civil.

Manifestó que ante la defensa de la educación pública y el empleo asumido por miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), es inaceptable que el gobierno se empeñe en responder con represión, el hostigamiento laboral, la suspensión de salarios y el despido.

Incluso, acusó, se llegó al colmo de criminalizar su lucha con desalojos, encarcelamientos, asesinatos y el uso de la fuerza policiaco-militar en las movilizaciones.

El legislador perredistas opinó que no se puede llamar a diálogo pidiendo la rendición incondicional del oponente, aunque reconoció que ambas partes deben estar en la mejor disposición de llevar propuestas que con el análisis y la negociación puedan convertirse en acuerdos, siempre con el ánimo de mejorar la educación en nuestro país.

Llamó a todos los sectores sociales, principalmente a los empresarios, a que no sólo descalifiquen al magisterio democrático que está en su derecho de movilizarse y manifestarse, sino que convoquen al gobierno federal a establecer esta mesa de diálogo, posiblemente sin pensar en la derogación de la nueva ley, pero sí con propuestas que abran el sendero de los acuerdos.

Mencionó que uno de los aspectos que habrá que analizar es el cuestionamiento de los maestros en cuanto a la evaluación estandarizada, porque sólo evalúa aspectos superficiales sobre normas y lineamientos, pero deja de lado los diversos contextos educativos y los problemas de infraestructura educativa en el país, asimismo, no contempla la práctica docente, no toma en cuenta el vínculo con sus alumnos y la comunidad, su compromiso y responsabilidad, es decir, todo aquello que implica ser un buen profesor.

Además, , indicó, la Reforma Educativa no es integral ni formativa, sólo se reduce a la medición y cuantificación de resultados, tiende a clasificar al etiquetar a los maestros entre idóneos y no idóneos, es descontextualizada y discriminatoria, excluyente y punitiva.

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