CIUDAD DE MÉXICO,-  Gustavo de Hoyos Walther y sus homólogos de los centros empresariales de Oaxaca, Chiapas y de Chilpancingo, Guerrero como vicepresidentes del centro empresarial de la Ciudad de México, entregaron una solicitud al ombudsman, Raúl González Pérez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigar omisiones de autoridades por la violación de garantías en estados afectados por movilizaciones de maestros.

“Pedimos que, conforme a las facultades que le otorga la Constitución, la CNDH inicie un procedimiento de investigación y ejerza sus facultades de atracción por violaciones graves de derechos humanos en esos estados, las que son de tal magnitud que merecen ser atendidas de inmediato”, dijo De Hoyos Walther.

El representante de los empresarios indicó que la petición es por actos de omisión y de negligencia de las autoridades de todos los niveles, en sus diferentes ámbitos de competencia y responsabilidades.

De Hoyos Walther pidió realizar un rápido diagnóstico y con base en ello determinar medidas cautelares para obligar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a salvaguardar la tutela de los derechos humanos violentados.

Solicitó, además, que la CNDH inicie una investigación donde documente a detalle las acciones y la omisiones y, en su caso, la actividad negligente o insuficiente de las autoridades que derivaron en esta violación sistemática de los derechos humanos en perjuicio de los habitantes de los estados afectados.

“El Estado mexicano, sin importar la autoridad que actúe, asume una posición o debe asumirla como garante a los derechos humanos. En su posición de garante no ha actuado con suficiente pericia frente a los actos de diversos grupos, señaladamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”, subrayó el representante empresarial.

Explicó que en Oaxaca se entregó en fecha reciente una petición similar al defensor de los pueblos del estado, en el ámbito de su competencia, petición ciudadana a la que se sumaron más de mil personas en la entidad.

En opinión de los empresarios, los derechos que se violentaron son los de la alimentación, pues los insumos no llegan, en especial en el caso de Oaxaca, por lo que la población indígena sería la más afectada.

Además, el derecho de libre tránsito, ya que hay bloqueos y cierre de avenidas con el riesgo de desabasto de gasolina; así como la falta al derecho de la salud, pues, incluso, fallecieron personas que no pudieron recibir la atención oportuna por los bloqueos carreteros y tampoco llegan medicinas a los hospitales.

Los empresarios consideran que también se violentó el derecho a la libertad de expresión; el derecho a la libertad de comercio y la libertad al trabajo; la garantía económica que establece el artículo 25 constitucional; además, se afectaron las garantías de seguridad y de paz pública de manera reiterada.

El dirigente empresarial confió en que la CNDH actúe de inmediato con el nivel de urgencia que las circunstancias y los estados lo demandan. De Hoyos Walther dijo también que la Coparmex se reserva el derecho de ampliar esta petición, hasta que las autoridades involucradas presenten nuevas posibles violaciones.

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