CIUDAD DE MÉXICO,-  El Pleno del Senado de la República aprobó por 94 votos a favor y 23 en contra la Ley General De Responsabilidades Administrativas, cuyo objetivo es establecer las obligaciones y sanciones por actos u omisiones a funcionarios y particulares que incurran en faltas administrativas graves.

Esta Ley distribuirá competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran. También será aplicada, las que correspondan, a particulares vinculados a faltas administrativas graves; así como los procedimientos para su aplicación y los mecanismos de prevención.

Entre los objetivos de la ley están: establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a estas faltas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y sustanciar el procedimiento por faltas administrativas graves que detecten en sus auditorías.

Las faltas administrativas no graves darán cuenta a los órganos internos de control, para que continúen la investigación y promuevan las acciones que procedan; y ante la presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes ante el ministerio público.

En un adendum aprobado por el Pleno, se incluye el artículo 29 de esta Ley, se señala que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana –que son parte del Sistema Nacional Anticorrupción– emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos de los aludidos queden en resguardo de las autoridades correspondientes.

Al respecto, la senadora Martha Tagle Martínez dijo que con esta reforma se abre la puerta para que las leyes dispongan a quién no se le podrán imponer responsabilidades; asimismo, no contempla como tráfico de influencias la obtención de beneficios, como bienes muebles e inmuebles.

En este sentido, dijo que la propuesta carece de un sistema de protección a denunciantes y testigos. Lamentó que quienes estén involucrados en un acto de corrupción, al denunciarlo podrán tener un beneficio para que se les disminuya la sanción administrativa o penal, “lo que resulta de una gravedad mayúscula”.

La senadora del Grupo Parlamentario del PVEM, María Elena Barrera Tapia, dijo que a través de esta ley se entiende un reclamo social, ya que la ciudadanía quiere gobernantes íntegros y sin miedo a la rendición de cuentas, que ejerzan la correcta aplicación de la ley, erradicando así la corrupción en México.

El senador Zoé Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD, refirió que los legisladores se encuentran en la coyuntura de aprobar la propuesta como se planteó en un principio, con la publicación completa y sin reservas de las tres declaraciones; “aún podemos hacer de la política un instrumento digno al servicio de la gente, y no uno del cual los políticos se sirven”, dijo.

La senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN, comentó que las reformas que combaten la corrupción no se aprueban por la voluntad política del partido en el gobierno, “sino por la presión incontenible de la ciudadanía y de la oposición responsable del Congreso”.

En contra de la propuesta, el senador Raúl Morón Orozco, del PRD, comentó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas “no cumple con las exigencias de la sociedad mexicana, más bien ha traicionado su voluntad”.

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