CIUDAD DE MÉXICO,- Apenas ha concluido el ciclo escolar y de inmediato urge el hecho de no condicionar a los padres de familia al pago de la consabida «cuota voluntaria» por el concepto de inscripción de alumnos, aplicación de exámenes y entrega de documentos expresa la diputada priísta Edith Alvarado Varela.

En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, consideró “inadmisible que cada inicio de ciclo escolar en las escuelas públicas se cobren cuotas obligatorias a los padres de familia”, lo cual, dijo, contraviene el principio constitucional de gratuidad de la educación.

Recordó que el artículo sexto de la Ley General de Educación establece que “las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo”. Además, dijo, “está prohibido el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo y que en ningún caso se podrá condicionar la inscripción y el acceso a la escuela”.

La legisladora destacó la importancia de que las autoridades educativas federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México no los cambien en el próximo ciclo escolar 2016-2017, porque ello anularía el sentido social de los programas de entrega gratuita de los mismos y de útiles, en las escuelas públicas de nivel básico.

Mencionó que dichos programadas implementados en los últimos años en diferentes niveles de gobierno, apoyan la economía de los padres al inicio de cada periodo lectivo.

La secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables sostuvo que el continuo cambio de los uniformes escolares es un factor poco explorado, que también lesiona el derecho a una educación gratuita constituyendo un duro golpe para la economía familiar, al tener que solventar ese gasto.

Externó que en muchas escuelas del país esta decisión es una práctica habitual, porque existen acuerdos entre algunos docentes e inclusive con el consentimiento de mesas directivas de padres para cambiar total o parcialmente el uniforme. La legisladora por Tlaxcala indicó que muchas veces estas decisiones no obedecen a criterios objetivos, sino a cuestiones meramente comerciales y de negocio entre proveedores y autoridades de las escuelas.

Manifestó que esto es inaceptable ya que los alumnos y los padres de familia son los más afectados, sobre todo porque desvirtúa las acciones que los diferentes niveles de gobierno impulsan para contribuir con la gratuidad de la educación.

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