CIUDAD DE MÉXICO,-  Derivado de la reforma al artículo 122 de la Constitución a través de la que se obliga al Congreso de la Unión a legislar sobre coordinación metropolitana, es importante abrir el debate sobre el tipo de Estado que debe prevalecer en la capital.

La diputada Cecilia Soto González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), y representante del mismo en el Congreso Constituyente que se instalará el próximo 15 de septiembre para analizar y aprobar la Constitución de la Ciudad de México.

La también presidenta de la Comisión del Distrito Federal, subrayó que la experiencia de todos los habitantes de la Ciudad de México (CDMX), “evidenció la necesidad de que realmente haya una coordinación con características vinculatorias para quienes comparten la región metropolitana del Valle de México”.

Subrayó la urgencia de determinar qué tipo de Estado debe prevalecer en la ciudad y afirmó: “he visto que se necesita un Estado proactivo, que tenga una idea de qué tipo de mercados, qué tipo de ciudadanía, de ciudad, quiere para el futuro y que, con base a eso, oriente el tipo de inversiones que requiere”.

Soto González apuntó que esta idea, contrasta con la de un Estado neoliberal que facilita las cosas, con la idea de que la iniciativa privada está lista para invertir y que lo único que lo detiene, son las normas federales.

Al participar en una mesa de trabajo sobre la planeación, ordenamiento y uso del territorio, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del gobierno capitalino, Felipe de Jesús Gutiérrez, subrayó que se debe establecer bajo qué principios, conceptos y políticas se pueden crear estructuras que garanticen la toma de decisiones de temas metropolitanos.

“No podemos tomar recetas en automático. Es evidente que necesitamos mecanismos de coordinación metropolitana, más que pensar en un autoridad intermedia, aunque otras sociedades tienen parlamentos, observatorios metropolitanos. Hay que hacer planteamientos concretos de la ciudad que queremos y a partir de ellos, qué leyes, programas o instrumentos operativos requerimos”, detalló el funcionario.

Daniel Pérez Torres, experto en urbanismo, afirmó que temas como el derecho a la ciudad –que engloba participación social, derecho a espacio público, a la infraestructura, a la vivienda, etcétera- la función social de la propiedad y el financiamiento urbano, deben estar contenidos en la Constitución de la capital.

En tanto, José Gazca Zamora, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pidió que el debate también se desarrolle entorno al cuestionamiento: ¿la ciudad, para quién?, pues los conflictos que se establecen entre diferentes actores respecto a cómo se genera la producción urbana no se podrán resolver si no se define dicho tópico.

“En los últimos años hemos estado perdiendo la función de espacio público y la posibilidad de generar funciones sociales en la ciudad; por ejemplo, con los segundos pisos, con los que se concesiona la movilidad; el caso de los parquímetros, donde se privatizan los espacios públicos de estacionamiento y las fotomultas, donde también se concesionó la movilidad urbana”, sostuvo el académico.

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