CIUDAD DE MÉXICO,-  La exigencia se refleja en millones de mexicanos de ponerle término a la corrupción, ¿pero cómo?. Es sabido que ésta sería posible desde los mismos cimientos del régimen político, por lo que una investigación incluiría al actual titular del Ejecutivo federal como a los ex mandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

El Diputado Federal Virgilio Caballero presentó una iniciativa de reformas al Artículo 108 Constitucional y de manera conjunta con el PT en el Senado, presentó una iniciativa de reformas y adiciones al Artículo 108 Constitucional, para que sean investigadas las responsabilidades en que pudieran haber incurrido el Presidente Enrique Peña Nieto y los expresidentes de la República en materia de corrupción, y para que además sea creada una Comisión de la Verdad en torno a este tema.

Al presentar dicha iniciativa a nombre de los Senadores del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz y Héctor Adrián Menchaca Medrano, así como de la coordinadora de Morena, Rocío Nahle García, el legislador capitalino, Virgilio Caballero Pedraza, subrayó que el titular del Ejecutivo Federal estaría sujeto a los delitos y faltas de corrupción, como cualquier otro servidor público. En tanto, que esa Comisión investigaría los actos y omisiones de corrupción del Presidente en funciones, expresidentes de México y empresarios nacionales y extranjeros vinculados con tales casos de corrupción.

“Pretendemos que esta Comisión de la Verdad esté facultada para investigar los actos de corrupción del Presidente en los procesos de privatización, desincorporación y liberalización de empresas públicas, los procedimientos relacionados con los grandes contratos y concesiones otorgados durante su administración, así como en el análisis pormenorizado del incremento patrimonial de los presidentes y sus familias”, puntualizó.

Ante el pleno de la Comisión Permanente , el Vicecoordinador de la bancada de Morena señaló que para dar respuesta a la exigencia de millones de mexicanos, para que se termine de una vez por todas con la corrupción en nuestro país, es urgente barrer este fenómeno de arriba hacía abajo.

“Un adecuado y correcto sistema anticorrupción fundamentalmente debe referirse y someter a control jurídico a aquellos servidores públicos e integrantes de los poderes fácticos más relevantes en una nación, y debe diseñar un aparato anticorrupción que no dependa y se subordine a los poderes”, recalcó.

Caballero Pedraza sostuvo que un verdadero Sistema Anticorrupción debe vigilar de cerca no sólo a los servidores públicos, sino también al Titular del Ejecutivo Federal, ya que la cúspide del poder no está exenta de actos de corrupción, los cuales se replican al resto de las instituciones.

“Si no se enfrentan los actos y omisiones de corrupción del Presidente de la República , de los expresidentes de la República que pudieron incurrir en actos de corrupción, y la de los propietarios y accionistas de los principales poderes fácticos trasnacionales y nacionales que operan en México, y que están vinculados con el poder presidencial, los esfuerzos para combatir la corrupción serán estériles e inútiles”.

En ese sentido, reiteró que el Sistema Nacional Anticorrupción está capturado por el poder presidencial y de los partidos mayoritarios en la elección de los titulares de los órganos anticorrupción, y que por eso se requieren autoridades independientes en el Poder Judicial, el Ministerio Público y en general en dicho sistema.

“Por ello proponemos en esta iniciativa de reformas y adiciones al Artículo 108 Constitucional, entre otras cosas, crear una Comisión de la Verdad , la cual tiene antecedentes en exitosos ejemplos latinoamericanos como Argentina o Guatemala”, insistió el también integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Asimismo, dijo que existen casos concretos de corrupción que deben ser investigados, entre éstos en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Durante sus sexenios, apuntó, se dieron múltiples privatizaciones y desincorporaciones de empresas públicas; la aprobación del Fobaproa; esquemas de financiamiento paralelo en campañas presidenciales, como “Amigos de Fox”, y la extinción inconstitucional de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

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