MÉXICO.- Uno de los objetivos de la Ley de Seguridad Interior, es el definir de manera clara, el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Sin embargo esto debe ser de manera gradual, conforme se implemente un programa de fortalecimiento a las corporaciones policiacas, que garantice que éstos cuerpos puedan desempeñar las funciones para las que fueron creados.

Lo anterior de acuerdo con Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Desde hace 4 ó 5 años se planteó el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de los cuerpos policiales», indicó. «Llevamos 10 años con este mensaje del fortalecimiento (de las Policías) y hoy a 10 años estamos exigiendo lo mismo: tenemos que voltear los ojos y ver quién ha fallado en esa estrategia y exigir a los Gobiernos estatales asumir esa responsabilidad. Creo que se tienen que tomar los controles para que esto se verifique y a quien no cumplan se le impongan las sanciones correspondientes».

Si bien la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no es lo más deseable, no se cuestiona su compromiso y entrega.

Aunque es importante destacar que en estos 10 años en el país se han incrementado violaciones a los derechos humanos, tales con ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, trata de personas, desplazamiento interno forzado y abuso a migrantes.

De acuerdo con el titular de la CNDH, el combate al problema de la inseguridad y violencia debe ser integral y pasar por la capacitación policiaca; la inteligencia financiera y la investigación criminal; el combate al tráfico de armas y el replanteamiento del sistema penitenciario.

Por tal motivo, es necesario que se pondere de la forma más profunda posible la Ley de Seguridad Interior, especialmente su alcance y contenido. Un punto que deber tener capital importancia en este texto, es que no debe propiciar que se restrinja el legítimo ejercicio del derecho a la protesta social, la libertad de expresión y la libertad de tránsito.

También, debe excluirse de la ley la posibilidad de que las Fueras Armadas participen en la investigación de los delitos, en sustitución de las autoridades civiles representadas en el Ministerio Público.

jcrh