CIUDAD DE MÉXICO,-  Se dio la remoción de Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, una salida fácil para el gobierno federal pero la interrogante es los casos documentados como actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y masacres contra civiles ¿a quién habrán de responsabilizar?. Ningún elemento policial ha sido sancionado y procesado penalmente.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna consideró positiva la remoción, toda vez que se envía un mensaje positivo ante el cúmulo de violaciones graves a los Derechos Humanos que esa corporación venía sumando en los años recientes.

“Incluso, tiene que ser leído como un mensaje de cero tolerancia ante los abusos policiales y al abuso del poder; sin embargo, ésta es una salida fácil por parte del gobierno federal ya que, a pesar de que se han documentado actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y masacres contra civiles, ningún elemento policial ha sido sancionado y procesado penalmente”, añadió.

La también integrante de la Comisión de Justicia del Senado consideró correcta la decisión del secretario de Gobernación, pues señaló que “las graves violaciones a los Derechos Humanos tienen un costo político y es sano que el Comisionado lo asuma, pero también acarrean un costo judicial y de sanción por los delitos cometidos, en otros casos semejantes ha ocurrido al revés, sancionan a servidores públicos de bajo nivel y salvan a los funcionarios de mayor jerarquía”.

“Lo que parece sintomático es que la impunidad en estos casos es la constante, ya sea para proteger a los funcionarios y como ejemplo basta citar la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán o para ‘sacrificarlos’, pero la concepción de acceso a la justicia, de reparación para las víctimas y de no repetición de estas graves violaciones a los Derechos Humanos siempre es limitada y parcial”, advirtió.

Pareciera, dijo la legisladora perredista, que las violaciones a los Derechos Humanos en este país se «castigan» a contentillo y solo por partes, lo que sin dudarlo representan una afrenta del Estado mexicano a sus obligaciones internacionales. La justicia y la aplicación de la ley tiene que ser proporcional a los delitos y las violaciones cometidas y no puede depender de si eres «amigo» o «cercano» del presidente o si no lo eres.

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