CIUDAD DE MÉXICO,-   Se investigará y en su caso se sancionará los actos constitutivos de delitos en agravio de niñas, niños y adolescentes, porque son prioridad para la protección y restitución integral de sus derechos. En el marco del encuentro “Frontera, trabajo y niñez”, realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Costa Rica, se dio a conocer que el trabajo infantil afecta a dos millones de niñas y niños en nuestro país.

La Diputada del PRD, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Penélope Campos González, comentó que en la Ciudad de México (CDMX), se tienen listas las modificaciones a 38 leyes y códigos de un total de 53 donde se establece la normatividad con que habrá de operar el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA-CDMX), que obliga a toda autoridad local a que en el ejercicio de sus funciones garantice el principio del interés superior de la niñez.

En ese sentido, dijo que la ley considerará sanciones más severas a los centros laborales donde se encuentren niñas, niños o adolescentes trabajando antes de la edad mínima prevista en la Constitución Política de nuestro país, específicamente en el artículo 123.

“Además, se creará la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del DIF-DF, que dentro de otras funciones tendrá que denunciar ante la autoridad ministerial aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes.

Se solicitará la imposición de medidas precautorias, cautelares, de seguridad y de protección, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes. Estas medidas se deberán decretar a más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente.

Precisó, que las políticas públicas por las que se está trabajando desde la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la ALDF, conjuntamente con el DIF, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), las Organizaciones de la Sociedad Civil y las secretarías de Desarrollo Social, de Educación, de Finanzas, así como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), garantizarán el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes anteponiendo el interés superior y asegurando la asignación prioritaria de recursos para su óptimo funcionamiento.

Por último, mencionó que se está elaborando un protocolo para que cualquier niño con signos de violencia, como en el caso Matatena, tenga una atención integral que va desde su salvaguarda, seguridad y tratamiento físico en las diferentes instancias de salud, pasando por el apoyo psicológico, hasta el seguimiento de su caso por el Ministerio Público y la resolución de un juez.

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