CIUDAD DE PANAMÁ,-   A casi cuatro meses de que salió a la luz el caso Panamá Papers, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y la Procuraduría General de la República (PGR), deben informar sobre los avances de las investigaciones a los exfuncionarios públicos y empresarios involucrados, por posible evasión fiscal y delitos financieros.

La Diputada federal del Partido MORENA, Araceli Damián González, subrayó que el pasado tres de abril en los medios de comunicación se dio a conocer dicho caso, pero que fue hasta un mes después que el SAT y la PGR iniciaron las investigaciones, tras la filtración de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca que evidenciaron a 33 mexicanos.

Entre ellos, agregó, están el exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya; el exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, y Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo HIGA y quien es el contratista más favorecido por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Araceli Damián recordó que Hinojosa Cantú fue quien financió la compra de la Casa Blanca, ubicada en Las Lomas, y la casa del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, en Malinalco. Además, resaltó, el empresario había ocultado 100 millones de dólares en paraísos fiscales, poniéndolos a nombre de dos ancianas de más de 80 años.

“Se sabe que el 12 de mayo la autoridad tributaria de México, el SAT, pidió al regulador bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en paraísos fiscales”, mencionó la integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

La legisladora capitalina resaltó la importancia de que se realicen las investigaciones correspondientes, dado que el establecimiento de empresas “fantasma” para mover dinero a paraísos fiscales o para comprar propiedades, podría prestarse para el lavado de dinero o para ocultar fortunas producto de la corrupción y robo al erario.

“Si bien no necesariamente en todos los casos signifique que hayan podido incurrir en un delito, es un hecho que la mención de todos ellos en los llamados Panamá Papers hace indispensable una investigación muy seria, que aclare los hechos y deslinde responsabilidades”, puntualizó.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Salud (SS) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) aclarar la relación de trabajo de la primera con los Grupos Nadro y Marzam, las dos principales distribuidoras de medicamentos de México, cuyos directivos también figuran en los Panamá Papers.

“Un caso que llama la atención es el de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, dueño de Grupo Nadro, la principal distribuidora de medicamentos de México, quien financió la compra del Grupo Marzam, el segundo distribuidor de medicamentos del país, una venta disfrazada que aparentemente se hizo sin notificarlos a las autoridades mexicanas”, abundó.

La diputada de Morena señaló que dicha venta también pudo pasar inadvertida para la COFECE, precisamente porque se hizo mediante una triangulación sugerida por el despacho de abogados Doporto & Asociados en México, que dirige Luis Doporto, hijo de Héctor Doporto, Coordinador de la representación patronal ante el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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