CIUDAD DE MÉXICO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el hecho de que el Estado se encargue de dar acceso a menores de edad a métodos anticonceptivos y orientación sobre salud sexual y reproductiva.

De esta forma, se aprobó de manera unánime el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán, que declara constitucionales ocho artículos de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en diciembre de 2014.

Según Rosario Becerril Alba, una panista de Aguascalientes que promovió el amparo, los artículos impugnados «implícitamente discriminan a los padres de su función, respecto de la guía y enseñanza a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, y explícitamente discriminan al niño o adolescente varón por su simple sexo, promoviendo el empoderamiento de las niñas y adolescentes mujeres».

También acusó que la ley, resultado de una iniciativa del Presidente Peña Nieto, alenta la promiscuidad, la anarquía moral y las relaciones no apropiadas para la niñez.

El acceso a la información, así como a los insumos de salud sexual, se encuentra relacionado con la protección a la salud, integridad personal, e inclusive la vida de los menores de edad; de ahí, que el derecho humano al nivel más alto posible de salud física y mental no podría verse satisfecho si se prescindiera de tales elementos de los servicios de salud», replicó la Corte

Agregó que el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha enfatizado la necesidad de educar a los adolescentes para evitar embarazos precoces no deseados, contagio de VIH y de enfermedades de transmisión sexual.

jcrh