MÉXICO.- La Ley de Seguridad Interior, aquella por medio de la cual se busca dotar de un marco jurídico al accionar de las Fuerzas Armadas, se ha estancado. ¿La razón? las diferentes posturas políticas alrededor del asunto.

Por un lado, el Partido de la Revolución Institucional (PRI) busca la aprobación de la reglamentación, la cual como señalamos líneas arriba, le proporcionaría a la Fuerzas Armadas un marco jurídico adecuado para llevar a cabo su lucha contra el crimen organizado y otras amenazas al Estado.

Enrique Peña Nieto, presidente de México, ha expresado su deseo de que esta ley sea aprobada antes de abril. El Ejército y la Marina, por su parte también han apremiado a las cámaras de diputados y senadores.

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, visitó la semana pasada la Cámara de Diputados. Una reunión con la oposición se extendió por cuatro horas, pero el ministro no pudo arrancar un compromiso a los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), el partido que se ha mostrado dispuesto a cooperar en la elaboración de la ley. “Todavía no están las condiciones para la aprobación”, dijo el diputado Jorge Ramos del blanquiazul.

En lo que corresponde a la izquierda mexicana, la ley carece de contrapesos y es tan ambigua que podría dar paso a la fuerza desmedida de parte de las autoridades castrenses, al tiempo que aumenta la discrecionalidad de los mandos militares y del presidente.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), que ha presentado en el Senado una iniciativa que fija un semestre para que el Ejército deje las calles y vuelva a los cuarteles, también se ha sumado a la postura del debate del Mando Único y a la necesidad de reglamentar el artículo 29 de la Constitución. Este explica el procedimiento para que el presidente decrete la suspensión de garantías en momentos de emergencia. Para la izquierda, una reglamentación de estas característica, no puede ser aprobada en solitario.

Finalmente hay que señalar que el PAN ha condicionado la aprobación de esta ley a la discusión del polémico Mando Mixto. La oposición pretende matar dos pájaros de un tiro. Una ley estaría dirigida a acotar la participación de la milicia en tareas de seguridad pública. La otra eliminaría miles de policías municipales para crear 32 cuerpos estatales bien entrenados y capacitados.