El Senado de la República aprobó, en medio de la polémica discusión acerca de la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Biodiversidad, la cual ha sido duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil y académicos debido a que pone en riesgo los recursos naturales de México.

El viernes pasado, de manera apresurada, 88 senadores aprobaron la Ley y ahora estará en manos de la Cámara de Diputados para su ratificación.

El 25 de octubre del año pasado, la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó la iniciativa a fin de expedir la Ley General de Biodiversidad, abrogar la Ley General de Vida Silvestre, además de reformar diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En entrevista con SinEmbargo, Miguel Rivas, coordinador de la campaña de Océanos de Greenpeace en el país, expuso que esa legislación debe pasar por un debido proceso de discusión, debate e información donde todas las partes involucradas puedan emitir opiniones para su construcción.

Al abrogar la Ley General de Vida Silvestre, han denunciado distintas organizaciones de la sociedad civil, se cancela la asimilación del Protocolo de Nagoya de la legislación mexicana sin impedimentos que puedan evitar la erosión genética de los bienes naturales mexicanos ni la protección para el conocimiento tradicional ejecutado en la conservación y el uso de la biodiversidad.

Rivas criticó que la aprobación de la Ley de Biodiversidad por parte de los senadores ha ocurrido como con el proceso de la Ley de Seguridad Interior: sin escuchar las voces de la sociedad civil ni de la academia.

“La poca discusión sobre la Ley de Biodiversidad habla de un trabajo legislativo en el Senado de la República que deja mucho que desear”, señaló.

El activista planteó que la Ley de Biodiversidad “es una Ley muy mala, con muchos vacíos que favorece la privatización de los recursos”, ya que, acusó, no expresa cómo se hará la regulación de los recursos genéticos para evitar que estos sean privatizados de manera injusta. El documento, recriminó, tampoco asegura que sean las comunidades quienes tengan la potestad de los bienes naturales.

Con información de SinEmbargo.

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