CIUDAD DE MÉXICO,-  Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, legisladoras  del Institucional consideran que el pago por concepto de comisiones o recargos resulta oneroso para al menos 73 mil usuarios de tarjetas de crédito o débito cuyo monto asciende a más de dos millones de pesos, que juzga improcedente.

Han solicitado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y a la Profeco sancionar y, en su caso clausurar a los establecimientos cuyo cobro de comisiones o recargos aumenten en determinado porcentaje el valor  total de la compra o servicio.

“Se ha detectado que algunos establecimientos comerciales realizan el cobro de una “comisión o recargo” que puede variar de tres a cinco por ciento sobre el valor total de la compra o servicio al momento que sus clientes utilizan o realizan pagos con tarjeta de crédito o débito”, señalaron, las legisladoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aseguraron que esa situación incumple con lo que los comercios han pactado con las instituciones bancarias, ya que en los contratos establecidos para hacer uso de las terminales punto de venta, se deja claro que el pago de este servicio no debe repercutir en el precio de los bienes y de los servicios que son ofrecidos por los establecimientos a los clientes.

“La Condusef ha declarado que este tipo de prácticas son indebidas, ya que condicionan la aceptación de dicha forma de pago y resulta onerosa para el tarjetahabiente”, externaron en un comunicado.

Además de esto, dijeron, obstaculiza la promoción de la inclusión financiera, pues el usuario de las tarjetas interpreta que el hecho de hacer uso de ellas resulta en una operación más costosa que utilizar dinero en efectivo.

Las legisladoras dieron a conocer que existen varios reportes de los consumidores ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Condusef, señalando que restaurantes, tiendas multilínea, departamentales y hasta servicios de taxis llevan a cabo esta mala práctica de realizar cargos adicionales.

Sin embargo, añadieron, esa actividad no se limita sólo a los grandes comercios o a las grandes empresas minoristas o de servicios alimenticios, ya que se han registrado casos de este abuso cometido por bases de servicio de taxis.

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