MÉXICO.- El malestar social contra el aumento al precio de las gasolinas es generalizado. El Gobierno federal, en cada oportunidad que tiene trata de justificarlo y defenderlo. En este caso, dicha labor ha correspondido al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

De acuerdo con el informe “Aspectos relevantes sobre la liberalización del precio de las gasolinas y el diesel en 2017”, realizado por la Dirección General de Finanzas de dicho agrupamiento, los subsidios a la gasolina son regresivos, pues benefician principalmente a los estratos de la población con más altos ingresos y, además, perjudican el medio ambiente y la salud de la población.

De igual forma, el subsidio a la gasolina genera tres grandes costos a la sociedad: la contaminación atmosférica, que ocasiona problemas de salud a los habitantes; la congestión vehicular, que eleva los costos en productividad y, en tercer lugar, están los accidentes con costos en vidas humanas y discapacidades físicas”, precisa el informe.

Por otro lado, señala que con el subsidio se transfieren recursos fiscales a la población de los estratos de mayores ingresos que se distribuyen en función de la capacidad de consumo de los hogares, es decir, los subsidios energéticos llegaron a representar, en promedio, 11% del ingreso de los hogares en el decil más pobre, pero sólo 2% para los de mayores ingresos.

La eliminación de los subsidios debía llevarse a cabo sustituyéndolos por instrumentos más progresivos a fin de no dañar a los estratos más pobres a través de programas como Oportunidades, Seguro Popular y 70 y más”, apunta el documento.

Según cifras oficiales que presenta el trabajo del Instituto Belisario Domínguez, de 2006 a 2012 el subsidio a los energéticos representó un monto acumulado de 14% del Producto Interno Bruto (PIB), situación que limitó la inversión pública y la sostenibilidad fiscal y ambiental.

Ante las manifestaciones por el alza de los combustibles, derivado del retiro del subsidio al costo de la gasolina, el documento señala que, aunado al retiro del apoyo gubernamental, deben establecerse impuestos que se destinen a financiar transporte público masivo y fortalecer los programas sociales que promuevan una mejor distribución del ingreso entre la población.

Asimismo, el análisis indica que, de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, las secretarías de Hacienda, Energía y Desarrollo Social deben evaluar la conveniencia de instrumentar programas de apoyo focalizados que contribuyan al adecuado suministro de combustibles básicos, a precios asequibles, en zonas rurales y urbanas marginadas.

con información del Instituto Belisario Domínguez y Excélsior

jcrh