CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dio a conocer que existen suficientes indicios, de que la muerte de 22 personas en el 2015 en Tanhuato, Michoacán, se puede tratar de un posible caso de ejecución arbitraria por parte de la Policía Federal.

Por tal motivo, hizo un llamado al Gobierno federal para que inicie una investigación. «Como resultado de la investigación realizada por este organismo nacional, con sustento en pruebas técnicas y científicas (…) se acreditaron hechos que implican violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la polícia federal», dijo González.

El pasado 22 de mayo de 2015, el Gobierno ordenó un operativo con cientos de policías federales en un rancho del municipio de Tanhuato, en Michoacán, en el que en total murieron 43 personas, entre ellas un elemento de dicha corporación.

Enrique Galindo, titular de la Policía Federal, dijo en su momento que se trató de un enfrentamiento con supuestos delincuentes, pero en los meses posteriores se mostró abierto a que quienes participaron en el operativo fueran investigados.

Un equipo de especialistas de la CNDH encontró irregularidades en los informes presentados por la Policía Federal, así como en los dictámenes realizados por la fiscalía de Michoacán.

El primer visitador general de la dependencia, Ismael Eslava, dijo que, por ejemplo, existen indicios de que efectivos habrían disparado más allá de lo necesario y de que a algunas de las víctimas les habrían sido colocadas armas de fuego después de su muerte.

En otros casos, los cuerpos muestran huellas de tortura en varias partes, otros presentan disparos directos, algunos de ellos a la cabeza, mientras que una de las víctimas muestra indicios de haber sido atropellada en el sitio.

Dos de los detenidos fueron sometidos a tortura al presenciar circunstancias de la ejecución de tres personas y posteriormente fueron agredidos físicamente y sometidos a interrogatorio, añadió Eslava.

Activistas de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas han dicho que este es un caso claro de ejecución extrajudicial, tomando en cuenta aspectos como el índice de letalidad, que mide la cantidad de bajas que sufre el supuesto grupo criminal contra las del cuerpo de seguridad que las enfrenta.

En mayo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde sus oficinas en Ginebra, pidió al Gobierno mexicano investigar y sancionar a los responsables de múltiples ejecuciones sumarias, las cuales podrían incluir a altos mandos militares.

Uno de los casos más sonados ha sido el de Tlatlaya, ocurrido en 2014 en el Estado de México al norte de la capital, donde un grupo de 22 personas murieron a manos de militares, quienes supuestamente asesinaron a varios de ellos luego de que se habían rendido. Varios militares quedaron detenidos pero fueron liberados posteriormente por un juez en un caso que ha sido apelado por la fiscalía federal.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, aceptó las recomendaciones de la CNDH, pero dijo que la policía actuó en «legítima defensa».

Los hombres que murieron estarían vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal que se ha expandido en los últimos años y que días antes del operativo había tenido un enfrentamiento con policías federales y militares, matando a varios de ellos y derribándoles un helicóptero.

«En nuestra consideración se observa que el uso de las armas fue necesario y proporcional (…) dado que los agresores contaban con armamento reservado para uso exclusivo de la fuerza», argumentó.

jcrh