CIUDAD DE MÉXICO.-  Desde que Jesús Murillo Karam buscara sepultar a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa con su «verdad histórica», el caso Tlatlaya al parecer recibe el mismo trato por parte de las autoridades, la Comisión de Derechos Humanos insta a laPGR que aporte pruebas sobre los militares que pusieron término a la existencia de los «rebeldes».

Este hecho es preocupante para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, porque la impunidad prevalece en la muerte de la veintena de «supuestos criminales», algunos de ellos víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de militares ocurridos en Tlatlaya en 2014, caso que la agencia considera clave para mostrar el compromiso de las autoridades en cuestión de aplicar la ley.

«Estamos profundamente preocupados que casi dos años después de que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en Tlatlaya en el Estado de México, incluida la presunta ejecución sumaria de al menos 12 personas, el caso continúa sumido en la impunidad y a las víctimas se les siguen negando sus derechos a la justicia y la verdad», señaló en rueda de prensa en Ginebra la vocera del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani.

La Procuraduría General de la República señaló inicialmente que el tribunal absolvió a los tres militares y que ya no podía apelar el fallo, sin embargo, horas después señaló que tras revisar la decisión judicial aún tiene una posibilidad aportar nuevas pruebas para intentar volver a arrestar y procesar a los tres militares.

El 30 de junio de 2014, el Ejército informó de la muerte de 22 presuntos delincuentes en un supuesto enfrentamiento en Tlatlaya.

Sólo un soldado resultó herido y tres mujeres sobrevivieron, aunque a raíz de una investigación de The Associated Press surgieron contradicciones sobre esa versión y tras investigaciones propias, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la procuraduría señalaron que hubo al menos una docena de ejecuciones extrajudiciales.

Siete militares fueron procesados en un principio, aunque sólo tres fueron acusados de homicidio. La portavoz del Alto Comisionado llamó a las autoridades a garantizar una investigación imparcial que examine la posible participación de altos mandos militares.

Dicen que el tiempo es la mejor medicina cuando se trata de curar un episodio por demás bochornoso y donde el mayor indicativo es no investigar, al contrario, llenar el caso de tantos expedientes, que difícilmente alguien se atrevería a leer para sacar en claro que los culpables están a cubierto de cualquier imponderable.

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