CIUDAD DE MÉXICO.- Según cifras oficiales, en el país existen cerca de 28 mil personas, cuyo paradero se desconoce. Un número que pone en evidencia la poca capacidad o voluntad del Gobierno federal, por llevar a cabo investigaciones eficaces.

Las organizaciones de Amnistía Internacional, el Instituto de Justicia Procesal Penal, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Due Process of Law Foundation, y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), destacaron que la falta de una debida diligencia en la investigación en estos casos de violaciones graves a derechos humanos ha contribuido a la persistencia de la impunidad, así como a la falta de verdad y reparación para las víctimas, particularmente de los casos perpetrados durante la llamada guerra sucia, la cual tuvo lugar en la década de los setentas del siglo pasado.

Por tal motivo, las organizaciones también advirtieron la necesidad de crear una Fiscalía General de la República auténticamente independiente, por lo que hicieron un llamado al Senado de la República para que al discutir y aprobar la creación de la Fiscalía –que sustituirá a la actual Procuraduría-, y que garantice la independencia y autonomía de la nueva institución.

En el mismo sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al Ejecutivo para que se reconozca la importancia y urgencia de aceptar la Competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y que se reconozca que el país atraviesa por esa situación.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la CNDH indicó que de aceptar la competencia del comité sería «para recibir y examinar comunicaciones de o en nombre de las personas sujetas a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de violaciones por el Estado de las disposiciones de la Convención, como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior de nuestro país».

En un comunicado, el organismo que encabeza el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expresó su solidaridad con los familiares de víctimas de desaparición forzada.

Debe reconocerse la existencia de este flagelo en nuestro país y que un solo caso representa un reto ineludible para el Estado mexicano, cuyas instituciones de investigación y procuración de justicia son puestas a prueba ante la ciudadanía y el concierto internacional en el que México está inserto», señaló.

Hay que recordar que en febrero del 2007, México llevó a cabo la firma de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU, tratado que ratificó en marzo de 2008 y entró en vigor hasta el 23 de diciembre de 2010; por lo que aún tiene pendiente aceptar la competencia de dicho Comité con lo que las víctimas pueden presentar quejas ante el Comité, y se pueda recibir quejas de otros Estados parte en relación a México.

«Se trata de una medida indispensable para generar condiciones que garanticen la efectiva investigación y sanción de la desaparición forzada, así como un medio para que se hagan realidad los derechos fundamentales a la verdad, la justicia y la reparación integral que estos casos requieren», enfatizó.

Finalmente, la CNDH también solicitó al Congreso que la Ley General de Desaparición Forzada sea tema prioritario en el periodo ordinario de sesiones que inicia este 1 de septiembre, la cual debe dar prioridad a la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, además de agravar la pena cuando la víctima sea menor de 18 años.

con información de agencias, Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

jcrh