MÉXICO.- Defensores de derechos humanos y académicos, solicitaron al Congreso de la Unión, el detener el proceso de aprobación de la Ley de Seguridad Interior, puesto que con ella, se reduce y se desincentiva el fortalecimiento y profesionalización de las policías del país, quienes constitucionalmente -y no las Fuerzas Armadas- deberían llevar a cabo dichas tareas.

Desde el punto de vista de once agrupaciones, entre ellas la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la fundación para la Justicia o el centro de Análisis e Investigación Fundar, explicaron que la Ley de Seguridad Interior representa un “riesgo” para la población y será “poco efectiva” para lograr la reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico en 2006.

Y a este panorama, hay que sumar los mensajes de Donald Trump, quien ha dejado en claro que su administración combatirá al narcotráfico y crimen organizado, desde una enfoque militar, máxime porque parece, que la Ley de Seguridad Interior se alinea con los intereses del presidente de Estados Unidos.

Durante los 10 años de la llamada guerra al narcotráfico, se ha comprobado que genera más costos en materia de pérdida de derechos y vidas humanas que lo que se quiere combatir.

Expertos en  la materia, coinciden en que es necesario que se obligue a la transparencia y dote de seguridad a las y los ciudadanos frente a la actuación de las fuerzas armadas, antes de aprobar una iniciativa que legalice que el Ejército realice tareas de seguridad pública como son la detención, la prevención e investigación del delito, como pretende la mencionada Ley.

jcrh