MÉXICO.- La llamada Ley 3de3, se someterá a análisis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el fin de determinar su constitucionalidad.

El recurso fue presentado por legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano el pasado 16 de agosto y en su escrito solicitaron que las declaraciones fiscal, patrimonial y de interés de los funcionarios sean completamente públicas y obligatorias.

Esto, debido a que el artículo 29 de la Ley 3de3 establece que las declaraciones patrimoniales y de interés que realizan los funcionarios son públicas excepto los rubros que puedan afectar la vida privada o los datos personales de los involucrados. De acuerdo con los legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, la redacción del artículo 29 es ambigua y da pie a la opacidad, pues el servidor público puede, a libre arbitrio, reservar o hacer pública información.

La llamada Ley 3de3 forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y la publicación de las declaraciones patrimoniales fue impulsada principalmente por organizaciones de la sociedad civil, académicos y actores políticos que buscaban transparentar los recursos de los servidores públicos; sin embargo, para su aprobación se agregó un rubro que estipulaba que los datos personales o de la vida privada de los funcionarios deberán ser reservados.

Este miércoles la Corte publicó la admisión a trámite de la acción de inconstitucionalidad promovida por diversos diputados del Congreso de la Unión contra la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3de3.

jcrh