CIUDAD DE MÉXICO,- Temor y miedo, dad la actitud de Enrique Peña Nieto y el que la PGR haya interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra normas en materia de corrupción aprobadas por los Congresos de Quintana Roo y Veracruz, promovidas para su blindaje a los gobernadoresRoberto Borge y Javier Duarte, respectivamente.

¡Palabra del rey!.

Cuando les conviene entidades carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción, la defensa de Eduardo Sánchez, no puede disentir a la voz del amo y habla de irregularidades. Los Congresos de Veracruz y Quintana Roo aprobaron en los últimos días diversas reformas, las cuales no son acordes al sentido y fin de la reforma constitucional del SNA, aprobada el 27 de mayo de 2015.

Informó que la PGR realiza una investigación exhaustiva al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de la cual, por ley, no puede dar detalles. El vocero Eduardo Sánchez indicó que el propósito del recurso de inconstitucionalidad es que no haya legislaciones locales “a modo”.

Consideró que en la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones, ya que las instituciones del Estado mexicano están obligadas a cumplir, y hacer cumplir la ley. “Ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley. Esto es lo que demanda la sociedad mexicana. Ni más, ni menos”, afirmó.

De acuerdo con el constitucionalista Roberto Duque, es una buena noticia que la PGR haya actuado en ese sentido, porque estas son reformas que no tienen como soporte el combate a la corrupción, sino todo lo contrario. “Pareciera que lo que buscan es mantener en la impunidad una serie de presuntos actos corruptos. Hay muchos mexicanos que piensan que estas leyes se están haciendo para exonerar y dejar en la impunidad a determinados actores políticos”, consideró.

Indicó que tanto en el artículo 113, derivado de la reforma constitucional para crear el SNA aprobada en mayo de 2015, como en el régimen transitorio, se establece que las legislaturas locales deberán establecer sistemas anticorrupción y armonizar su normativa local en un plazo de 180 días, a partir de que entren en vigor las leyes generales, con el SNA.

El académico de la Facultad de Derecho de la UNAM consideró que, bajo los tiempos legislativos establecidos por la reforma constitucional, las leyes de Quintana Roo y Veracruz no guardan armonía con el SNA, por lo que está duda su constitucionalidad, la cual deberá ser definida por la Corte.

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, calificó de positivas, aunque insuficientes, las acciones de inconstitucionalidad que el Ejecutivo federal presentó en contra de los gobiernos y los Congresos estatales de Quintana Roo y Veracruz.

En un comunicado, Anaya Cortés explicó que «pese a la presentación de acciones de inconstitucionalidad contra los ´nombramientos a modo´ en Quintana Roo y Veracruz, es necesario que los Congresos locales desistan o den marcha atrás, según el caso, de otros nombramientos y reformas, que atentan contra la responsabilidad hacendaria y contra la Constitución».

“Debe entenderse, de una vez por todas, que en el México de hoy el que la hace, la tiene que pagar», expuso.

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