MÉXICO.- Se cumplen dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Al momento se tienen más de 100 detenidos, pero ninguna pista que indique el paradero de los jóvenes.
Alrededor de 60 de los involucrados como el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca; su esposa, María de Los Ángeles Pineda; Sidronio Casarrubias Salgado, líder de “Guerreros Unidos”; Patricio Reyes Landa “El Pato”; Jonathan Osorio Gómez “El Jona”, y Agustín García Reyes “El Chereje” –identificados como autores materiales de la desaparición– buscan otra vía para abandonar la prisión alegando tortura o detenciones arbitrarias.
Al hacer un balance, Mario Patrón, director del Centro Prodh, consideró que sería lamentable que por malas prácticas, algunos de los que se encuentran en prisión puedan obtener su libertad, lo que pondría en riesgo el acceso a la justicia para las víctimas.
El GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) documentó 17 casos de tortura; la Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas 32 investigaciones por el mismo delito; la CNDH, más de 60 casos de quejas. Sería preocupante que algún detenido saliera por tortura y eso sería una responsabilidad de la PGR”, advirtió.
De acuerdo con el titular del Cetro Prodh, 90 % de las acusaciones de la PGR están vinculadas con delincuencia organizada y secuestro, por lo que consideró muy difícil que pueda convertirse en un riesgo para su liberación, siempre y cuando no se compruebe que hubo tortura.
El representante de los familiares de los normalistas señaló que el balance, a dos años de la desaparición de los normalistas, es preocupante, porque de acuerdo con los informes del GIEI se pudo documentar una serie de irregularidades en el caso.
Destaca que la falta de certificación de las escenas del crimen, detenciones arbitrarias de personas y traslados irregulares de equipos de PGR a zonas presumiblemente vinculadas que generaron manipulaciones de evidencias.
Por otro lado, no se puede dejar de lado, el hecho de que la Procuraduría General de la República intentó construir una teoría oficial basada en declaraciones y no en pruebas científicas.
“Es una investigación que se basó en una teoría oficial de caso que a la postre, a través de pruebas científicas y contradicción de testimonios, se pudo ubicar que no tiene argumento de que el basurero de Cocula representaba el destino final de los estudiantes (normalistas)”, explicó.
Después de dos años, Mario Patrón dijo que existen los elementos científicos que dan cuenta que no pudo haber existido un incendio de la magnitud para incinerar 43 cuerpos humanos al grado de la carbonización. Destacó que la indagación presenta un rezago importante en investigación de la macro criminalidad, en la que se tendrían que determinar actos de acción u omisión de las distintas corporaciones que pudieran estar vinculadas con los hechos.
“Era una región en la que el poder político trabajaba para el crimen organizado, esa línea de investigación no está determinada; no hay duda que hubo autoridades estatales en algunos hechos. Otras corporaciones como Huitzuco, que la Policía Federal estuvo presente en tres de los episodios y el Ejército también”, enfatizó.
Además de las irregularidades que fueron evidenciadas, se desmintió la teoría de la PGR, que sin razón afirmaba que los 43 estudiantes fueron incinerados junto con sus celulares. Esto se pudo determinar debido a que siete de los aparatos presentaron actividad en la misma noche y días posteriores.
Con relación al accionar de Jesús Murillo Karam y la Procuraduría General de la República, la dependencia no tuvo la capacidad institucional para la investigación: “Estiraron una sola línea de investigación hasta que construyeron una supuesta verdad que terminó por determinarse que era una mentira histórica.
De acuerdo con la investigación, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, eran los cerebros financieros de la organización criminal Guerreros Unidos, a cargo de Sidronio Casarrubias Salgado.
Esa organización controlaba la policía de Cocula y otros municipios aledaños; incluso formó un grupo de reacción inmediata dentro de la policía de Iguala llamado “Los Bélicos”, que tenía el director de esa corporación, Francisco Salgado Valladares.
Ubicados por ir encapuchados y utilizar armas de grueso calibre, el grupo de Salgado Valladares utilizó los días 26 y 27 de septiembre de 2014 las patrullas 024, 026 y 027 para perseguir a los autobuses en los que viajaban los normalistas, cerrarles el paso, atacarlos y luego levantarlos. En Protección Civil también logró penetrar; los elementos operaban como halcones.
con información de agencias
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