MÉXICO.- Enrique Guadarrama, segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una serie de recomendaciones al gobierno de Morelos, por considerar que en la diligencia de exhumación del 24 de mayo al 3 de junio de 2016, de 119 cadáveres, hubo irregularidades que afectan directamente a la investigación de los delitos.

De esta forma,  pidió al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, brindar la reparación integral del daño así como una compensación o indemnización a los familiares de cuatro víctimas.

Por otro lado, solicitó que en un plazo de seis meses en coordinación con las autoridades municipales se recabe toda la información de los terrenos en los que se advierta que han sido utilizados como panteones de manera irregular.

Desde el punto de vista de la CNDH, funcionarios de la fiscalía del estado de Morelos, deben ser investigados como probables responsables de la inhumación irregular de 119 cadáveres, toda vez que se estableció que los elementos, enterraron los cuerpos en un predio no habilitado y sin realizar los protocolos previos mínimos, poniendo hasta 50 cuerpos en una fosa cuyo tamaño era para tres cuerpos.

En el caso de 44 cuerpos que tenían señales de muerte violenta, no se realizó ninguna investigación sobre las causas de su fallecimiento ni se buscó a los responsables, con lo cual se violaron los derechos de las víctimas y de sus familias, señaló el informe de la CNDH.

Del total de cuerpos, 117 fueron enterrados el 28 de marzo del 2014, indicó.

Morelos es uno de los estados con mayor índice de homicidios y secuestros en el país, donde opera el grupo criminal Guerreros Unidos, supuesto responsable junto con policías de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, ocurrida en 2014 en el vecino estado de Guerrero.

«Se tiene que investigar a todos aquellos servidores públicos que hayan participado en todo este proceso de inhumación de cadáveres y restos humanos», dijo Enrique Guadarrama, segundo visitador de la CNDH.

Actualmente no hay ningún funcionario detenido por este caso.

La CNDH estableció que en 20 casos no se hizo ninguna gestión para identificar a las víctimas y en los que se iniciaron carpetas de investigación, casi la totalidad presentó irregularidades o deficiencias. En 15 procedimientos no se realizó a los cadáveres la necropsia a la que obliga la ley.

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