El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU exhortó este jueves al gobierno mexicano a perseguir y sancionar abusos y actos de tortura contra detenidos en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado, presentó en conferencia de prensa el informe «Doble injusticia», en el cual se analizan los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones del caso, que desató una ola de indignación en todo el mundo.

Se trata de una doble injusticia porque además de que están desaparecidos, se «afecta el derecho de los familiares a conocer la verdad», dijo Jarab.

Explicó que han sido detenidas y procesadas 129 personas y tras analizar 34 casos, el Alto Comisionado encontró «fuertes elementos de convicción de que sí hubo tortura», además de detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos.

«A la fiscalía se les insta a hacer una auténtica investigación de los actos de tortura u otras violaciones de derechos humanos (…) Los funcionarios responsables permanecen impunes», expresó Jarab al resaltar la primera recomendación del informe.

La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, se apoderaron en la ciudad de Iguala de autobuses que usarían para movilizaciones políticas, pero fueron detenidos por policías locales.

Según la hipótesis oficial, los policías entregaron a los estudiantes al cártel criminal Guerreros Unidos, que los habría asesinado y calcinado para luego arrojar sus cenizas a un río cercano. Pero expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cuestionado esa versión.

La Procuraduría General (fiscalía) mexicana emitió este jueves un comunicado en el que señala que «preocupa» que se emitan conclusiones «sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial».

Señala además que el informe de la ONU retoma cuestiones ya señaladas por la CIDH, que ha hecho recomendaciones que son «atendidas por las autoridades competentes».

«El Informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso», resume.

En un comunicado, Amnistía Internacional manifestó su respaldo a este informe porque confirma lo que activistas y defensores de derechos humanos llevan años denunciando: «el uso generalizado de la tortura por parte de autoridades mexicanas y la manipulación de pruebas para encubrir terribles violaciones de derechos humanos y garantizar la impunidad de sus autores».

– Tortura –

La Procuraduría General es señalada de manera particular en el informe, que encontró que los casos documentados de violaciones ocurrieron después del 5 de octubre de 2014, cuando las autoridades federales se hicieron cargo de la investigación iniciada por la fiscalía de Guerrero.

«En todos los casos analizados, los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura», destaca el informe.

Jarab explicó que en 33 de los casos, los dictámenes médicos de la misma fiscalía constatan varias lesiones. Las víctimas de tortura son policías municipales y presuntos integrantes de Guerreros Unidos.

Los involucrados en estos abusos serían elementos de la fiscalía, de la policía federal y militares de la Marina.

En sus recomendaciones, el Alto Comisionado llama a la fiscalía y al Poder Judicial a desestimar las «confesiones viciadas» obtenidas bajo tortura, aunque, resaltó Jarab, ello no significa que los detenidos sean liberados en lo inmediato.

Esa es, dijo, decisión del Poder Judicial, el cual debe analizar otros elementos y pruebas, así como peritajes independientes como el de la CIDH.

«La tortura debe ser rechazada cualquiera que sea el delito que se persiga», resaltó Jarab, al tiempo que exhortó al Estado mexicano a crear una fiscalía general «independiente y profesional» para combatir la impunidad y las desapariciones.

Jarab manifestó un «optimismo moderado» sobre el compromiso del Estado mexicano, pues hay señales positivas como la ley general contra la tortura votada en 2017, que adopta altos estándares internacionales y la aplicación de un nuevo sistema de justicia penal que ha reducido los casos de tortura.

Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno de entonces lanzó un polémico operativo militar antidrogas, se han registrado más de 200.000 asesinatos y miles de desapariciones, según cifras oficiales que no precisan cuántos de estos crímenes están relacionados con el combate a la delincuencia organizada.

Con información de AFP.

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