El día de ayer, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Una vez que el Senado de la República la evalúe deberá aprobarla, y de ser así, el Ejecutivo Federal tendría más atribuciones legales para disponer, a discreción y sin controles legislativos de la totalidad de la fuerzas armadas [Ejército, Armada y Fuerza Aérea] y de las instituciones de seguridad pública para preservar el orden y prevenir “el surgimiento de amenazas”.

El riesgo, señalan analistas, es la violación de derechos humanos a partir de una estrategia autoritaria. Con 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones, los diputados aprobaron el dictamen, y desecharon las reservas interpuestas.

Si consideramos que “la fuerza debe de ser el último recurso, que la criminalidad debe de enfrentarse sobre todo a través de investigación y que los derechos humanos deben de ser un dique infranqueable al ejercicio del poder, entonces [la Ley] es una mala noticia”, porque “el uso de las fuerzas armadas como recurso para enfrentar problemas de seguridad, puede ser una constante características de estados con un rasgo más autoritario”, comentó el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con el nuevo marco legal, el Ejército podrá seguir con su papel de policía tan pronto como lo determinen el Presidente de la República y un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina; Seguridad Pública; Hacienda y Crédito Público; Relaciones Exteriores; Comunicaciones y Transportes; el Procurador General de la República y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

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