CIUDAD DE MÉXICO,-   El titular de la Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, en un término de 10 días debe enviar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), un informe pormenorizado sobre los gastos ejercidos para promover la supuesta Fiscalía Anticorrupción de esa demarcación, encabezada por Zuleyma Huidrobo González

El Pleno de la Diputación Permanente de la ALDF. Acordó un punto de acuerdo que el diputado del PRD, Iván Texta Solís, se exhortó también a la Contraloría General capitalina para que, a la brevedad, emita un resolutivo respecto de la responsabilidad administrativa de los funcionarios de esa delegación que intervinieron o omitieron violaciones a la normatividad local, mientras que a la Procuraduría General de Justicia capitalina se le pide actuar en torno al posible desvío de recursos públicos utilizados en la promoción de la referida Fiscalía.

“El combate a la corrupción no es un juego y su aplicación debe ser un compromiso de quienes realizamos una función pública, por ello no debemos permitir que un delegado engañe a sus gobernados con falsas promesas, pues su supuesta Fiscal Interna Anticorrupción no ha hecho públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal ni de intereses, a pesar de que los mandos altos de la demarcación ya lo hicieron”, manifestó el legislador.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en la ALDF recordó que aunque la Delegación Cuauhtémoc debe gobernarse con apego a la legalidad, sin manipulación política ni uso de los recursos públicos para promoción personal, desde el año pasado su titular ha anunciado acciones a través de la supuesta Fiscalía, desviando de forma ilícita el presupuesto que pertenece a las y los ciudadanos.

Asimismo, manifestó que a pesar de que el delegado debe concentrar todo su empeño en sacar adelante su administración, con transparencia y legalidad, en Cuauhtémoc, Monreal Ávila no lo ha hecho. “Ya tiene problemas por cargos que no existen, pero que sí ejercen funciones; sabemos de su falta de capacidad como gobernante y el nulo interés por los temas que le preocupan a los ciudadanos, así como de su desdén en materia de seguridad pública, pues es el único delegado que no asiste a las reuniones del gabinete de seguridad que cada semana realiza el Gobierno de la Ciudad de México”.

La Ley Orgánica de la ALDF , aseveró Iván Texta, nos compromete y obliga a representar los intereses de los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los problemas, mientras que la Ley Orgánica de la Administración Pública local establece que la Contraloría General tiene la facultad de fiscalizar e inspeccionar los ingresos de la Administración Pública del Distrito Federal y su congruencia con el Código Financiero del Distrito Federal, procediendo en su caso, al fincamiento de la responsabilidad administrativa.

Al respecto, recordó que el principio de legalidad que rige el actuar de los servidores públicos determina que los órganos o autoridades estatales sólo pueden hacer aquello que expresamente les permita la ley, por lo que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la PGJDF , corresponderá al Ministerio Público investigar los delitos del orden común cometidos en la Delegación Cuauhtémoc.

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