No podíamos creer lo que veíamos, en la portada de varios diarios de la capital del pasado viernes 17 de junio aparecían un grupo de elegantes y trajeados ciudadanos portando mantas de protesta en las escalinatas mismas del monumento del Ángel de la Independencia. Estamos acostumbrados a que ese sufrido monumento sea utilizado para muy distintos propósitos y por los más disímbolos personajes: lo han utilizado en miles de ocasiones los aficionados al futbol para celebrar cualquier modesto triunfo que obtenga la hoy tan decaída y desprestigiada Selección Nacional de ese deporte.
También han hecho uso del mismo los partidos políticos para dar el “Grito de la Independencia” o para celebrar una victoria electoral, como en el caso del PAN. No han faltado grupos lésbicos-gay que ahí han demostrado sus penas y sus alegrías, sin faltar los maistros de la CNTE o los familiares de los normalistas de Ayotzinapa. Antorcha Campesina, los encuerados de los 400 pueblos y los electricistas del SME han dejado sentir su paso por el monumento. Pero todos estos grupos a los que estamos acostumbrados resultan notoriamente diferentes a los que manifestaron su protesta el pasado viernes y, vaya que eran diferentes; pues se trataba nada menos que de un grupo de más de doscientos miembros de la Coparmex que exigían un Sistema Nacional Anticorrupción Completo.
Como parte de los compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto y de los acuerdos del Pacto Por México con el que se inició el presente gobierno, se consensó la creación de un sistema para combatir a la corrupción en forma integral a través de legislación realista y efectiva. El resultado que se obtuvo en el largo periodo en que se trabajo fue la elaboración de 7 leyes secundarias de dicho sistema. Para discutirlas y aprobarlas fue necesario convocar a un periodo extraordinario de sesiones ya que en el periodo normal de sesiones del Congreso no fue posible realizarlo.
El paquete legislativo es muy diverso y, sin duda se alcanzaron objetivos que en mucho ayudarán al combate de este fenómeno que tanto aqueja a nuestro país. Pero uno de estos ordenamientos fue particularmente difícil para lograr acuerdos: la Ley General de Responsabilidades de Los Servidores Públicos, mejor conocida como Ley 3 de 3. Esta había sido fruto de una iniciativa ciudadana de diversas organizaciones de la sociedad civil y grupos académicos a la que se le anexaron más de 600 mil firmas de mexicanos que la apoyaban. Desde luego que se procedió al análisis conjunto entre los autores de la iniciativa y los legisladores que, en este caso, fueron los senadores como cámara de origen. Todo iba bien ya que en el dictamen legislativo se incluyeron 29 de 30 elementos que proponía la iniciativa ciudadana, pero justo esa que faltó se convirtió en la manzana de la discordia del asunto.
En efecto, la 3de3 obliga a los servidores públicos o a cualquier candidato a presentar obligatoriamente su declaración patrimonial, la declaración de impuestos y la declaración de conflicto de interés. Esto fue aceptado plenamente por los senadores, pero en donde no se pusieron de acuerdo fue en el hecho de tener que hacerlas públicas, es decir la obligación de publicarlas, darlas a conocer no solo presentarlas. En la iniciativa original se incluía la obligación de dar a conocer la declaración patrimonial hasta de hermanos y otros parientes del funcionario, que no prosperó y se dejó fuera.
Las organizaciones del sector privado siguieron insistiendo en la obligatoriedad de hacer públicas estas declaraciones y los legisladores propugnaban por la privacidad de las mismas. Pero hete aquí que después de tantos señalamientos a los legisladores de no acatar la iniciativa original el asunto dio un vuelco inesperado: en la madrugada del miércoles 15 de junio, mientras se discutía la 3de3, el senador independiente Manuel Cárdenas propuso una adición a la ley en su artículo 32 para obligar al empresariado a presentar las mismas declaraciones cuando se presten servicios o tengan contratos con el gobierno.
La bancada del PAN había venido trabajando desde el mes de abril en una iniciativa para aplicar la 3de3 a las personas físicas y morales que recibieran fondos públicos federales, estatales o municipales y estaban listos a presentarla cuando se les adelanto Cárdenas, lo que hizo que se dieran por servidos con la propuesta del independiente. Cabe aclarar que las modificaciones que proponía el PAN iban avaladas por 20 de los 38 miembros del grupo parlamentario.
El senador azul Jorge Luis Lavalle había manifestado en tribuna que 71 por ciento de los empresarios ha acumulado fortuna gracias a contratos millonarios con el gobierno y dijo “Acabemos para siempre con el famoso diezmo, con el 10 por ciento que a muchos funcionarios ha beneficiado ilegalmente, pero este estaría incompleto si dejáramos fuera al 90 por ciento restante”. En su planteamiento inicial el senador Salazar aseguraba que “es indudable que los beneficios por actos de corrupción también pueden alcanzar al sector privado” La propuesta del senador Cárdenas fue avalada por senadores de todas las bancadas excepto la del PT y en consecuencia fue aprobado por el pleno en esos términos .
Lo de no haber hecho obligatorio la publicidad de la 3de3 irritó a muchos, pero el haber incluido a los empresarios en el mismo supuesto, hizo montar en cólera y descalificar el hecho a varios líderes empresariales del país. El que le entró de lleno a la descalificación y al reclamo fue el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo De Hoyos, quien calificó lo ocurrido como “una ocurrencia de madrugada “y agregó que era una idea reprobable e irreflexiva.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, también expresó su descontento en términos poco amables para los senadores. Al día siguiente integrantes de la cúpula empresarial manifestaron su exigencia de combatir la corrupción y para ello utilizaron las redes sociales, demandando la desaparición de las modificaciones senatoriales. Pero no conformes con eso decidieron trasladarse a protestar al Ángel, en un operativo que causó sorpresa por lo inédito del mismo y por la rapidez y buena organización que demostraron al hacerlo con unas cuantas horas de anticipación y por mutuo propio.
Ahí, en el monumento, manifestaron que querían un Sistema Nacional Anticorrupción con suficientes dientes para que sea capaz de castigar la corrupción a fin de erradicarla. Tampoco faltaron las voces de algunos que expresaron que la modificación había sido “una venganza de los legisladores” Sin embargo no fueron suficientes las desaprobaciones y críticas realizadas por los empresarios y patrones, ya que por la noche la Cámara de Diputados, después de una sesión de diez horas, aprobó sin ningún cambio el paquete de leyes secundarias anticorrupción que le envió la el Senado. Aunque apenas 24 horas después, el grupo parlamentario del PRI en esa misma cámara anuncio su disposición a modificar el controvertido artículo 32 de la 3 de 3.
Por otro lado, el perredista y presidente de la Camara de Diputados, Jesus Zambrano, solicito al presidente Peña Nieto que haga uso de sus facultades y vete la Ley en cuestión. Por su parte, el coordinador del PAN , Marko Cortés, dijo que su bancada esta conforme con las leyes aprobadas. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, expreso que lo aprobado puede ahuyentar la inversión en la metrópoli, por lo que no se debe incluir a la iniciativa privada en la ley.
El tema no ha parado de ser comentado por todo México y son más los que critican a los legisladores que los que les manifiestan su acuerdo y, finalmente como era de esperarse, el presidente Peña Nieto invito a la cúpula empresarial a una reunión en Los Pinos el martes pasado. El encuentro duró dos horas y media y, de acuerdo a Juan Pablo Castañón y a Gustavo Hoyos, se le planteó al presidente la necesidad de vetar algunas de las disposiciones de la 3de3 que hacen inoperante al Sistema Nacional Anticorrupción e incluso De Hoyos volvió a reiterar que tal como quedó el artículo 32, había sido “una ocurrencia de madrugada” de los legisladores.
Todo lo ocurrido en estos días en torno a la ley 3de3 es un reflejo del estado del país y sus múltiples problemas, así como de la manera de resolverlos en el sistema de la Política a la Mexicana que cada vez se vuelve más compleja e impredecible. Si no díganlo la forma en que actuaron los diferentes actores de este proceso legislativo. Yo como exlegislador y funcionario público siempre cumplí con la ley y presenteémis declaraciones, aunque ahora la quisieron exagerar.
No me parece adecuado obligar a una persona a revelar información que debe ser privada, sobre todo en estos tiempos de inseguridad existentes y, mucho menos, de sus parientes aún lejanos como se intentaba. Pero las circunstancias reclaman la aplicación de la 3de3 como mínimo a los servidores públicos que incluye a sus dependientes (padres e hijos). No creo que el hacer las declaraciones públicas vaya a acabar con los corruptos. En cuanto a los empresarios debe buscarse un solución legal en otro lado, no caben en una Ley General de Responsabilidades de Los Servidores Públicos. Pero hay que reconocer que son una buena parte del problema.
jcrh