El pacto de VW con los propietarios y los reguladores de Estados Unidos ofrece opciones, como una recompra en efectivo o 5 mil 100 dólares y un arreglo gratuito de sus vehículos.

Gran parte de los 210 mil dueños y arrendatarios inscritos en el programa prefieren la recompra, dijo la abogada demandante Elizabeth Cabraser en una entrevista, sin dar cifras específicas. Aunque VW no ha tiene una modificación aprobada por el gobierno para los autos, los conductores podrían cambiar de parecer si se acordara un arreglo a los vehículos, dijo.

“Es un gran número en un período relativamente corto de tiempo”, dijo Deborah Hensler, catedrática de derecho de la Universidad Stanford que dicta clases sobre demandas colectivas multidistritales e internacionales. “Pero, por otro lado, sería impactante si una gran parte de los miembros demandantes optara por no acordar”.

La recompra de los automóviles es la opción más costosa para la compañía, pero el tener más conductores que prefieran esa posibilidad ayudaría al fabricante alemán a cumplir con su obligación de sacar de circulación un 85 por ciento de los vehículos contaminantes con el fin de evitar mayores sanciones. El primero de al menos 11 ajustes al sistema de emisiones se espera en septiembre, un año después de que el fraude se hizo público.

Las acciones de Volkswagen crecieron un 0.9 por ciento a 123.55 euros a las 9:10 a.m. en Fráncfort. La acción se ha desplomado un 27 por ciento durante los últimos 12 meses.

La solución a la disputa incluye cerca de 10 mil millones de dólares para los conductores de modelos VW con motores de 2 litros. Los abogados demandantes han enviado más de 800 mil notificaciones para asegurar una participación óptima en la demanda colectiva. Estos propietarios y arrendatarios tienen plazo hasta septiembre del 2018 para optar por la recompra.

Jeannine Ginivan, vocera de Volkswagen, no respondió inmediatamente un correo electrónico solicitando comentarios sobre los inscritos.

Cerca de 235 consumidores optaron por no participar en el acuerdo desde que ganaran la aprobación inicial de una corte federal de San Francisco el 26 de julio, cantidad equivalente a menos de un 0,05 por ciento de la demanda colectiva. Dicha cifra se compara al índice de rechazo de 0,6 por ciento a un acuerdo de General Electric Co. en el 2004 y a un 16 por ciento de exclusión de un acuerdo del 2010 con McKee Foods Corp.

Charles Breyer, juez de distrito de Estados Unidos, fue designado para dictaminar sobre la moción de la aprobación final el 18 de octubre.

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