* La Fiscalía aconsejó no permitir a los niños hablar con personas desconocidas por ninguna plataforma digital

La Fiscalía General de la República (FGR) recomendó a los padres de familia supervisar a los niños en todo momento.

Especialmente al utilizar el servicio de internet o redes sociales, para prevenir su contacto con material audiovisual o con imágenes violentas o sexuales.

La fiscalía emitió una serie de sugerencias, derivadas de la detección de contenido relacionado con el llamado reto “Momo Challenge”.

Que circula en una plataforma de difusión de videos por internet, destinada a menores de edad.

En un comunicado, aconsejó no permitir a los niños hablar con personas desconocidas por ninguna plataforma digital.

Ni mucho menos instalar herramientas de control parental en los dispositivos que utilicen los menores.

Los adultos responsables de los menores de edad deben hablar con ellos para enseñarles los peligros a los que están expuestos durante el uso de plataformas de difusión de videos por internet.

Agregó que ese desafío muestra, a través de contenidos de entretenimiento para niños, material audiovisual con imágenes violentas o sexuales.

Adicional el material puede generar temor o impacto visual a los menores.

¿Qué es el “Momo challenge”?

El “Momo challenge” se hizo muy famoso el año pasado; consistía en que “Momo” ponía retos que incluían el flagelarse o causarte un daño físico y enviar las fotos que probaran que lo habías hecho, de no hacerlo ganarías una “terrible maldición”.

Como de cuento de terror, el reto final consiste en subir a las redes sociales la manera en como se suicidan.

Con esto se cree que miles de imágenes violentas fueron compartidas mediante WhatsApp.

Imagen: Especial

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Según su relato, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores y 33 habían sido violadas», indica el informe de AI, que además denuncia «la sofisticación de los métodos».

«Cuando se habla de la tortura a la mujer, el método preferido por las fuerzas del Estado es la violencia sexual. Fue un hallazgo escalofriante», dijo Madeleine Penman, autora del informe, al estimar que «el cuerpo de las mujeres es un blanco de agresión» utilizado por autoridades.

Las mujeres embarazadas no escapan a esta violencia: ocho de las mujeres entrevistadas por AI dijeron haber sufrido un aborto a consecuencia de la tortura.

«Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso», estimó en un comunicado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, para quien «la violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios».

Según Amnistía Internacional, otros estudios han demostrado que las mujeres han denunciado el uso de la violencia sexual casi cuatro veces más que los hombres.

Las fuerzas de seguridad de México han sido blanco de numerosas denuncias sobre abusos y violaciones a derechos humanos, sobre todo desde que el Gobierno desplegó en 2006 un combate militarizado en las calles contra el narcotráfico.

En 2014, la ONU denunció una situación «generalizada» de tortura por parte de militares y policías en un ambiente de «impunidad».

Según AI, casi el 7% de la población de las prisiones federales son mujeres, la mayoría acusadas por delitos relacionados con drogas, y con poco acceso a una defensa efectiva debido a su condición económica.

Estas mujeres «sufren abusos sexuales habituales a manos de las fuerzas de seguridad, que buscan obtener confesiones y elevar las cifras para hacer ver que están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada», asegura la ONG.

En abril, el Ejército mexicano ofreció disculpas públicas cuando se hizo viral un video que muestra a dos militares y una policía federal torturando a una mujer, pero aseguró se trataba de un caso «aislado».

De las miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han resultado en fallos condenatorios federales, aseguró AI.

En 2012, cuando Peña Nieto asumió su mandato, hubo 287 denuncias de tortura a nivel federal. Para 2014, sumaban 2.403, según datos la fiscalía general que AI obtuvo mediante una petición de información pública. En diciembre pasado, el propio Peña Nieto, envió en diciembre del año pasado dos nuevos proyectos de ley al Congreso para prevenir y sancionar la tortura.

jcrh

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