• AMLO asegura que se ahorrarán más de 100 mil millones de pesos en relación con el de Texcoco
• Señaló que con Santa Lucía se resolverá el problema de la saturación del Aeropuerto de la Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy comenzará la construcción de Santa Lucía. Las obras del aeropuerto en lo que fue la Base Aérea superó los obstáculos legales que las retrasaron. El presidente garantizó que en 2021 estará en funcionamiento.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que su gobierno cuenta con los recursos para la construcción que hará el Ejército.

«Nos llevó tiempo iniciar la obra en Santa Lucía. Se presentaron 140 amparos, un despropósito porque había muchos intereses creados alrededor de esta obra»

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Señaló que se resolverá el problema de la saturación del Aeropuerto de la Ciudad de México. Además, informó que se ahorrarán más de 100 mil millones de pesos en relación con el de Texcoco.

«De manera que hoy iniciamos y vamos a cumplir para que en el 2021 esté funcionando este nuevo aeropuerto»

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Construcción de Santa Lucía y cancelación de Texcoco

López Obrador reiteró que el proyecto en Texcoco, iniciado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, «era el símbolo de la corrupción» y admitió:

«Cancelarlo nos costó criticas, pero el interés general de la nación debe estar siempre por encima de los personales»

Destacó la buena decisión de la población en la consulta para elegir este y no el de Texcoco, pues no tenía viabilidad. Dijo que no era el sitio más adecuado, al contrario, por los hundimientos pareciera que la anterior administración se esmeró en encontrar el peor lugar.

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Explicó que a la par de la construcción de la nueva terminal aérea se va a «reparar el daño que se causó al cerrar de manera deliberada o reducir la importancia del aeropuerto de Toluca».

El mandatario se trasladará a Santa Lucía, en el Estado de México, al término de su conferencia, para regresar al mediodía y recibir en Palacio Nacional al presidente de Cuba.

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• Quieren frenar una nueva norma

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) denunció que varios gasolineros recurren a amparos para frenar una norma que permitiría hacer una revisión exhaustiva a sus bombas de combustible.

Esto lo señaló el titular de la dependencia, Francisco Sheffield.

Se trata de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 185, que en términos prácticos, permitiría la revisión del software de las bombas.

Y es que, según la Profeco, las trampas en las gasolineras también pueden controlar el sistema de las máquinas y no solamente la parte mecánica.

De hecho, Sheffield explicó que existe otra NOM, la 005, que se encarga de revisar el hardware de las bombas.

Dicha norma ya entró en vigor. Mientras tanto, se espera que en octubre del 2020 lo haga la 185.

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Por otro lado, el funcionario aseguró que puede facilitar la lista de los gasolineros que han solicitando amparo.

«Hay una gran cantidad de gasolineros que ya se están amparando a la norma 185, que aún no entra en vigor», dijo.

Y agregó: «Con mucho gusto, si la quieren, les pasamos la lista de los que están amparados».

¿Por qué el amparo, gasolineros?

La razón de todo esto es, según Sheffield, que los gasolineros pueden controlar la cantidad de combustible que surte cada bomba de forma remota.

La distancia puede ser incluso desde una entidad a otra, como de Tijuana a la CDMX.

Esto hace que pueda dar medidas incompletas a los clientes.

«Desde su oficina puede monitorear, a través de la computadora, cada una de las bombas», explicó.

Y detalló que el dueño de la gasolinera «puede estar quitando un porcentaje de gasolina a cada litro.

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* El Consejo de la Judicatura Federal informó que más de cuatro mil quejosos pertenecen al Poder Judicial de la Federación

Un total de 5 mil 774 funcionarios públicos han interpuesto demandas de amparo en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, según información del Consejo de la Judicatura Federal.

La Ley de Remuneraciones busca reducir los altos salarios de funcionarios públicos y se trata de un ordenamiento aprobado por el Congreso de la Unión y que se encuentra suspendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De acuerdo con la información oficial, hasta el momento se llevan mil 275 demandas de amparo en donde participan como quejosos un total de 5 mil 774 funcionarios, de los cuales tres cuartas partes pertenecen al Poder Judicial de la Federación.

Según las cifras del recuento que realizó el Consejo de la Judicatura Federal, entre los quejosos destacan: 2 mil 5 secretarios de acuerdos, mil 98 oficiales judiciales, 425 magistrados, 418 actuarios y 367 jueces de distrito.

El resto de los amparos han sido promovidos por funcionarios de Pemex, PGR, INE, CFE e IPN.

La impugnación

La Ley de Remuneraciones fue suspendida recientemente por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición.

La suspensión establece que el Congreso debe elaborar el Presupuesto 2019 basándose en los tabuladores salariales que se utilizaron en el Presupuesto 2018.

Sin embargo, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados señaló que buscaran hacer efectivo el respeto al Artículo 127 de la Constitución.

En dicho artículo se establece que ningún funcionario debe tener un salario superior al del Presidente de la República, que en el caso de Andrés Manuel López Obrador fijó ya en 108 mil pesos mensuales.

Imagen: @ABCQRO

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Cuatro personas decidieron unir fuerzas para solicitar un permiso colectivo para el consumo lúdico de marihuana.

Pero sabían que con ellos no bastaría, por lo que a través de la asociación Barbarossa’s Secret Stash Club, crearon Consumidores Lúdicos de México A.C.

A través de dicha asociación sin fines de lucro, ofrecen acompañamiento legal para tramitar el amparo sobre el consumo de «María» pues «no todos tienen los recursos».

Además, 1900 personas se han registrado en la asociación pues el plan es solicitar a la Comisión Federal para Protección Contra Riesgos Sanitarios el permiso para el consumo lúdico de marihuana.

Nuevo Gobierno

Este movimiento se debe a Emilio Rascón, abogado, y otras tres personas: Alejandro Guerra, Víctor Ibarra y Roberto Ibarra.

Ellos buscan que más consumidores se registren en su asociación antes del 3 de diciembre.

Esa fecha es el primer día hábil que tendrá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su administración se ha pronunciado a favor del consumo de la marihuana.

«Vamos a hacer una solicitud colectiva. Sabemos que, dados los antecedentes, lo más probable es que nos digan que el libre desarrollo de la personalidad no es atribuible a personas morales, pero esto va más allá», declaró Emilio.

Web

Para llegar a todos los rincones del país, Barbarossa’s tiene una página en Internet en la que las personas que quieran entrar a registrarse lo puedan hacer.

En el sitio web existe un formulario que debe llenar aquel que pretenda unirse.

Después, un archivo llega al correo electrónico del nuevo integrante y un enlace cuya dirección conduce a otra plataforma, donde se sube el archivo que fue enviado en fotografía o escaneado.

Al haber concluido el proceso se concreta el registro en la asociación.

¿Cómo vamos?

El 31 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación creó la jurisprudencia sobre el consumo de marihuana de forma personal y recreativa luego de otorgar los últimos dos amparos necesarios.

A grandes rasgos, dicha resolución propicia que todos los jueces del país resuelvan de ese modo.

Con esto, la propuesta de Barbarossa’s parece realizable.

Imagen: Pxhere

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De esta forma, aquellos ciudadanos que se encuentre interesados en inconformarse ante el llamado gasolinazo, podrán estar en posibilidad de descargar el documento que se elaboró con el apoyo de Raúl Carrancá Rivas y Julián Güitrón Fuentevilla.

Los interesados sólo tienen que escribir su nombre y dirección e interponer el recurso.

Académicos, activistas sociales y el Consejero Jurídico capitalino, Manuel Granados, presentaron ayer los primeros 12 amparos de este tipo.

Hemos llegado a consenso con los juristas más connotados del país de que este problema social que afecta la economía de las y los mexicanos debe encontrar el cauce legal. «Debe ser el Poder Judicial quien se pronuncie, respetando el estado de derecho y, sobre todo, que resuelva con sensibilidad social», indicó.

Desde inicio de año, el país fue dividido en 90 regiones con precios de combustibles distintos en cada una.

Con esa medida, aseguró Granados, el Gobierno federal violentó el principio constitucional de igualdad y promovió la falta de equidad y proporcionalidad.

La Magna en la región 72, que comprende partes de Veracruz, tiene un precio máximo de 15.33 pesos por litro mientras que en la región 82, en la zona de distribución de Bajío (que abarca partes del Edomex, Puebla, Michoacán, Guerrero, Hidalgo y Nayarit), cuesta 16.59 pesos. Este diferencial es de 1.26 pesos por litro.

En la Ciudad de México el diferencial es de 6 centavos entre la zona más barata y y la más cara. El objetivo de la campaña del Gobierno capitalino es que en todas las zonas se pague lo mismo.

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Aquellos ciudadanos que cuenten con un vehículo que si bien no es nuevo o del año, pero que se halle  sobre el rango en cuanto a niveles de emisiones contaminantes y puedan aspirar a la calcomanía 00 o bien quedar exento de la verificación por dos años, serán apoyados.  El PAN queriendo aprovechar la situación busca repetir su acción del 2014, cuando exigió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitir que más autos circularan por las calles, “si se encuentran en buen estado”.

A través del diputado capitalino Santiago Torreblanca, el blaquiazul demandó que, en su lugar, el gobierno capitalino debe, primero, poner orden en los verificentros y, después, dar incentivos fiscales, créditos para concesionarios de transporte público y un semáforo de emisiones, entre otras propuestas para la movilidad de la CDMX.

De nuevo, como hace dos años, Acción Nacional criticó la decisión de “limitar la calcomanía 1 a los vehículos de anteriores a 2006. La lógica del GCDMX fue que a partir de ese año, por norma, todos debían tener una computadora de viaje. Eso es un error porque, si bien desde 2006 tenían la obligación, desde antes de ese año, muchas armadoras lo cumplían voluntariamente”, argumentó.

Informó que, a través de sus casas de enlace y gestión ciudadana, los legisladores federales del PAN ayudarán a ampararse “a todo aquel ciudadano que lo desee, a todas las personas que tengan un vehículo de 2006 y anteriores, que cuenten con OBDI u OBDII y se mantengan en los límites de emisiones establecidos en el programa”.

El legislador enumeró sus propuestas para mejorar la movilidad en la Ciudad de México. Entre ellas, “hacer la verificación anual y no semestral para no generar saturación y no cargar tanto al bolsillo de los capitalinos; bajar la carga fiscal a los vehículos no contaminantes como forma de incentivo; implementar un semáforo de emisiones para que a través de calcomanías (verde, amarillo y rojo) la persona sepa cuánto contamina un vehículo y otorgar créditos a los concesionarios de transporte público”.

“Con estos créditos, todos los concesionarios van a poder cambiar a un vehículo no contaminante y no sólo los que tengan el dinero. Así también evitaremos la creación de monopolios”, recalcó.

El diputado federal reafirmó que se deben cambiar los criterios inconstitucionales del nuevo programa de verificación vehicular, al que llamó una “cacería de brujas, recaudatorio y que no sirve de fondo”.

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