«Esta modernización del planetario nos dará la oportunidad de mejorar la estructura interna e ingresar un nuevo sistema que ya no es digital, ahora será un sistema láser con una definición fabulosa», comentó.

Dijo que el equipamiento que también incluye la renovación de la bancas obedece a entregar lo mejor al público y a enaltecer una de las sedes con mayor renombre del Instituto Politécnico Nacional.

“Es importante aclarar que el planetario no cerrará sus puertas, de hecho continuarán las actividades en el domo inflable, las actividades del mural y actividades lúdicas en el auditorio», detalló.

Romero Hernández confió en que las obras puedan estar concluidas a finales de febrero para comenzar con los festejos del aniversario durante todo 2017, pues contó que no existe una fecha exacta para celebrar la fundación del lugar.

“Hay dos fechas, una es en enero que fue cuando se hizo la entrega de la construcción, pero cuando se entregó todavía no se terminaba el mural, entonces, aunque las autoridades hicieron la inauguración interna formal en enero, fue hasta el mes de octubre cuando se abrió al público», relató.

Añadió que los detalles de las actividades por el 50 aniversario se darán a conocer más adelante, sin embargo, adelantó que incluyen eventos culturales, musicales, la creación de cápsulas informativas y pláticas astronómicas.

Por otro lado, resaltó que 2016 fue un gran año para este espacio, gracias a la participación de la gente y a que por primera vez se pudo llevar el domo móvil a comunidades indígenas o a poblaciones alejadas y de escasos recursos.

«Fue muy satisfactorio ver a niños indígenas con su ropa característica que entraban al domo móvil y se maravillaban de las estrellas y que al salir decían que querían estudiar esa carrera», subrayó.

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Pero Ucrania es solamente uno de los puntos de confrontación entre los líderes europeos y Putin, al que Merkel y Hollande han dirigido muy duras críticas. “La situación en Siria nos parte el corazón”, apuntó la canciller alemana en referencia a la falta de atención humanitaria. “La verdad es que no veo mucha diferencia entre lo que es el papel del régimen sirio y el de Rusia», añadió el francés, dando un paso más en la trayectoria de colisión que han fijado París y Berlín hacia Moscú.

En la capital alemana el malestar hacia Vladimir Putin ha aumentado significativamente en los últimos días, además, a causa de las pruebas recabadas por las autoridades sobre intentos de injerencia política a favor del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). El gobierno alemán ha expresado su temor a que Rusia trate de influir en las elecciones de septiembre y la propia Merkel ha declarado que Moscú “puede jugar un papel en la campaña electoral”. A ella se han sumado líder de Los Verdes, Cem Özdemir, y el socialdemócrata Rolf Mützenich, que ha lamentado que “los ciberataques estén afectando ya a las instituciones democráticas”.

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) ha advertido que “partidos o políticos alemanes” están en el objetivo de “campañas de ciberespionaje rusas” y que “debido a la significativa posición de Alemania en la UE, en particular en el conflicto de Ucrania, partidos, administración y ejército están especialmente expuestos a un alto peligro a través de un ciberataque de los servicios secretos rusos”.

El partido de Merkel, la CDU, prepara la legislación exprés de penas para el delito de “desinformación” en las redes sociales y avisa que, si hay manipulaciones rusas, no serán obra de “personas particulares”. Según el portavoz del grupo parlamentario, Michael Grosse-Brömer, las “fake-news” (noticias falsas) en las redes sociales son una “gran amenaza para la democracia”.

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El estudio, denominado HVTN 702, tiene como objetivo reclutar 5.400 hombres y mujeres sexualmente activos de entre 18 y 35 años en 15 sitios en Sudáfrica. Será la prueba clínica más extensa y avanzada de la vacuna contra VIH que se realice en la nación africana, donde se infectan de VIH más de 1.000 personas al día.

«Si se implementa junto con nuestro actual gran repertorio de herramientas probadas de prevención del VIH, una vacuna segura y efectiva podría ser el clavo final en el ataúd para el VIH», dijo Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID por sus iniciales en inglés) del gobierno de Estados Unidos, a través de un comunicado emitido antes de la realización de la prueba.

«Incluso una vacuna moderadamente efectiva significaría una disminución significativa con el tiempo de la carga de la enfermedad del VIH en países con poblaciones con altos índices de infección de VIH, como Sudáfrica», señaló.

La vacuna probada en el estudio HVTN 702 está basada en una prueba realizada en 2009 en Tailandia, en la que se encontró una efectividad de 31,2% para prevenir infecciones por VIH en los tres años y medio de seguimiento posterior a la vacunación.

Con la nueva vacuna se busca proporcionar una protección más grande y continua, y ha sido adaptada al subtipo de VIH que predomina en Sudáfrica.

«El VIH ha tenido un impacto devastador en Sudáfrica, pero ahora iniciamos una exploración científica que podría ser prometedora para nuestro país», dijo Glenda Gray, directora ejecutiva del Consejo Sudafricano de Investigación Médica.

«Si resulta que la vacuna de VIH funciona en Sudáfrica, podría alterar enormemente el curso de la pandemia», agregó. Los voluntarios para el estudio, financiado por el NIAID, están siendo asignados aleatoriamente para recibir el régimen de vacuna o un placebo. Todos los participantes recibirán cinco inyecciones en el transcurso de un año.

Los participantes que se infecten de VIH en la comunidad serán enviados a centros locales para atención y tratamiento, y se les asesorará sobre la manera de reducir su riesgo de transmitir el virus.

Sudáfrica tiene más de 6,8 millones de personas portadoras del VIH, pero el país ha tenido un éxito notable en el manejo de un programa de tratamiento farmacológico contra el VIH, el cual el gobierno dice que es el más grande del mundo.

La expectativa de vida, la cual disminuyó conforme crecía la epidemia, ha repuntado de 57,1 años en 2009 a 62,9 años en 2014.

Se espera para 2020 los resultados del estudio de la vacuna.
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Se dice que el grupo surcoreano afirmó en un comunicado que concedería la compensación a unos 70 proveedores, a los cuales consideraría pedirles nuevas órdenes para otros teléfonos inteligentes, aunque sin revelar mayores detalles.

Samsung Electronics no precisó a cuánto ascendería la compensación propuesta, sin embargo los observadores de la industria estiman que podría pagar hasta 300 mil millones de wones (alrededor de 265.1 millones de dólares).

El mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo terminó por suspender a principios de la semana pasada la producción de su Galaxy Note7, tras seguir recibiendo reportes de incendios de las baterías, a pesar de que ya habían sido reemplazadas o revisadas.

En un comunicado, Park Jong-Suh, vicepresidente de la división de negocio de teléfonos inteligentes de Samsung, se disculpó este martes por haber afectado a los proveedores al detener la producción del Note7 y de sus ventas.

A raíz de esto, Samsung ha visto una baja en sus beneficios operativos pese a que hasta ahora han sido devueltos menos del 10 por ciento de los alrededor de 550 mil de estos dispositivos vendidos en Corea del Sur, de acuerdo con los operadores móviles.

Para mantener a sus clientes, Samsung está ofreciendo también incentivos financieros para aquellos que intercambien un Note7 por el más reciente de sus modelos de smartphone, de acuerdo con despachos de l agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Sin embargo, a pesar de riesgos e incentivos, al parecer la mayoría de los usuarios se han dicho muy satisfechos con el Galaxy Note7, ya que “no pueden encontrar fácilmente un modelo alternativo”, según el reporte.
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Barrales Magdaleno arribó esta tarde a la Expo Reforma de la Ciudad de México, para registrarse como consejera y participar en la reanudación de la sesión plenaria de este órgano interno partidista, en la que se elegirá al nuevo presidente.

La ex funcionaria, quien es apoyada por la corriente interna “Vanguardia Progresista”, que es afín del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que ayer presentó su dimisión y tuvo oportunidad de platicar con el gobernante capitalino.

Por separado, el dirigente de la corriente “Nueva Izquierda”, Jesús Ortega Martínez, dio a conocer que esta expresión flexibilizó su propuesta de presentar a la secretaria general, Beatriz Mojica Morga, como candidata a dirigente nacional, y sin mencionar el nombre de Barrales, señaló que apoyarán la propuesta que se presente.

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El Senado de la República aprobó, con 104 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones, e informó que entre los principales cambios legales, se precisa la condición de servidor público.

El Código se aplicará a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, órganos constitucionales autónomos, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal, o que manejen recursos económicos federales.

La reforma establece como sanciones la destitución y la inhabilitación para desempeñar un cargo público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones por un plazo de uno a veinte años, a los responsables de actos de corrupción. Incluye sanciones de inhabilitación para ocupar un cargo público a los particulares y endurece las penas hasta en una mitad, en el caso de que los actos de corrupción sean cometidos por miembros de una corporación policiaca, aduanera o migratoria.

La reforma define el delito de ejercicio ilícito de servicio público como el hecho de que un servidor público sepa que el patrimonio o los intereses públicos pueden resultar gravemente afectados, por cualquier acto u omisión, y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades.

Al delito de coalición de servidores públicos lo señala como el hecho de que varios servidores públicos se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, impedir su ejecución o con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas. Para este caso prevé penas de dos años a siete años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización cuando se cometa el delito.

El uso ilícito de atribuciones y facultades se comete cuando se otorgan permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones económicas; se otorgan franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, o sobre los ingresos fiscales, precios y tarifas de bienes y servicios producidos o prestados en la Administración Pública Federal.

Asimismo, cuando se contratan obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos, contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos.

Las modificaciones también prevén sanciones para el servidor público que tenga a su cargo fondos públicos y les dé una aplicación distinta a la que estén destinados o haga un pago ilegal; al igual que a cualquier persona que sepa de esta ilegalidad y participe en dichos actos. Estas sanciones van de los seis meses a doce años de prisión y de cien a trescientos días de multa.

La reforma prevé que el servidor público que cometa el delito de intimidación se le impondrán de dos años a nueve años de prisión, multa por un monto de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito.

De igual manera, se prevén sanciones y se precisan las situaciones en las que se cometen delitos como el de tráfico de influencia, gestión de recursos a favor de un ente público a cambio de una comisión, dádiva o contraprestación; otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales; desvío de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular; y enriquecimiento ilícito, entre los principales.

Al presentar el dictamen, el Presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, aseguró que estas modificaciones amplían el catálogo de delitos, con mayores posibilidades de sancionar a los corruptos, toda vez que el derecho positivo no contempla los delitos de corrupción, “por lo que es necesario especificar definiciones, tipos y sanciones necesarias”.

Con las modificaciones se busca terminar con las prácticas de corrupción que lastiman y ensucian el Estado de derecho y la democracia del país, “lo que la ciudadanía exige es que los corruptos sean castigados de manera contundente, por traicionar la confianza de los ciudadanos y de la nación”.

Si queremos un cambio de fondo en este mal que tanto ha aquejado a nuestra sociedad, es indispensable que existan tipos penales y sanciones ejemplares para todos los servidores públicos y particulares para quienes participen en cualquier acto de corrupción, puntualizó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz González, manifestó que a través de esta reforma se busca armonizar el alcance de los tipos penales con los fines de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción y así cumplir con los compromisos internacionales que tiene México en la materia.

Señaló que, hasta el momento, no existen datos que permitan concluir con certeza razonable que un aumento en la penalidad de tales delitos, tenga como consecuencia inmediata y directa la inhibición de las conductas que la generan.

Ante esa ausencia de datos, resultaría irracional y arbitrario que el Senado pretenda aumentar las penas sin tener la suficiente información que justifique tal medida, “pero, sin lugar a dudas, las reformas contribuirán de manera decisiva al fortalecimiento del combate a la corrupción en nuestro país”, finalizó.

Al fijar la posición del PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez, señaló que con la introducción de estos tipos penales la Fiscalía tendrá las herramientas adecuadas por quienes optan por tener un beneficio indebido cuando por su encargo administran recursos públicos. La senadora María del Pilar Ortega Martínez, del PAN, precisó que la legislación robustece en general el sistema anticorrupción; el diseño que se propone servirá para que en el desarrollo de la investigación y persecución del delito sea efectiva, pues se establecen claramente nuevos tipos penales.

El senador Miguel Romo Medina, del PRI, explicó que en el dictamen se establece que el delito de cohecho lo comete el legislador federal, que en el marco del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos, gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público y exija u obtenga, para sí o un tercero, una comisión, dadiva o contraprestación distinta a la que le corresponde en el ejercicio de su encargo.

En la discusión en lo general, el senador Jorge Aréchiga Ávila, del PVEM, comentó que sin un esquema de sanciones ejemplares esta importante reforma podría correr el riesgo de quedar en letra muerta.

El senador Fernando Enrique Mayans Canabal, también del PRD, destacó que se hace una clara definición de los funcionarios públicos sujetos a este régimen normativo, así como se especifican los tipos de delitos, como cohecho y enriquecimiento ilícito.

Héctor Flores Ávalos, senador del PAN, expresó: “Lo que la ciudadanía exige es que los corruptos sean castigados de manera contundente como lo merecen, no sólo por poner por encima sus intereses particulares a los de la sociedad, sino por su traición y por perder la dignidad del cargo”.

El senador José de Jesús Santana García, también del PAN, propuso modificar el artículo 201 para precisar su redacción, y el segundo transitorio del proyecto, a fin de aclarar que, luego de esta reforma, cuando se tenga conocimiento de delitos, el ministerio público iniciará la investigación de conformidad con la traslación del tipo penal que resulte.

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