Trump firmó el miércoles decretos que ordenan comenzar la construcción de un muro en los 3.200 km de frontera con México y cortar los fondos federales de las «ciudades santuario» que se niegan a arrestar y contribuir a la deportación de inmigrantes sin papeles, tal como había prometido en la campaña.

Protegeremos a toda nuestra gente sin importar de dónde vienen y sin importar su estatus migratorio», dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una conferencia de prensa.

Más de 400 jurisdicciones estatales de Estados Unidos tienen en sus ciudades algún tipo de política de santuario, entre ellas Los Ángeles, San Francisco y otras 40 en California. San Francisco se declaró una “ciudad santuario” en 1989, y los funcionarios de la ciudad fortalecieron la postura en 2013 con su ordenanza “Debido Proceso para Todos”.

La ley declaró que las autoridades locales no podrían mantener a los inmigrantes en custodia para ser entregados a los funcionarios federales de inmigración si no tenían delitos violentos en sus registros y no se enfrentan actualmente a cargos.

El líder del senado de California, Kevin de Leon, dijo que su estado está listo para demandar al gobierno federal a fin de defender las leyes de California y prevenir deportaciones masivas de sus residentes. De esta forma, encabezados por su gobernador Jerry Brown, alcaldes desde Sacramento hasta San Diego se preparan para defender los derechos de los inmigrantes ante las medidas anunciadas por el presidente Trump.

De Leon advirtió que el senado estatal que posee una mayoría de votos de legisladores demócratas, podría aprobar un paquete de medidas urgentes para prohibir a autoridades estatales y locales el colaborar con agencias de la ley.

En California se estima que viven alrededor de dos millones 600 mil inmigrantes indocumentados, de los cerca de 11 millones que se cree se encuentran en el país.

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Ahora, bajo la dirección de Bill De Blasio, alcalde de la ciudad, ha lanzado la campaña #alwaysNewYork, la cual tiene como meta, el resistir posibles políticas de Donald Trump contra las minorías raciales, étnicas y religiosas, así como para tranquilizar a los residentes atemorizados por el próximo gobierno federal.

De esta forma, Nueva York deja en claro que las autoridades citadinas rehusarán cooperar con la administración Trump en caso que aplique políticas discriminatorias o antiinmigrantes.

Esta es mi promesa como su alcalde: Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para defender a nuestra gente”, dice De Blasio en un video. “Si se requiere que los musulmanes se registren, vamos a adoptar acciones legales para bloquear eso”, señala el alcalde. “Si el gobierno federal quiere nuestros oficiales de la policía separen a nuestras familias migrantes, nos rehusaremos a hacerlo”, subrayó el alcalde de origen italiano y casado con su esposa afroamericana.

De Blasio mantiene que los planes de deportaciones masivas de Trump complicarían la relación de la policía con la comunidad, lo que terminaría por ser contraproducente para la seguridad de una ciudad diversa y multicultural.

Trump propuso como su plan de campaña deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos, aunque tras las elecciones precisó que expulsaría o encarcelaría a dos o tres millones, con historial criminal.

Asimismo, el presidente electo propuso vetar la entrada de musulmanes que viven en países donde se reporta actividad de grupos terroristas, aunque desde su triunfo electoral ha evitado precisar si aplicará su promesa de campaña.

Al igual que De Blasio, el gobernador del estado de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, se ha comprometido a defender a las minorías raciales, étnicas y religiosas, y en especial a los inmigrantes que residen en la entidad.

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No es un secreto que los alcaldes demócratas, desde hace un tiempo mantienen una fría y distante relación con las autoridades federales de inmigración, por lo que pese a los planes del presidente electo de deportaciones masivas,  piensan seguir dando amparo a personas sin permiso de residencia a pesar de la amenaza de negarles fondos federales si no colaboran en una campaña para deportar a los extranjeros que viven en el paí­s ilegalmente.

Seattle siempre ha sido una ciudad hospitalaria», dijo Murray el lunes. «Lo último que quiero es que empecemos a entregar a nuestros vecinos».

En Providence, Rhode Island, el alcalde Jorge Elorza, hijo de inmigrantes guatemaltecos, dijo que mantendrá la polí­tica de no retener a personas acusadas por infracciones civiles en nombre de agentes federales de inmigración. Ras Baraka, de Newark, dijo lo mismo y añadió que la retórica de Trump sobre inmigración «da miedo».

Durante la campaña, Trump dio un discurso sobre inmigración en el que prometió «poner fin a las ciudades santuario» y dijo que aquellas «que se nieguen a cooperar con las autoridades federales no recibirán dólares de los contribuyentes». El entonces candidato republicano atribuyó «muchas muertes innecesarias» a polí­ticas como las de esas ciudades.

Trump no detalló sus planes para presionar a las ciudades, y en una entrevista con «60 Minutes» emitida el domingo dijo que la prioridad inmediata de su gobierno será deportar a delincuentes y asegurar la frontera.

Pero sigue habiendo mucha preocupación e interrogantes sobre su estrategia hacia las ciudades santuario.

No hay una definición legal del término, al que se oponen algunos defensores de los derechos de los inmigrantes sin un status migratorio legal, que señalan que la noción de santuario no refleja el hecho de que la gente sigue pudiendo ser deportada.

En general se refiere a jurisdicciones que no cooperan con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Eso puede implicar, por ejemplo, que no notifican a la agencia de inmigración cuando un inmigrante sin permiso de residencia va a salir tras una detención.

Algunas ciudades como San Francisco se declararon hace tiempo como refugios seguros para los inmigrantes sin permiso de residencia y emiten tarjetas de identificación locales que les dan acceso a distintos servicios públicos.

También se ha empleado el término para ciudades que prohí­ben a sus empleados, incluida la policí­a, preguntar por la situación migratoria de una persona, con el argumento de que las víctimas de delitos y los testigos pueden ser más reacios a hablar con los investigadores si tienen miedo de ser deportados.

Como no se puede obligar a estados y ciudades a hacer cumplir las leyes federales y no hay ninguna ley federal que requiera a la policí­a que pregunte por la situación migratoria de la gente, es probable que cualquier esfuerzo de Trump por presionar a las ciudades santuario se centre en aquellas que se nieguen a cumplir las peticiones del ICE, explicó Roy Beck, director ejecutivo de NumbersUSA, que quiere reducir el nivel de la inmigración.

Tampoco está claro qué dinero puede retener Trump a los ayuntamientos. La Corte Suprema de Estados Unidos ha determinado que para que el Congreso imponga condiciones sobre la entrega de fondos federales a los estados, las condiciones deben guardar una relación razonable con el propósito de ese dinero.

Por ejemplo, los federales amenazaron con retener fondos para autopistas a cualquier estado que no aplicara un lí­mite concreto de alcohol al volante. Tanto el lí­mite como el financiamiento de autopistas estaban relacionados con la seguridad en carreteras.

«Si el financiamiento es para mejorar la educación infantil, es difí­cil decir que guarda una relación razonable con la cooperación de las fuerzas locales de seguridad en las deportaciones», señaló Mary Fan, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington.

Dicho eso, el inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos estudió este año algunas jurisdicciones con polí­ticas de santuario y concluyó que algunas parecí­an incumplir una ley federal sobre que los gobiernos locales y estatales no pueden prohibir o restringir que sus agentes compartan información sobre el estado migratorio de una persona con agentes federales de inmigración.

Tener estas polí­ticas podrí­a poner en peligro millones de dólares proporcionados por el Departamento de Justicia a las diferentes jurisdicciones, según el reporte.
Unas 300 jurisdicciones tienen alguna polí­tica de santuario, indicó el Center for Immigration Studies, que también pide reducir la inmigración.

El principal argumento para los que piden que se reprima a las ciudades santuario es la muerte a tiros de Kate Steinle en 2015. La mujer falleció abatida en un muelle de San Francisco por disparos de un hombre que habí­a sido deportado antes y dejado en libertad por fuerzas de seguridad locales.

Sin embargo, los defensores de la inmigración han dicho temer que los planes de Trump impliquen que se terminará deportando a mucha gente que no ha cometido delitos violentos y se preparan para dar batalla en ciudades santuario y otros lugares.

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En un comunicado emitido por su oficina, Ban condenó la ejecución de los policías durante una protesta ocurrida la noche del jueves, y envió sus condolencias a las familias y colegas de las víctimas, así como al Departamento de policía de Dallas. “No hay justificación para esta violencia”, subrayó el titular de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Añadió que tales crímenes aumentan el nivel de sufrimiento en Estados Unidos, tras los asesinatos de los afroamericanos Alton Sterling, en Louisiana, y Philando Castile, en Minnesota.

“Esos asesinatos deben ser sujetos de una investigación imparcial y completa. Una vez más ponen el foco de atención en la necesidad de abordar la discriminación, incluyendo las disparidades raciales en la aplicación de la ley”, aseguró Ban. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dispuso a su vez que las banderas de todos los edificios de la ciudad fueran izadas a media asta para honrar a los oficiales de la policía ejecutados en Dallas.

De Blasio, casado con una mujer afroamericana, con hijos de tez oscura, destacó tras las ejecuciones de Sterling y de Castile que “ningún padre de color, o padre de un hijo de color, en este país puede ver lo que sucedió y no asustarse”.

Los asesinatos de Sterling y Castile, cuyas tragedias fueron captadas en video, sucedieron sin que aparentemente hubiera justificación para que los oficiales dispararan sus armas contra estos hombres afroamericanos. La Unión Estadunidense para las Libertades Civiles (ACLU) apuntó que “es claro que la violencia está escalando” en Estados Unidos, luego de la serie de asesinatos cometidos esta semana, reflejo de las profundas tensiones raciales en este país.

La ACLU, el mayor organismo de defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, pidió por ello iniciar un diálogo entre autoridades de Texas y activistas sociales a fin de construir confianza entre todos los estratos sociales de ese estado.

“Debemos trabajar juntos para asegurar que la violencia sin sentido que esta nación ha presenciado esa semana, y durante el pasado año, sea contrarrestada con la razón, con una reflexión honesta y con acción. No podemos esperar un momento más para iniciar este viaje”, afirmó la ACLU.

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