Si la Constitución del 17 nos la han cambiado en más de 700 ocasiones, imaginen ustedes que para ésta reciente necedad del Constituyente de la Ciudad de México, se reformaron 52 artículos sólo para cuadrarla a su capricho. No podemos tener ni la seguridad de que la Constitución de 1917 haya sido legítima, pues la del 1857 nunca fue derogada y en ella se contemplaba ya, la existencia del Estado del Valle de México.

Resulta que siendo Presidente Porfirio Díaz su esposa y sobrina carnal entró en agonía y el mandatario pidió al Arzobispo que le fuera a dar la extrema unción y a llevar los Santos Óleos, para lo cual el jerarca católico exigió a Díaz que suspendiera la odiada Constitución del 57, que venía de Benito Juárez y su Reforma; El Presidente aceptó he hizo aprobar un Estatuto Provisional, dejando en suspenso a la Constitución. Por tanto al convocar Carranza a un Congreso Constituyente, producto de la Revolución, nunca se derogó la de 1857, dejando a la del 17 con una dudosa existencia.

Los necios como Mancera y Peña Nieto, pretenden promulgar una “Constitución” que no lo es, pues se trata de la Constitución de la Ciudad de México, para cuyo efecto el Senado aprobó reformas a 52 artículos de la Constitución de 1917, solo para cambiar el nombre de Distrito Federal a Ciudad de México y más bien a la marca propia de Mancera #CDMX, dándonos a sus habitantes el maravilloso gentilicio de “Cedemexenses”. No obstante el propio Senado y luego la Cámara de Diputados suprimieron al Distrito Federal, que a pesar de su Constitucioncita, seguirá existiendo, pues desde el Pacto Federal de 1824, pasando por las Constituciones de 1836, 1847 y 1917, se estableció que mientras fuéramos sede de los Poderes de la Unión, seríamos el Distrito Federal.

Aunque un Congreso apócrifo e ilegal ya la aprobó y aunque se promulgue, nunca lo será, pues una constitución requiere el bautismo de la Soberanía y ésta solo la da el pueblo. El propio Senado en un torpe decreto, comete una serie de aberraciones y violaciones legales: Primero decreta que la Ciudad de México no tendrá soberanía, sino solo autonomía, siendo que la primera es esencial para ser Estado y tener Constitución soberana.

La soberanía no solo se le negó en el propio decreto, sino que al constituir el Congreso Constituyente, crearon un Frankenstein legislativo integrado por Diputados de carácter plurinominal de los Partidos y un Diputado independiente. Que teóricamente fueron votados, pero donde ya de plano le quitan legitimidad y ni asomo de soberanía es cuando deciden que se integre con 28 Diputados, 14 de la Cámara de Diputados Federal y 14 Senadores del Senado de la República, violando flagrantemente los artículos 62 y 125 constitucionales, pues el primero prohíbe detentar dos cargos a la vez en el gobierno y el segundo prohíbe terminantemente el desempeñarse en dos diferentes legislaturas a la vez.

Lo monstruoso viene, cuando el decreto otorga la facultad al Presidente y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ambos con facultad constitucional ninguna, a designar seis Diputados cada uno. Aquí si ya la Constitución es pisoteada y liquida toda legitimidad al llamado “Congreso Constituyente”, pues carece de la soberanía que señala el artículo 40 de la Constitución, que sostiene que la soberanía deviene del pueblo. Por otra parte ningún Poder Constituyente puede devenir del Poder Constituido.

Así la Constitución de la Ciudad de México, aunque la promulgara la Santísima Trinidad, no tendrá validez alguna, pues no nace de la Soberanía del Pueblo, está redactada por Diputados ilegítimos, presentado el proyecto por alguien que carece de facultades y no es para un Estado Libre y Soberano, sino una Entidad Federativa sin Soberanía, solo con Autonomía, como lo dice el torpe decreto del Senado y el Congreso y como ya dijimos con un Congreso “Constituyente” integrado por 14 Diputados Federales y 14 Senadores, violando los artículos 62 y 125 constitucionales, doce más nombrados, sin facultades por Peña Nieto y Mancera y 60 ilegítimamente nombrados por el dedazo de los partidos.

Por tanto oremos, pues la Constitución de la Ciudad ha nacido muerta, no pasará de un Estatuto Jurídico, sujeto a las reglas impuestas en el artículo 122 de la Constitución Política de la Federación y un día, celebraremos una misa de Requiem a esta estupidez.

Entonces: ¿Cuál CONSTITUCIÓN?

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Al margen de las críticas que se han hecho a la desorganización, falta de recursos, ausencia de muchos constituyentes y, en general, al desorden legislativo con el que venido actuando la Asamblea, el proyecto del gobierno capitalino ha sido calificado por muchos como lleno de errores, inconsistencias y contradicciones amén de contener disposiciones inadecuadas e inapropiadas para un documento jurídico de esa importancia y jerarquía legal.

Lo anterior ha hecho muy complicado su revisión y su discusión, desde la integración de las comisiones que las analizarían, pasando por los reglamentos que regirían las discusiones hasta lo difícil que ha resultado dictaminar actividades y hechos tan dispares. En el proyecto se establecen verdaderos catálogos de derechos humanos hasta protección de animales y otras disposiciones que no van en una Constitución, ni siquiera en una ley reglamentaria y quizás apenas cabrían en un reglamento. Pero también se incluyeron temas que levantaron ámpula entre los constituyentes como fue el relativo a temas relacionados con el ordenamiento territorial y sobre todo el relativo a la famosa plusvalía.

A la mayoría de los diputados les vinieron calambres cerebrales al leer que el proyecto de Mancera establecía que “esta Constitución reconoce la función social del suelo y la propiedad”. Lo que para muchos era volver a los años del más puro comunismo. Lo que provocó largos y reñidos debates, que pudieron ser resueltos al aceptarse que “esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social” Las palabras propiedad privada hicieron la diferencia.

Pero lo que verdaderamente hizo que ardiera Troya y se convirtiera en el “Escándalo del Constituyente” fue el contenido del artículo 21 frac. C7 que establecía que “Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad”. El articulo 26 agregaba que “Serán objeto de gravamen el aprovechamiento inmobiliario y la generación de plusvalías derivadas de la infraestructura urbana”. El sector inmobiliario capitalino armó las de Caín y hasta el propio Mancera dio marcha atrás y mandó una contrapropuesta de redacción lo que provocó la ira de los diputados perredistas y más aún de los de MORENA .

Finalmente se quitó la palabra plusvalía y hasta el Jefe de Gobierno dijo que él vetaría cualquier ley que gravara la plusvalía de la propiedad a los particulares. Es decir, “para atrás los fielders, antes de que vengan los batazos”

Viernes y sábado fueron verdaderos maratones de trabajo en las comisiones, pues muchas tenían como plazo el mismo sábado. De manera que esa madrugada y el domingo se consumió más café que en La Parroquia de Veracruz y con todo muchos dictámenes quedaron inconclusos. La Comisión de Carta de Derechos comenzó la discusión en lo particular 45 minutos antes de terminar el plazo que tenían para entregar sus conclusiones, lo que obligó al uso del muy socorrido reloj parlamentario y del mayoriteo de los cuatro principales partidos que integran la Comisión.

Hubo necesidad de revisar al vapor a infinidad de reservas que se habían presentado y ninguna fue puesta a discusión y las que se aprobaron fueron turnadas para su discusión posterior en el Pleno. Lo anterior provocó que temas como el uso de la marihuana, fondo de pensión para ambulantes, la eutanasia y privilegios culturales quedaran fuera del dictamen.

Originalmente las ocho comisiones dictaminadoras debían haber entregado sus conclusiones el pasado 30 de noviembre, pero la falta de consensos y las más de 1500 iniciativas que se presentaron para modificar el Proyecto del Jefe de Gobierno lo hicieron imposible. Sin embargo hubo excepciones notorias como el de la Comisión de Buen Gobierno, encabezada por el talentoso y joven perredista Armando Ríos Piter que cumplieron en tiempo y forma y con dos votos particulares que irán al Pleno. La Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno tuvo también listo su dictamen desde la madrugada del sábado por el que se modifica del Poder Legislativo de la Ciudad.

El Congreso se compondrá por 66 diputados de los cuales la mitad serán de representación proporcional; antes eran 40 y 26 respectivamente lo que incrementará el número de los muy populares plurinominales que con tanto ahínco y fervor reclamaban los ciudadanos.

La presente entrega no pretende ser un análisis ideológico-jurídico del Proyecto de Constitución que se está discutiendo, ya lo han hecho muchos, pero si intenta reiterar que no era la mayor aspiración de los habitantes de la nueva entidad federativa contar con un código fundamental. La baja votación con que se eligieron a los diputados constituyentes, que fueron escogidos por esa vía, así lo demuestra. Contiene errores garrafales como elevar a rango constitucional el ambulantaje, otorga el derecho al voto a los 16 años cuando la Constitución de la República lo establece a los 18, lo que va a provocar un aumento en la influencia de las redes sociales aun mayor del que ya desgraciadamente tienen. Lo de la protección a los animales no ha quedado muy claro, pero ojalá se salven las corridas de toros.

En fin, se dice que el ambiente que se ha vivido en Lla Asamblea ha sido muy similar al de un circo y que hubo muchas fallas, omisiones y exageraciones en su proyecto original. Pero también hubo carencias elementales en la infraestructura legislativa y el apoyo administrativo requerido. Por eso nos atrevemos a opinar que lo que hará posible contar con una “Carta Magna” para la capital es la existencia de personas distinguidas y experimentados políticos que la integran como Enrique Jackson, Santiago Creel, Armando Ríos, Efigenia Martínez, Fernando Lerdo De Tejada, César Camacho, Alejandro Encinas, Porfirio Muñoz Ledo, Roberto Gil, Augusto Gómez Villanueva, Bernardo Batiz y algunos más a quien ofrezco mis disculpas por omitirlos.

La CDMX tendrá una constitución en 2017 que va a tener una gran importancia para sus habitantes y para su zona conurbada. Siempre estaremos del lado del avance democrático y sinceramente esperamos que los Constituyentes logren los concensos necesarios y tengan la sabiduría para crear un instrumento a la altura que reclaman los tiempos complicados que vive la Nación y no sea sólo un instrumento político más en beneficio de algunos y de la partidocracia en que hemos convertido a la política mexicana.

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De igual forma en el texto, es menester que se incluya que todas las personas están obligadas al uso racional del agua y a contribuir con su saneamiento, mientras que las empresas deberán reducir el consumo de primer uso en forma progresiva y en consecuencia, tratar sus aguas residuales para su reciclaje y reutilización.

En su opinión, la propuesta sobre el Derecho al Agua que esta planteada en el proyecto de Constitución para la Ciudad de México, puede fortalecerse para evitar cualquier interpretación o laguna que dé lugar a la privatización del líquido mediante concesiones.

Fernando Rubio, secretario de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados consideró que si bien el texto atendió las propuestas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en ese sentido, aun caben mejorías que apoyen el derecho al agua a todos los capitalinos por igual.

con información de agencias

jcrh

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Los  legisladores de los grupos parlamentarios de Morena, PRD, PRI, PAN, Panal y de los designados tanto por el ejecutivo Federal como por el jefe de Gobierno coincidieron con sus matices, en que ese punto estaba generando mucha inconformidad, incertidumbre y confusión entre la población, por lo que era fundamental el sacarlo del articulado.

Enrique Provencio, presidente de esta comisión y Cecilia Soto, ambos de la bancada del PRD, señalaron que desde antes de que el mandatario local, Miguel Ángel Mancera, les enviará una solicitud para incluir lo que establece el artículo 122 de la Constitución General, en su apartado A, fracción quinta y el artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, en lugar de lo establecido originalmente en el artículo 21, ellos ya habían trabajado sobre alternativas ante lo “confuso” de este último artículo.

En sus intervenciones, los constituyentes del PAN, PRI, Morena, Panal, MC y designados del ejecutivo Federal reiteraron las críticas que en los últimos días han vertido sobre el tema de la plusvalía, en el sentido de que el gobierno de esta ciudad pretendía introducir un nuevo impuesto, en detrimento de la población en general.

con información de agencias

jcrh

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En dicho proyecto constitucional, en su mayor parte un auténtico aborto republicano, una abierta traición a los principios históricos del liberalismo mexicano del siglo XIX, un abyecto atentado en contra de nuestra Carta Magna redactada a sangre y fuego, un engendro legaloide propuesto por Mancera, otro comunista camuflado que desea lucrar con la esperanza de los marginados, se propone veladamente, entre otras monstruosidades, la desaparición de la propiedad privada en lo que fue conocida como “la muy noble y leal ciudad de México”.

La historia nos ha demostrado la catástrofe económica y social padecida por los países que impusieron la desaparición de la propiedad privada por la vía de las armas. A simple vista podemos constatar el desastre económico y social ocurrido en la Cuba de Castro quebrada de punta a punta, en razón de las tesis marxistas-leninistas-stalinistas y brejnevistas (uuuufff) que el tirano, ya próximo a cumplir 60 años como dictador, instaló en la isla más grande las Antillas. Los famosos balseros que se lanzan desesperados al mar prefieren ahogarse o morir devorados por los tiburones del Caribe, antes que resistir los horrores el comunismo cubano. A propósito:Nunca nadie votó libremente por el comunismo, éste siempre se impuso por medio de las bayonetas.

¿Más? Comparemos el crecimiento y el bienestar de la Alemania Occidental, con el de la Alemania oriental, en donde se imponía a la felicidad con las pistolas soviéticas sin poder huir del “paraíso” comunista por la existencia del muro de la vergüenza. Ahí está el caso de la República popular China, el de Corea del Norte, también comparable con la del sur, y el de la hoy extinta Unión Soviética, entre otros ejemplos, para demostrar las consecuencias de la desaparición de la propiedad privada, que, por lo general,vieneacompañada de la pérdida de todo género de libertades y de garantías individuales.

El proyecto comunista del DF sólo «reconoce la función “social” del suelo y de la propiedad». Social, sí, social… Las actividades económicas privadas existirán sólo para lograr «el bienestar, la redistribución de la riqueza y la sostenibilidad social y ambiental». ¿Y la propiedad privada, por qué no se reconoce?

La Barra de Abogados, las facultades y escuelas de derecho, las organizaciones empresariales y profesionales, los medios de difusión masiva, los integrantes del Congreso de la Unión, los mexicanos liberales tenemos que poner nuestra mejor atención en lo que ocurre en ese aquelarre llamado Asamblea Constituyente que pretende pasar por encima de lo dispuesto por la Constitución vigente, sepultar con amparos al Poder Judicial hasta asfixiarlo y, acto, seguido, por la vía democrática, en un país de reprobados, tratar de reformar en el mismo sentido nuestra Constitución de 1917… ¡Cuidado: el fantasma de Hugo Chávez habita en buena parte de los asambleístas del DF…! Continuará…

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La priista sostuvo que se olvidó que la Carta Magna local tiene un referente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de ninguna manera se puede contravenir, a riesgo de que sea objeto de una controversia constitucional.

Como ejemplo, citó que en la propuesta local se otorga el derecho de voto a los menores de 18 años de edad, pero de manera contradictoria no les permite ser elegibles; mientras que en la Carta Magna federal se reconoce la ciudadanía de los mexicanos hasta los 18 años.

Además, otorga el derecho a una vivienda digna, pero no dice de dónde se obtendrán los recursos para atender la demanda de la ciudadanía, por lo que calificó al proyecto como “presupuestalmente irresponsable y demagógico”.

La legisladora cuestionó que se cedan los espacios públicos a comerciantes ambulantes, a grupos clientelares, cuando “deben ser de toda la gente”.

A su vez, el constituyente perredista Humberto Lozano Avilés recalcó que, sin desconocer que su primera obligación es con la ciudadanía, participa en la elaboración de la Constitución capitalina como representante de los empresarios de la Ciudad de México. En ese tema, cuestionó que se otorgue un reconocimiento a los trabajadores de la vía pública, pero no se les impongan las mismas obligaciones del comercio formal.

Tampoco se da el mismo trato a los trabajadores, porque se ofrece una serie de beneficios a los denominados fijos y semifijos, como el derecho a guarderías, servicio de salud y escuela, pero esto no se prevé para los asalariados formales, advirtió.

Ante ello, confió en que se reunirá el consenso suficiente a fin de lograr las dos terceras partes que se necesitan para realizar cambios a las irregularidades detectadas en el análisis del documento que presentó el gobierno capitalino.

En contraparte, la constituyente Ana Julia Hernández, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que aunque se trata de una Constitución que está dispuesta a defender, todo es perfectible. De igual forma, dijo, promoverán las audiencias públicas para recibir todas las propuestas de organismos especializados, grupos sociales o la propia ciudadanía y llevarlos a la Constitución, y así se tenga plena transparencia en los acuerdos y decisiones de la Asamblea Constituyente.

con información de Notimex

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De acuerdo con la Reforma Política, su conformación será con 60 personas electas, 14 integrantes del Senado Mexicano, igual número de la Cámara de Diputados, seis personas designadas por el Jefe de Gobierno de laCDMX y seis más por el Presidente de la República.

En la redacción de esta Carta de Derechos participan personas de la sociedad civil, la academia, el sector empresarial, el arte, la cultura y los partidos políticos, lo cual es idóneo para reflejar la historia de nuestra ciudad, su pluralidad, así como el reconocimiento de los derechos humanos y libertades.

Es importante que se garantice la participación paritaria entre hombres y mujeres, no sólo como un principio a plasmar en la Constitución, sino de particular forma, comenzando por la integración de la misma.

Se pide al Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto y al Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera Espinosa, a que designen de manera paritaria tres hombres y tres mujeres, sentando un precedente por la igualdad.

Llamamos a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados a que las tres designaciones que están pendientes, sean de mujeres, como una acción afirmativa.

Constituir esta Asamblea bajo el principio de paridad dará paso a una nueva forma de hacer política. Es momento de avanzar del compromiso a los hechos y dejar de subrepresentar a las mujeres bajo el supuesto de ser un grupo minoritario que, en los hechos, representa más de la mitad de la población.

jcrh

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