• Poner fin a la sentencia de «Roe vs. Wade» no hace ilegal las interrupción del embarazo pero ahora cada estado será libre de autorizarla o no.
• La decisión de EU va en contra de la tendencia internacional de legalizar el aborto, con avances en países donde la influencia de la iglesia católica es fuerte, como Irlanda, Argentina, México y Colombia.
• En previsión de una afluencia de mujeres que quieran abortar estados demócratas, tomaron medidas para facilitar el acceso en su territorio y las clínicas comenzaron a aumentar su personal.

La Corte Suprema de Estados Unidos (EU) finalizó este viernes una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres al aborto.

Esta decisión no hace ilegal las interrupción del embarazo, pero hace retroceder a Estados Unidos a antes de la sentencia «Roe v. Wade» de 1973. En ese entonces cada estado era libre de autorizarlas o no.

Si consideramos que es un país muy dividido probablemente la mitad de los estados prohibirán el aborto a corto plazo. Esto sucedería especialmente en el sur y el centro más conservadores y religiosos.

«La Constitución no hace ninguna referencia al aborto; ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho», escribió el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría. Roe v. Wade «debe anularse».

«Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo», escribió. Una formulación muy parecida al anteproyecto de sentencia que se filtró a principios de mayo. Este provocó importantes manifestaciones en todo el país y una ola de indignación.

Desde entonces la situación era tensa en las inmediaciones del alto tribunal, acordonado por las fuerzas de seguridad para mantener a distancia a los manifestantes.

El 8 de junio incluso se detuvo a un hombre armado cerca del domicilio del magistrado Brett Kavanaugh y fue acusado de intento de asesinato.

Una victoria para Trump

La sentencia publicada el viernes «es una de las más importantes en la historia de la Corte Suprema desde su creación en 1790», afirma el profesor de derecho sanitario Lawrence Gostin.

«Ya ocurrió en el pasado que cambie la jurisprudencia pero para establecer o restituir un derecho, nunca para suprimirlo», dijo a la AFP.

La decisión de EU va en contra de la tendencia internacional de legalizar el aborto, con avances en países donde la influencia de la iglesia católica ses fuerte, como Irlanda, Argentina, México y Colombia.

Llega después de 50 años de lucha de la derecha religiosa, para la que representa una enorme victoria pero no el final de la batalla. Seguirán movilizándose para intentar que la mayor cantidad de estados lo prohíban e incluso en busca de una prohibición federal.

También encaja con la política del expresidente Donald Trump quien, durante su mandato, remodeló profundamente la Corte Suprema incorporando a 3 magistrados conservadores (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett) que apoyan la sentencia.

Su vicepresidente Mike Pence la aplaudió diciendo que el derecho al aborto queda enterrado «en el olvido» y se «ha corregido un error histórico».

El expresidente demócrata Barack Obama lo calificó por el contrario de  ataque a las «libertades fundamentales».

Concretamente la sentencia se basa en una ley de Misisipi que se contentaba con reducir el límite de tiempo legal para abortar. Desde la vista judicial de diciembre, varios jueces habían insinuado que tenían la intención de aprovechar la oportunidad para revisar la jurisprudencia de la Corte.

Los magistrados progresistas discreparon con la mayoría que, según ellos, «pone en peligro otros derechos a la privacidad, como la anticoncepción y los matrimonios entre homosexuales» y «socava la legitimidad de la Corte».

Leyes «zombis»

Según el Instituto Guttmacher, un centro de investigación que hace campaña por el acceso a la anticoncepción y el aborto en todo el mundo, 13 estados tienen las llamadas leyes «zombis» que prohíben el aborto y han sido redactadas para entrar en vigor casi automáticamente si la Corte Suprema daba un giro.

El fiscal general de Misuri, Eric Schmitt, anunció que se convertía en el «primero en el país en poner fin de manera efectiva al aborto». «Este es un día monumental para la santidad de la vida», afirmó.

Se prevé que una decena de otros estados sigan sus pasos con prohibiciones totales o parciales.

Por lo tanto, en una parte del país, las mujeres que deseen abortar deberán continuar con su embarazo, arreglárselas clandestinamente, por ejemplo comprando píldoras abortivas en internet, o a viajar a otros estados, donde los abortos sigan siendo legales.

En previsión de una afluencia, estos estados, en su mayoría demócratas, tomaron medidas para facilitar el acceso al aborto en su territorio y las clínicas comenzaron a aumentar su personal.

Pero viajar es costoso y el fallo de la Corte Suprema penalizará aún más a las mujeres pobres o que crían solas a sus hijos, muchas de ellas de las minorías negra e hispana, subrayan los defensores del derecho al aborto.

La principal organización de planificación familiar de Estados Unidos, Planned Parenthood, prometió que seguirá «luchando» por quienes lo necesitan.

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• Con la restricción, los migrantes centroamericanos ya no podrán solicitar asilo en Estados Unidos, pues antes debieron pedir asilo en todos los países en donde cruzaron

La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó ayer la restricción de asilo para migrantes centroamericanos.

Esta decisión representa una gran victoria para la política antiinmigrante de Donald Trump.

A partir de ahora, el gobierno estadounidense puede denegar el asilo a cualquier persona que haya pasado por otro país antes de llegar a Estados Unidos sin solicitar ahí el refugio.

Los inmigrantes de Honduras, Guatemala o El Salvador deberán por tanto presentar una solicitud a México antes de poder hacerlo en Estados Unidos.

La sentencia representa un importante punto de inflexión en la política migratoria.

Anteriormente se había permitido a cualquiera presentar una solicitud, independientemente de cómo hubiera llegado a Estados Unidos; ahora esto cambiará.

“Enorme victoria”, tuiteó Ken Cuccinelli, director interino de servicios de inmigración, prometiendo implementar las nuevas pautas lo más rápido posible.

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“Mientras el Congreso sigue de brazos cruzados, la administración de Trump está utilizando todas las herramientas a su disposición para resolver la crisis en la frontera sur”.

La decisión de la Corte Suprema representó una luz vede para que la administración siga adelanta con su política.

Trump se mostró feliz en redes sociales tras la decisión.

“¡Gran victoria para la frontera en el Tribunal Supremo sobre asilo!”, escribió.

Aunque la decisión de la Corte Suprema sólo se aplicará temporalmente mientras el tema se dirime en los tribunales, podría mantenerse hasta las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

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* Trump ofreció a los demócratas un plan migratorio que incluye prolongar el DACA por tres años

La Corte Suprema de Justicia que el programa Acción Diferida (DACA) que protege de la deportación a unos 700 mil dreamers, jovenes que llegaron de niños al país traídos por sus padres, se mantiene vigente, tras su creación en 2012.

La decisión tiene lugar, luego de que el presidente Donald Trump ofreció a los demócratas un plan migratorio que incluye prolongar el DACA por tres años.

Igual que Estatus de Protección temporal (TPS) para indocumentados centroamericanos a cambio de fondos para el muro.

La Corte Suprema decidió no abordar el debate sobre el DACA en un nuevo ciclo de sesiones que inicia en octubre próximo, por lo que se mantiene vigente luego de que tribunales de justicia anularon la cancelación del programa ordenada por Trump en septiembre de 2017.

El DACA fue aprobado por el expresidente Barack Obama en 2012 para proteger en forma temporal de la deportación a cerca de 700 mil soñadores, que llegaron al país de niños traídos por sus padres, y que además les otorga un permiso de trabajo renovable cada dos años.

Pese al anuncio de la Corte, los soñadores están a la expectativa.

Greisa Martínez, subdirectora ejecutiva de United we Dream, dijo que “es un fallo importante, pero seguimos a la expectativa porque es probable que en el siguiente período de sesiones de la Corte los magistrados revisen el programa”.

Información: Notimex Imagen: Especial

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En un mensaje publicado en su cuenta Tiwttter, el mandatario, reafirmó empero su confianza de que la corte de apelaciones del Noveno Distrito revertirá la orden del juez James Robart, convertido en días recientes en blanco de sus críticas debido a su fallo. “Si Estados Unidos no gana este caso, como obviamente debería, nunca vamos a poder tener la seguridad a la que tenemos derecho. Política!”, escribió Trump en su cuenta personal sin mencionar o aludir a Robart como en ataques anteriores. El domingo el mandatario arremetió contra Robart, advirtiendo que el juez de la Corte de Distrito con sede en Seattle cargaría sobre sus hombres la culpa por cualquier incidente de seguridad nacional que pudiera ocurrir mientras se mantiene la suspensión de su orden.

“No puedo creer (que) un juez pudiera poner nuestro país en tal riesgo. Si algo pasa culpenlo a él y al sistema judicial, gente está inundado (el país), malo!”, acusó entonces. Trump externó su malestar luego que la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito con sede en San Francisco rechazó la petición de emergencia de su gobierno para restablecer el veto a la entrada de inmigrantes de siete países predominantemente musulmanes. El martes el mandatario se dijo confiado de que la batalla legal no llegará hasta la Suprema Corte de Justicia, insistiendo que se trató de una medida con sentido común. “Vamos a ver. Esperemos que no tenga que ser así. (la orden) es de sentido común. Algunas cosas son leyes y estoy a favor de eso. Algunas cosas tienen sentido común. Esto es sentido común”, dijo a periodistas en la Casa Blanca. La corte de apelaciones escuchó la víspera los argumentos orales a favor y en contra sobre el veto, anticipándose que en los próximos días de a conocer el fallo que determinará el destino y curso de su orden ejecutiva.

Notimex/JRGA

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Hablando con reporteros en la Casa Blanca poco antes del inicio de una reunión a puerta cerrada con jefes policíacos del país, Trump pareció aceptar que serán las cortes las que tengan la última palabra sobre el futuro de su orden ejecutiva, pero insistió en la necesidad de tener este veto. “Es muy importante para el país independientemente de mí o de quien me reemplace en fecha posterior. Debemos tener seguridad en nuestro país. Este es un enorme caso judicial. Estamos bien representados y vamos a ver qué pasa”, abundó. El lunes la administración Trump pidió a la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito restablecer el veto migratorio contra inmigrantes o refugiados de siete países con mayoría musulmana, bajo el argumento de que es legal y consistente con la autoridad presidencial.

En una moción presentada por el Departamento de Justicia presentada ante la corte con sede en San Francisco, el gobierno pidió invalidar el fallo del juez federal James Robart, que suspendió preliminarmente la implementación de la orden ejecutiva. Por separado, los procuradores de Washington, Robert Ferguson, y de Minnesotta, Lori Swanson, pidieron al tribunal mantener en suspenso el veto para evitar “la separación de familias, afectación a estudiantes y profesores y bloqueo de viajes”. Su solicitud fue apoyada con una moción de “Amigos de la Corte” de un grupo de prominentes ex funcionarios de inteligencia y seguridad y por un centenar de las mayores firmas tecnológicas del país, como Apple, Google, Microsoft y Netflix.

Asimismo, argumentaron que la orden ejecutiva del presidente Trump “provoca un daño significativo a los negocios estadounidenses, la innovación y el crecimiento”. El domingo la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito rechazó la petición de emergencia de la administración para restablecer el veto a la entrada de inmigrantes de los siete países predominantemente musulmanes, manteniendo así el fallo de Robart. Se espera que el caso llegue eventualmente a la Suprema Corte de Justicia, que en este momento dispone sólo de ocho de sus nueve magistrados. En caso de un empate en el máximo tribunal se mantendrá el fallo de la Corte inferior inmediata.

Notimex/JRGA

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La cobertura mediática sin precedentes sobre la polémica y la expectación es máxima, tres jueces fallaron en contra de los intereses del gobierno de Theresa May fueron calificados como «enemigos de la gente» por el tabloide Daily Mail. Por su parte el partido  eurófobo UKIP ha acusado a los demandantes que han puesto en jaque al Ejecutivo conservador de pretender bloquear la voluntad popular.

Gina Miller, la cabeza más visible de la demanda, ha recibido amenazas de muerte.

Pero no sólo el Tribunal Superior ha sido objeto de críticas. Los once jueces que componen la Corte Suprema que ha de decidir sobre el futuro de Reino Unido están también en el punto de mira. La posición de algunos de sus magistrados ha sido cuestionada por partidos políticos y prensa pro-brexit. El propio Nigel Farage ha llamado a los suyos a manifestarse frente a la corte para expresar su rechazo a que esta institución decida cómo debe producirse la ruptura de Reino Unido con la UE.

Los magistrados de la Corte Suprema son elegidos por miembros de otros tribunales, pero la elección se basa en méritos y se entiende que el mecanismo persigue la máxima independencia. Este tribunal es la máxima instancia judicial en Reino Unido y fue creado en 2009 con la intención de sustituir a lo que se llamaba el Comité de Apelación de la Casa de los Lores -formado por doce magistrados de la cámara alta británica del mismo nombre- y en busca de una completa independencia del poder judicial con respecto al Parlamento.

De los once jueces, ocho provienen de la jurisdicción de Inglaterra y Gales, dos de Escocia y uno de Irlanda del Norte.

Lord Neuberger: Tiene 68 años y es el presidente de la Corte Suprema desde octubre de 2012. Es la segunda persona en ostentar el cargo. Estudió en la prestigiosa escuela de Westminster y más tarde estudió Química en Oxford, aunque nunca ejerció. Luego de pasar por la banca privada se adentraría en el ámbito de la judicatura.

Dice de sí mismo que fue un fracasado en el mundo de la ciencia pero aún más en el mundo financiero. Pese a recibir una educación exclusiva, se declara enemigo de la globalización y de la tecnología que pone “la riqueza en manos de unos pocos”.

Lady Hale: Es la delegada de la Corte Suprema desde 2013 y la única mujer de este tribunal. Tiene 71 años, estudió en Cambridge y dio clases en la Universidad de Manchester. La mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado dentro del derecho familiar y el bienestar social. Mantiene vínculos con el mundo académico y ha sido tachada por los críticos de “extremadamente progresista”, acusándola de atentar contra tradiciones tales como el matrimonio.

Lord Mance: Tiene 73 años y forma parte de este tribunal desde 2005. Estudió Derecho en Oxford y antes de dedicarse al derecho comercial trabajó para un bufete de abogados en Hamburgo. Además, ha representado a Reino Unido como juez en el Consejo de Europa durante once años. Los euroescépticos critican de él sus declaraciones a favor de la justicia europea, la presencia de su mujer como jueza invitada en el tribunal de La Haya y hasta que su hijo trabaje para el Financial Times o que el novio de su hija haga declaraciones anti-brexit en Twitter.

Lord Kerr: De 68 años, ha sido presidente del Poder Judicial en Irlanda del Norte. En noviembre, tras la decisión del Tribunal Superior, aseguró a la BBC que, aunque los miembros de la Corte Suprema tienen sus opiniones personales, «somos extremadamente conscientes de que tenemos que dejarlas a un lado para aplicar la ley».

Lord Clarke: Suma 73 años y ha pasado 27 de su carrera profesional dedicados al derecho marítimo y comercial. Es el magistrado de mayor edad y el primero señalado para formar parte del Supremo. No se le conocen vínculos con la Unión Europea o sus instituciones y en ocasiones anteriores se ha opuesto a tentativas de la Corte Suprema de alterar el Parlamento.

Lord Wilson: De 71 años, estudió en Oxford y se ha dedicado casi en exclusiva al derecho familiar. Es magistrado de la Corte Suprema desde mayo de 2011 y pese a haber defendido los beneficios que han reportado los derechos humanos europeos a la justicia británica siempre se ha opuesto las interferencias de la Justicia con el Parlamento, lo que podría beneficiar la postura defendida por el Gobierno de May que quiere libertad para las negociaciones del brexit.

Lord Reed: Tiene 60 años y es uno de los dos magistrados escoceses de la Corte Suprema. Estudió en Edimburgo y en Oxford y trabajó de manera provisional en la Corte Europea de Derechos Humanos. Los críticos han sacado a relucir sus vínculos con las instituciones de la Unión y algunas polémicas declaraciones sobre casos judiciales ajenos al brexit.

Lord Sumption: De 67, estudió Historia en Oxford y se ha especializado en aspectos comerciales, competencia europea y derecho constitucional. Magistrado del Supremo desde 2012 se le considera el magistrado más euroescéptico del tribunal. En una ocasión declaró que la Corte Europea de Derechos Humanos excede sus poderes y “menoscaba el proceso democrático”.

Lord Hughes: Tiene 68 años y ha desarrollado su carrera profesional en el Reino Unido y fue nombrado magistrado supremo en 2013. En casos anteriores ha dejado clara su oposición a la intromisión de la Corte en los asuntos del Parlamento.

Lord Hodge: De 63, es el segundo juez escocés de este tribunal. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Escocia y fue nombrado miembro de la Corte Suprema en octubre de 2013. Pese a no tener vínculos directos con instituciones europeas los críticos le achacan las declaraciones anti-brexit de su hijo, trabajador de Naciones Unidas.

Lord Carnwath: Tiene 71 años. Estudió en Cambridge y ejerció como fiscal para Carlos de Inglaterra. Ecologista comprometido, tiene fuertes vínculos con instituciones europeas como la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo y se ha inclinado a favor de la supremacía del tribunal frente al Parlamento en alguna ocasión.

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Sereno envió una carta al presidente filipino Rodrigo Duterte, quien la víspera divulgó en total 159 nombres de todo tipo de funcionarios públicos ligados a la venta de drogas, y aconsejó a los jueces mencionados solo entregarse con una orden de aprensión. Empero, aclaró que el juez Roberto Navidad fue asesinado en enero de 2008, mientras Lorenda Mupas fue destituida en 2007 por deficiente conocimiento de la ley, reseñó ABS-CBN news. Otros tres carecen de jurisdicción en casos referidos al narcotráfico y uno de ellos, Rene González, se retiró el pasado junio. La presidenta del máximo tribunal filipino de justicia reconoció que se investiga a un juez por su presunta implicación en el tráfico de drogas, pero su nombre no aparece en la lista divulgada por Duterte este domingo.

También alertó que la lista presidencial, validada por la policía y el ejército, puede poner en riesgo la vida de los denunciados, ya que los llamados «vigilantes» se hacen justicia propia, por lo que los pueden considerar blancos válidos. Varios gobernadores estatales y legisladores citados por el presidente filipino rechazaron toda implicación con el narcotráfico, y muchos desde la víspera acudieron a la policía dispuestos a ser investigados, reportó la prensa filipina. Por su parte el jefe de la Policía Nacional, Ronald dela Rosa, afirmó que él mismo mataría a los oficiales de policía ligados con el tráfico de drogas si no cambian su conducta. Los policías ligados a los carteles de droga solo quieren enriquecerse y no piensan en el país, dijo, y les advirtió que conoce muy bien sus propiedades, sean departamentos o vehículos.

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Hace varios meses, el presidente Barack Obama presentó su propuesta para cubrir con la plaza al juez Merrick Garland lo que no ha sido atendido por el Congreso. “A pesar de tener más experiencia judicial federal que cualquier otro candidato a la Corte Suprema en la historia, la nominación del Juez Garland ha estado pendiente más tiempo que cualquier otro candidato a la Corte Suprema”, aseguró Biden. “La falta de acción ha prevenido que la Corte Suprema cumpla con sus deberes de interpretación lo que es la ley y la resolución de conflictos en las cortes de primera instancia”, enfatizó. El vicepresidente aclaró que por el bien del país, “todos tienen que hacer su trabajo. Por eso el presidente hizo su trabajo en nominar al juez Merrick Garland”. “Ahora, los republicanos del Senado deben hacer la parte que les toca”, aseveró quien en sus comentarios estuvo acompañado del juez federal retirado Timothy Lewis.

Lewis es un juez federal retirado que fue nominado para la magistratura por un presidente republicano y confirmado por un Senado demócrata, cuatro semanas antes de una elección presidencial. “Soy la prueba viviente de que el nominado del presidente Obama a la Corte Suprema – el Juez Merrick Garland – merece la misma consideración del Senado actual”, apuntó Lewis. Biden manifestó que la experiencia de Garland “ha sido reconocido tanto por la derecha como por la izquierda, de ser una eminencia jurídica en Estados Unidos y un modelo de integridad”. El Senado republicano está violando la regla. Nadie sugiere que los senadores tienen que votar «sí» para un nominado. Siempre tienen la opción de votar “no”. Pero al no decir nada, no viendo a nadie, no leyendo nada, no escuchando a nadie, y de antemano decidir simplemente darle la espalda, no es una opción que la Constitución ofrece, anotó.

El juez Lewis advirtió que esto tiene consecuencias reales para todos. “En los cuatro meses desde la nominación de Merrick Garland, ya hemos visto cómo la falla del Senado a actuar ha causado que la Corte cumpla con sus deberes”. “Esta obstrucción histórica conlleva mayores costos de litigio y retrasos, cuyo peso recae mayormente sobre los estadunidenses comunes más que sobre las corporaciones con infinitos recursos”, alertó. Si esto continúa, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de credo, nuestro derecho al voto, nuestro derecho a la privacidad, todo podría depender del lugar donde vivimos, dijo Lewis. Biden señaló que “cuanto más tiempo lleve ocupar la vacante, más serio será el problema creando una mayor confusión e incertidumbre con respecto a nuestra seguridad y protección”.

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De esta forma su reaparición en los emparrillados, se daría hasta la semana 5 de la temporada regular, ante los Cafés de Cleveland. Brady, fue suspendido del inicio de la campaña 2016 de la NFL, por el tema del Deflategate que se dio en la final de Conferencia Americana del 2015 ante los Potros de Indianápolis. Originalmente, estaba pactado que el mariscal, perdiera los primeros 4 juegos de la campaña pasada, sin embargo una apelación en su momento, le permitió ver acción.

crédito zimbio.com

En este 2016, los jueces determinaron que el comisionado de la NFL, Roger Goodell actuó de manera correcta al castigar al mariscal de campo por su rol en la alteración de los balones usados. Ahora Brady podría acudir a la Corte Suprema de los Estados Unidos en busca de una solución al problema. El mariscal sustituto, Jimmy Garappolo ocupará entonces el puesto titular.

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Una votación empatada no deja precedente pero deja en efecto la decisión del tribunal inferior. En este caso, el Tribunal Federal de Apelaciones de Nueva Orleans había dicho que el Gobierno no tenía la autoridad de proteger a unos 4 millones de inmigrantes con la posibilidad de darles permisos de trabajo sin la aprobación del Congreso.

Texas lideró un grupo de 26 estados con gobiernos republicanos que demandaron al Gobierno federal en torno a la iniciativa anunciada en noviembre de 2014. Los republicanos en el Congreso también apoyaron la demanda de los estados.

La iniciativa incluye protecciones a padres de niños que están legalmente en el país y una ampliación del programa que ampara a gente que fue traída al país cuando eran menores. Obama decidió aprobar el plan luego que los republicanos obtuvieron el control del Senado en las elecciones legislativas de 2014 y disminuyeron aún más las probabilidades ya remotas, de que el legislativo apruebe una reforma migratoria.

El Senado aprobó una amplia reforma migratoria, con respaldo demócrata y republicano, en 2013, pero la medida quedó atascada en la Cámara de Representantes controlado por los republicanos.

Poco después de que Obama anunció su iniciativa, los estados acudieron a los tribunales.

La demanda fue evaluada por el juez Andrew Hanen de Brownsville, Texas. Hanen ya antes había criticado al Gobierno por no hacer cumplir las normas migratorias. El juez se declaró a favor de la demanda de los estados, con lo que la iniciativa quedó bloqueada. El Tribunal Federal de Apelaciones de Quinto Circuito también se puso de lado de los demandantes y el Departamento de Justicia apeló rápidamente a la Corte Suprema para que el caso pueda ser decidido en este período.

con información de agencias

jcrh

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