*A pesar de que las autoridades le dieron a los migrantes todas la garantías de que en el centro de exposiciones Expo Mesoamericana se les daría albergue temporal, muchos migrantes prefirieron no tomar esta opción por temor a ser detenidos y deportados

La mayoría de los migrantes centroamericanos que conforman la caravana que salió la mañana de este domingo de Ciudad Hidalgo, se instaló para pernoctar en el Parque Bicentenario en el centro de esta ciudad.

A pesar de que las autoridades le dieron a los migrantes todas la garantías de que en el centro de exposiciones Expo Mesoamericana se les daría albergue temporal, muchos migrantes prefirieron no tomar esta opción.

En su mayoría, los centroamericanos prefirieron quedarse en la plaza pública por temor a que al ingresar en las instalaciones del centro de exposiciones fueran detenidos y eventualmente deportados.

No obstante que aproximadamente al mediodía, el propio comisionado nacional de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, les ofreció la certeza que de que el gobierno no tenía intención alguna de detenerlos y que el albergue temporal de Expo Mesoamericana era totalmente seguro, los migrantes prefirieron no utilizarlo.

Entre las personas que conformaban la caravana, en su mayoría hondureños, se fue fortaleciendo en horas de la tarde el rumor de que serían detenidos si se acercaban al albergue, donde estaba dispuesto el espacio hasta para cinco mil personas, incluyendo alimentos, agua y atención médica, en especial para los niños.

Con todo, persistió en los caminantes la desconfianza hacia las autoridades y por eso en su mayoría decidieron no ingresar al centro de exposiciones y por el contrario dirigirse hacia el centro de la ciudad, en cuya plaza principal se instalaron para pernoctar.

Si bien este sábado las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores informaron en un comunicado conjunto que 620 personas, sobre todo quienes llevaban niños, fueron trasladadas a ese albergue temporal, posteriormente se supo que los migrantes prefirieron pernoctar en la calle, aunque había disposición de las autoridades para atenderlos.

Por la noche se irían incorporando más migrantes al grupo principal, pues el arribo de los extranjeros se dio en oleadas, ante las diferencias en el ritmo para caminar de cada grupo.

Información e imagen: Notimex 

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El funcionario dijo que en los casi tres meses del gobierno de Donald Trump se registran importantes progresos para detener el flujo de inmigrantes ilegales .

Dijo que la frontera con México es el punto de partida de la lucha contra los cárteles del narcotráfico y las pandillas internacionales. Sessions continuará su gira mañana viernes en San Diego.

En un mensaje ante la prensa, el procurador calificó a la frontera como «cabeza de playa» en la lucha contra el tráfico de drogas y la inmigración ilegal.

«A través del fuerte liderazgo del presidente Trump y el secretario (de Seguridad Nacional) John Kelly, ya hemos hecho progresos increíbles y hemos visto el menor número de cruces fronterizos en 17 años», dijo Sessions, con Kelly a su lado.

«Para aquellos que todavía buscan violar nuestras leyes e ingresar ilegalmente al país, permítanme ser muy claro: no vengan, serán detenidos, juzgados y deportados», advirtió.

Sessions dijo que se contratará a más jueces de inmigración hasta incrementar su número en 50 este año y en 75 el próximo año, para tratar de abatir el rezago de unos 542 mil casos pendientes en las cortes de inmigración.

Después del mensaje de Sessions, Kelly respondió preguntas de los reporteros presentes y enfatizó su apoyo a la construcción de un muro fronterizo.

«Es absolutamente esencial que construyamos un muro, pero ese muro tiene que ser combinado con la tecnología», dijo Kelly. «Necesitamos continuar con esta iniciativa para reforzar la frontera suroeste con una barrera», agregó.

Kelly consideró que hasta ahora la retórica más dura del gobierno de Trump sobre la aplicación de la ley de inmigración es mantener bajos los cruces fronterizos ilegales.

«Hay una manera legal de venir a Estados Unidos (…) y eso es lo que necesitamos hacer cumplir», señaló el secretario de Seguridad Nacional.

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La pareja de Fredy, señaló que no contaba con ningún antecedente penal, pero la falta que cometió el pasado 14 de febrero, hizo que fuera retenido en el centro de detención de inmigrantes de Georgia a la espera de ser deportado.

“Lo detuvieron solo por cruzar la calle en un lugar donde no se podía cruzar. No tenía antecedentes, ni ningún delito”, comentó.

“Esta situación nos tiene muy atemorizados. Ya no quiero salir de mi casa, ni abrir cuando alguien toca la puerta”, aseveró la mujer que lleva más de 20 años viviendo en Estados Unidos.

Con información de: Fernanda Familiar.

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Heiko Mass y thomas de Maiziére ministros de Justicia y de Interior acordaron en respuesta al atentado cometido en diciembre en Berlín por el tunecino Anis Amri donde doce personas murieron y varias más resultaron heridas.

El caso Amri no puede volver a repetirse», explicó Maas en referencia a la cadena de fallos que han salido a la luz durante la investigación del atentado, empezando por la situación en Alemania del autor. Amri se hizo con 14 identidades para cobrar más ayuda social, estaba fichado por los servicios secretos y pendiente de ser deportado, lo que no sucedió porque Túnez se negaba a aceptarlo como nacional.

En el futuro, «vamos presionar desde todos los ámbitos políticos para que los países de origen acepten a sus nacionales y eso incluye sanciones a la ayuda al desarrollo», anunció De Maizière y agregó que todos los ministros de Interior de la Unión Europea están de acuerdo en vincular la ayuda al desarrollo con el grado de cooperación de los países de origen.

También para que no se repita un caso como el de Amri, los titulares de Justicia e Interior han coincido en la necesidad de eliminar las trabas que impiden que una persona pendiente de deportación pueda ser retenida en prisión por un máximo de 18 meses. El tunecino tuvo que ser puesto en libertad porque su documentación no llegaba.»Es absurdo que sólo se pueda retener en prisión aquellas personas sobre las que hay un posibilidad real de deportación en un plazo de tres meses», dijo el socialdemócrata Maas, que también dio el visto bueno a restringir la residencia y movimientos a los migrantes que mientan sobre su identidad que pedía su colega de Interior, así como las sanciones.

Para los islamistas considerados «peligrosos» y en esa relación de la Oficina Federal de Protección de la Constitución hay en estos momentos 548, entre ellos 224 extranjeros y 62 pendientes de deportación, los ministros abogan por el uso de una tobillera electrónica que permita tenernos localizados.

«No es un método infalible, pero si muy necesario, pues facilitará el trabajo de las fuerzas de seguridad», afirmó el titular de Justicia, que deberá hacer encaje de bolillos para incluir en la legislación la imposición de ese tipo de tobilleras con carácter «preventivo» a personas que aún siendo consideradas peligrosas no han cometido delito y en consecuencia son inocentes.Maas y De Maizière acordaron también reforzar los programas de prevención, acelerar la puesta en marcha del registro europeo antiterrorista de pasajeros aéreos e impulsar el intercambio de datos entre los países comunitarios, medidas que «aumentará la seguridad de los ciudadanos sin interferir de manera desproporcionada en las libertades» y que según ?De Maizière el Gobierno aprobará en esta legislatura, que concluye en otoño.

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Aunque en el mismo periodo las detenciones en la frontera sur aumentaron 19 por ciento respecto al año fiscal 2015, funcionarios del DHS destacaron que la mayoría de estos inmigrantes no provenían de México como en años anteriores, sino de Guatemala, Honduras y El Salvador.

En general, en el año fiscal 2016 (del primero de octubre de 2015 al 30 de septiembre pasado), el DHS -a través de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)- detuvo a 530 mil 250 personas en el país y realizó 450 mil 954 deportaciones, en contraste con las cifras respectivas de 406 mil 595 y 462 mil 463 realizadas en el año previo.

El secretario del DHS, Jeh Johnson, dijo que estas cifras reflejan el continúo esfuerzo del gobierno del presidente Barack Obama para utilizar los recursos de la dependencia enfocados a la seguridad pública y la seguridad fronteriza.

“Continuamos fortaleciendo la inversión de décadas en la seguridad fronteriza del gobierno federal. Estas inversiones han dado sus frutos. Las aprensiones en la frontera en los últimos años, un fuerte indicador de los intentos totales de cruzar la frontera, son mucho más bajas de lo que solían ser”, dijo.

De acuerdo con datos de la Patrulla Fronteriza, 408 mil 870 personas, un gran porcentaje de ellos niños, fueron detenidos en la frontera suroeste, lo que significó una reducción del 19 por ciento respecto de las 337 mil 117 detenciones del año fiscal 2015.

A nivel nacional, un total de 59 mil 757 niños que viajaban solos y 77 mil 857 familias fueron detenidos en el país, de acuerdo con la Patrulla Fronteriza.

Johnson dijo que la mayoría de las “remociones y devoluciones” -el eufemismo utilizado para aludir a las deportaciones- se alinearon a las prioridades establecidas por la administración Obama, aunque cifras oficiales revelaron que el año pasado la mayoría de los deportados fueron inmigrantes sin antecedentes penales.

aegm.

Notimex

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Ante la posibilidad que millones de migrantes «regresen» a casa, el país perderá unos cuantos miles de millones de dólares como producto de las remesas que cada año solían enviar, algunos es factible que desempleados puedan engrosar a cárteles del narcotráfico y por ende el índice de violencia se pudiera incrementar.

Tornarse campesinos, no parece una interesante alternativa. Al menos un millón de guerrerenses viven en Estados Unidos sin la documentación requerida y el estado se halla bajo el asedio de la violencia del narcotráfico y la pobreza. Guerrero, entonces -dice su gobernador Astudillo- no está en condiciones de recibirlos.

Durante 2015 el envío de remesas se calcula en 25 mil millones de dólares, buena parte de ellos fueron para aliviar parte de su pobreza al aplicar dicho dinero en las necesidades básicas, la amenaza de Trump gravita sobre incautar dichos fondos que aplicaría para pagar el muro fronterizo.

México no puede cubrir 800 mil nuevos empleos para los jóvenes que cada año se integran a la fuerza laboral, mucho menos los de los migrantes que regresan, dijo Alejandra Barrales, presidenta del izquierdista Partido de la Revolución Democrática.

“Creemos que es con la iniciativa privada con quien tenemos que cerrar filas y buscar alternativas, no solamente para recibir a los posibles deportados. Necesitamos generar alternativas para que los 1,2 millones de jóvenes que cada año se suman al mercado laboral tengan alternativas en nuestro país”, afirmó.

El Gobierno federal anunció esta semana un programa de emergencia con el objetivo de alentar a las empresas a que contraten a los migrantes que regresan, pero Armando Osorio, un maestro de la Ciudad de México, duda que eso sea suficiente, dados los pobres antecedentes del gobierno en la creación de empleos.

Para los inmigrantes sin historial delictivo, la espera para que un juez dé la orden final de deportación podría tomar años. Actualmente existen cerca de 521 mil casos pendientes en las cortes migratorias federales, de acuerdo a los datos públicos obtenidos por la Transaction Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

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En su momento el gobierno de México, nada hizo, del total de repatriados el 47 por ciento no tenía ningún antecedente penal. En 2009, su primer año como presidente, expulsó a 391,438 migrantes ilegales, las comunidades latinas en Estados Unidos lo llamaron Barack Obama «El Deportador en Jefe».

De 2009 a julio de 2016, la administración de Obama sacó de su país a dos millones 858 mil 980 personas que no acreditaron su estancia legal en Estados Unidos, 47 por ciento sin antecedentes penales. A la cifra anterior hay que añadirle los deportados entre el 1 de agosto de 2016 y el 20 de enero de 2017, cuando entregue el poder a Trump.

Esto ha sido una constante en cada año de su gobierno. Por ejemplo, de los 391 mil 438 extranjeros que fueron expulsados en 2009 –al inicio del gobierno de Obama–, 259 mil 601 no tenían antecedentes criminales. De acuerdo con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los menores no acompañados, sin una causa de asilo en ese país, se encuentran en la lista de prioridades de deportación desde 2014.

“Obama sí es el presidente de Estados Unidos que más ha deportado, pero también es porque cada vez hay más migrantes”, afirmó el académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Benítez Manaut, quien explicó que a diferencia de presidentes como George Bush padre o Ronald Reagan, cuando la cantidad de indocumentados en ese país no superaba los 4.6 millones, con la administración de Barack Obama la cifra se mantiene en 11.3 millones.

El 2013 fue el año en que más deportaciones se contabilizaron: 435 mil 498, de las cuales 49 por ciento se realizó sin antecedentes penales. Ante esa realidad, las comunidades latinas comenzaron a llamar al presidente estadounidense El Deportador en Jefe.

El 20 de noviembre de 2014, Obama planteó evitar la deportación de 5 millones de indocumentados: padres de ciudadanos y residentes permanentes y los llamados dreamers; sin embargo, los tribunales de justicia frenaron la iniciativa. En el año fiscal 2016 (hasta julio), el ICE tiene estimadas 196 mil 495 personas expulsadas del país, un promedio de 646 deportaciones diarias. Por nacionalidades, esta lista la encabezan mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

Durante su campaña, Donald Trump –ahora presidente electo de Estados Unidos– prometió expulsar a los 11.3 millones de migrantes indocumentados en un plazo de 18 meses.

No obstante, en los últimos días ha “suavizado” su discurso y ahora dice que sólo expulsará a los que tienen antecedentes criminales, “unos dos o tres millones de individuos”, una política similar a la que demostró Barack Obama durante su gobierno.

Para Benítez Manaut, en este momento hay más migrantes centroamericanos que mexicanos sin documentos en Estados Unidos, por lo cual se necesita encontrar medidas entre Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala y Honduras (que forman el triángulo norte de Centroamérica) para controlar la migración, más allá de infundir miedo a través de un discurso antiinmigrantes.

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De acuerdo con cifras del gobierno federal estadunidense difundidas este miércoles por el Proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse, en el año fiscal 2016, que termina el último día de septiembre, las cortes han determinado la deportación de 21 mil 377 mexicanos. Es decir, los jueces han decidido deportar a ciudadanos mexicanos de Estados Unidos en el 52.5 por ciento de los casos que han llegado a sus cortes. La cifra contrasta con los 103 mil 895 mexicanos deportados por cortes de migración en 2009, cuando los jueces decidieron aplicar esta pena en el 79.9 por ciento de los casos que resolvían. Tanto el porcentaje de casos en que los jueces deciden deportar a ciudadanos mexicanos de Estados Unidos, como la cifra de personas deportadas, han bajado de manera consistente en los años recientes, según los análisis de TRAC. En el año fiscal 2011, los jueces decidieron emitir órdenes de deportación en el 86.9 por ciento de los casos de mexicanos que resolvían, lo que causó la expulsión de 90 mil 486 mexicanos.

Mientras, en el año 2012 se dictó la deportación de 71 mil 206 mexicanos; en 2013, la de 50 mil 487; en 2014, la de 40 mil 586; y el año pasado se deportó por decisiones de jueces de migración a 33 mil 370 mexicanos o 52.9 por ciento de los casos. La baja en la deportación de ciudadanos mexicanos, tanto por el porcentaje de casos en que el juez resuelve la remoción como en el número absoluto de deportaciones, es consistente con las tendencias generales de las cortes de migración. De acuerdo con los análisis de TRAC, los jueces de migración están decidiendo la deportación en solo el 42.4 por ciento de los casos en lo que va de este año, el porcentaje más bajo desde 1998. “Este es el segundo año consecutivo en que menos de la mitad de las peticiones de deportación que se procesan nacionalmente por el Departamento de Seguridad Interior (DHS) fueron concedidas por la corte, lo que representa un cambio dramático respecto de hace cinco años”, apuntó TRAC.

En el año fiscal 2011, los jueces dictaban la deportación en 70.2 por ciento de los casos, y desde ese año este porcentaje ha ido en descenso. Además de los mexicanos, que acumulan el mayor número de deportaciones en las corte de migración, las otras nacionalidades con mayor cifra de esta clase de casos han también visto una reducción en la tasa de expulsiones. La órdenes de deportación de ciudadanos de Honduras han bajado del 84.4 al 47.1 por ciento; para los Guatemala han ido del 81.1 al 47 por ciento; para El Salvador, de 68.7 a 33.9 por ciento; y para China, de 29.9 a 16.8 por ciento.

NOTIMEX/JRGA

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