La CNDH  acusa el recibo de casi 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército, en la investigación se advierte que hubo más de 100 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares.

El documento establece que México se ha servido de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, pero en este punto se les «pasó la mano». Durante el gobierno de Peña Nieto han estado implicados en violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.

“El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la guerra contra el narcotráfico en México”, indicó.

En 2014, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que en México “sigue produciéndose un número alarmante” de ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad “sistemática y endémica”.

En agosto de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que policías federales habían ejecutado arbitrariamente a 22 de 42 civiles que murieron en un enfrentamiento en 2015 en Tanhuato, estado de Michoacán.

De acuerdo con el informe, los policías mataron a 13 personas con disparos por la espalda, torturaron a dos detenidos y quemaron vivo a un hombre, y luego, para justificar las muertes, manipularon el lugar de los hechos corriendo cuerpos y colocándoles armas para incriminar a estas personas.

Desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada. En agosto de 2016, el gobierno informó que aún se desconocía el paradero de más de 27 mil personas reportadas como extraviadas desde 2006.

El gobierno federal ha impulsado dos iniciativas potencialmente prometedoras para encontrar a personas cuyo paradero se desconoce, pero estas han tenido resultados limitados y creó una unidad dedicada a la investigación de desapariciones, en 2015 se convirtió en una Fiscalía Especial.

En abril, los responsables de la fiscalía informaron que presentaron cargos en cuatro de 830 de desapariciones que comenzaron a investigar.

En 2015, el Congreso aprobó una reforma constitucional que lo habilita a sancionar leyes generales en materia de desaparición forzada y tortura, mediante las cuales se establecería una definición única a nivel nacional para cada uno de los delitos y se facilitaría su juzgamiento en todo el país.

Con relación a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, solamente uno fue identificado entre los restos que el gobierno afirma que pertenecen a los estudiantes. Y aunque hay más de 100 personas imputadas por su presunta participación en los secuestros y asesinatos,  ninguna ha sido condenada.

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El recalcitrante sheriff antiinmigrante deja en claro el fuerte respaldo de la ciudadanía como de simpatizantes fuera del estado a su persona y a sus polémicas políticas antiinmigrantes.

Registrado por el condado de Maricopa, que abarca el área metropolitana de Phoenix, Arpaio manifestó que esta agradecido con todos los votantes que lo apoyan para un nuevo mandato como sheriff.

El sheriff presentó 10 mil 500 firmas de apoyo ante la Oficina de Registro del condado de Maricopa, que abarca el área metropolitana de Phoenix, aún cuando el mínimo de firmas requeridas para calificar es de tres mil 612.

Arpaio fue electo como sheriff de Maricopa en 1993 y desde entonces se ha destacado por sus duras posiciones antiinmigrantes que le han valido demandas por violación de derechos civiles, que han costado decenas de millones de dólares a los contribuyentes.

Los detractores opinan que es sorprendente que Arpaio espere ganar la reelección a su séptimo mandato, aún cuando un juez está considerando actualmente si el sheriff debe enfrentar cargos penales por burlarse de la ley y la Constitución que se supone que debe defender.

Un juez federal encontró a Joe Arpaio y a tres de sus ayudantes en desacato por violar una orden judicial en un caso de prejuicio racial.

La corte encontró que los acusados han realizado múltiples actos de mala conducta, deshonestidad y mala fe con respecto a la demanda y la protección de los derechos de los demandantes.

Más sorprendente aún es que Arpaio se haya mantenido en su puesto de trabajo tanto tiempo, ya que hay demasiadas personas que han estado dispuestas a votar por un hombre que hizo de los inmigrantes indocumentados un chivo expiatorio, y convirtió en daño colateral a toda la población latina del condado de Maricopa.

Pero los activistas pro-inmigrantes han asegurado que no descansarán hasta que Arpaio reciba su “merecido castigo” por desobedecer las órdenes de un juez de cesar su campaña de acoso contra los inmigrantes.

Arpaio, alguacil del condado más grande Arizona, Maricopa, es conocido por su firme postura contra la inmigración de indocumentados a Estados Unidos y más recientemente por su apoyo al precandidato republicano Donald Trump, de quien ha manifestado que quisiera ser su vicepresidente.

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En una breve declaración, Hollande explicó que el ajuste salarial de los militares se justifica en el aumento de “las dificultades y de los riesgos” de los soldados desplegados en el territorio francés, en el marco del operativo denominado “Sentinelle” (Centinela).

En un desplazamiento a un cuartel de las afueras de París, el jefe de Estado expresó su “gratitud” a los militares de la operación que comenzó el año pasado luego de los atentados del 7 de enero contra la revista Charlie Hebdo, en París, y que acaba de ampliarse luego de los atentados de Niza del pasado 14 de julio.

El operativo militar fue desplegado en lugares considerados “sensibles” por las autoridades como aeropuertos, estaciones de tren, plazas públicas, colegios, así como en distintos lugares de culto de diversas religiones, entre otros, y en eventos recientes como la Eurocopa y el Tour de Francia de ciclismo.

Los militares patrullan estos enclaves, así como monumentos como la Torre Eiffel o la catedral de Notre Dame de París en pequeños grupos, vestidos con traje de camuflaje y armados con fusiles de asalto, en la mayoría de los casos.

Se trata de una “movilización sin igual de las fuerzas de seguridad sobre el territorio francés desde la Quinta República”, fundada en el año 1958, resaltó Hollande.

El presidente no precisó el incremento del salario de los militares que participan en la operación, pero indicó que se producirá pronto.

Sindicatos de cuerpos de fuerzas del orden como la Policía Nacional o la Gendarmería han expresado su «fatiga» por el incremento de su trabajo desde los atentados del año pasado en el país. El gobierno llamó la semana pasada al uso de reservistas para darles descanso.

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